El lunes el Gobierno nacional presentó una denuncia contra una decena de funcionarios de la nefasta gestión de la alianza de derecha Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019. Ayer se realizó el sorteo.
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| Juez en lo penal económico Javier López Biscayart |
El juez en lo penal económico Javier López Biscayart resultó sorteado ayer para intervenir en la denuncia que presentó el lunes el Gobierno nacional contra Miauricio Macri Blanco Villegas y una decena de funcionarios del régimen de Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. El magistrado quedará así a cargo de la causa, junto con la la fiscalía de Claudio Navas Rial.
El sorteo se realizó en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, fuero que interviene en la pesquisa por tratarse de un posible delito de contrabando agravado, informaron fuentes judiciales.
La denuncia, que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, aludió a los delitos de "contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, la calidad de funcionarios públicos, la participación de un funcionario aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación".
La presentación denuncia "el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".
Los funcionarios del Gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue "poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales".
"El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero", se indicó en la presentación.
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.
Esta maniobra habría contado con la participación del hijo bobo de Franco Macri y "Patricia Bullrich (exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la presentación judicial.
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