El magistrado consideró que ambas causas deben tramitar en forma conjunta porque se trata de hechos que guardan “estrecho vínculo” y le remitió el expediente a su colega Marcelo Martínez De Giorgi.
El juez federal Julián Ercolini declaró la conexidad entre el expediente en el que se investiga el espionaje a más de 400 periodistas en el marco de dos cumbres internacionales desarrolladas en Argentina con la megacausa en la que se analizan decenas de maniobras de inteligencia ilegal presuntamente desplegadas sobre dirigentes políticos desde la Agencia Federal de inteligencia (AFI), durante el nefasto régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos.
El magistrado consideró que ambas causas deben tramitar en forma conjunta porque se trata de hechos que guardan “estrecho vínculo” y le remitió el expediente a su colega Marcelo Martínez De Giorgi, quien está a cargo de la megacausa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal que se inició en los juzgados de Lomas de Zamora y este año paso a Inodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires.
“Surge evidente que los hechos denunciados en la presente causa guardan un estrecho vínculo con aquellos puestos en conocimiento en el expediente FLP 5056/2020 -acumulado jurídicamente al FLP 14.149/2020- que actualmente tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 8, Secretaría nro. 16.-", sostuvo Ercolini en el fallo al que accedió Currín.
El magistrado se desprendió del expediente sin resolver los requerimientos que le había formulado la fiscal federal Paloma Ochoa cuando solicitó que sean citados a indagatoria los ex jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por lo que ahora esos planteos deberán ser resueltos por Martínez de Giorgi si acepta la competencia en el caso.
La representante del Ministerio Público Fiscal también había requerido que sean citados a prestar declaración indagatoria el exdirector de Eventos Especiales de la AFI, Carlos Tonelli Banfi, y el exdirector de Contrainteligencia de la central de espías, Martín Coste.
La investigación
Esta causa se inició a partir de una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que en enero de 2020 fueran halladas en una caja fuerte del organismo fichas personales con datos de unos 400 periodistas y académicos que habían querido acreditarse para cubrir o participar de las cumbres internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 desarrolladas en Argentina en 2017 y 2018, respectivamente.
“Tanto la presente causa como el expediente FLP 5056/2020 tuvieron su inicio en denuncias realizadas por la Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz, en su carácter de Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien a partir del relevamiento de la información obrante en dicha repartición pública, en ambas oportunidades, sostuvo la hipótesis de la existencia de producción de inteligencia ilegal sin la debida autorización judicial, la que, en principio y según sus denuncias, habría sido realizada sobre personas de distintos ámbitos sociales, en franca violación a lo previsto en los arts. 4 inc. 2 y 43 ter de la ley 25.520.-", sostuvo Ercolini en su fallo de ayer.
“A lo expuesto, debe añadirse que las mencionadas maniobras de espionaje ilegal en uno y otro expediente habrían sido realizadas durante idéntico período de tiempo (años 2017 y 2018) y que, conforme las denuncias, las mismas habrían sido llevadas a cabo por prácticamente el mismo grupo de personas”, señaló el magistrado.
Esta nueva declaración de conexidad ocurre después de que ayer el juez Sebastián Ramos se desprendiera de otro expediente y declinara su competencia en favor del juzgado a cargo de Martínez de Giorgi.
Ramos lo hizo en relación a la causa en la que se investiga si agentes de la AFI macrifascista estuvieron vinculados a la colocación de un artefacto explosivo en la entrada del edificio en el que viviera el ex funcionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila.
De esta forma, el juzgado federal número 8 quedó ahora ante la posibilidad de investigar de forma conjunta casi todos los expedientes vinculados al espionaje ilegal supuestamente desplegado desde la AFI que encabezaron Arribas y Majdalani, quienes ya están procesados por espionaje ilegal.
Las causas que quedan en manos del juez Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi, si ninguna de las declaraciones de conexidad es rechazadas o revocadas son: el espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las maniobras de inteligencia ilícita sobre personas detenidas en el penal de Ezeiza y sobre dirigentes políticos y sociales, el expediente de las fichas ideológicas sobre periodistas y la causa de la bomba a Vila.
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