En la Casa Rosada no dan demasiados detalles porque existe un pacto de confidencialidad con la compañía farmacéutica estadounidense, pero reina el optimismo para arribar a un acuerdo. Las tratativas están a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra .
“Ahora plantean algo más accesible que lo propuesto inicialmente. Espero que podamos conciliar con Pfizer”. La frase que pronunció el presidente Alberto Fernández en declaraciones a la AM 990 entrega una certeza y algunas dudas. El jefe de Estado dio indicios claros de que la negociación con la poderosa empresa farmacéutica estadounidense para obtener otro proveedor de vacunas contra el coronavirus fue reflotada y que existen acercamientos en las posiciones para arribar a un acuerdo. La incógnita es cuándo podrá concretarse y cuál será la cantidad que se podrá conseguir.
En la Casa de Gobierno comentan para graficar este momento de las tratativas que pasaron de “un paciente casi muerto a uno que sobrevive con un respirador”. Y que los términos de las conversaciones son mucho mejores que cuando todo se frustró a fines de 2020. “Hasta el día de hoy se sigue negociando. Quiero aclarar que no es que dijimos que se terminó. Fundamentalmente porque Pfizer ha sido probada y aprobada en Estados Unidos y en Europa como vacuna pediátrica para niños de hasta 12 años y ese es un tema que nos interesa mucho”, recalcó el presidente en la misma entrevista.
Existe mucha cautela en los pasillos de la Rosada para que no existan filtraciones que arruinen lo que está en marcha. Es necesario con la segunda ola del Covid-19 azotando con dureza a la Argentina aumentar el ritmo de la vacunación y también reconoce el oficialismo que uno de los reclamos más enfáticos de la oposición se basó en el contrato fallido con Pfizer. Suscribir este acuerdo aportaría soluciones en ambos sentidos: inmunizar a mayor parte de la población y desactivar uno de los principales argumentos de los rivales políticos en un año electoral.
Ahora al frente de las negociaciones quedó la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. En sus oficinas de la Rosada reina el hermetismo. Alberto Fernández reconoció al hablar ayer a la mañana que “yo trato de ser cuidadoso porque tenemos un contrato de confidencialidad”. Ese acuerdo de confidencialidad o NDA (por su sigla en inglés Non Disclosure Agreement) que ya se firmó en ocasión de otros convenios por vacunas impide conocer más detalles. “La verdad es que esperan cosas que un presidente seriamente no puede comprometer. Hicimos una ley para atender sus pedidos, pero tampoco les alcanzó. Terminaron pidiendo garantías que hicieron imposible el acuerdo”, agregó el mandatario.
La ley a la que se refiere es la 27.491 que fue publicada en Boletín Oficial el 6 de noviembre. Se sancionó por unanimidad en las dos cámaras legislativas. Argentina suscribió contratos con el Fondo de Inversión Ruso por los 30 millones de dosis de la Sputnik V, con AstraZeneca-Oxford por 22,4 millones de dosis, con Sinopharm de China por 4 millones y otro con el Serum Institute de India por 1.160.000 de la marca Covishield. Pero nunca acordó con Pfizer.
Con la intención de echar más luz sobre aquella posibilidad frustrada, Fernández recordó que “la primera vacuna que nosotros autorizamos fue la de Pfizer, ¿lo hicimos para no contratarlos? No, lo hicimos porque estábamos convencidos, haciendo Pfizer los estudios clínicos en Argentina. Íbamos a firmar un contrato pero cuando empezamos a analizarlos los pedidos que Pfizer nos hizo fueron realmente singulares”. Otro punto que ahora el Gobierno explicitó es que Pfizer frenó la firma de nuevos compromisos porque primero debía satisfacer al mercado de Estados Unidos.
Vilma Ibarra está ahora a cargo de las negociaciones |
Mientras el Gobierno avanza con Pfizer, un grupo de diputados de la alianza opositora de ultraderecha Juntos por el Cambio presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para crear una Comisión Especial Investigadora del proceso de contratación entre el Gobierno argentino y el laboratorio estadounidense.
“El objetivo es esclarecer los motivos de la frustrada negociación que ha tenido el gobierno nacional con el laboratorio. Es necesario llegar al fondo de la cuestión, establecer las verdaderas causas y despejar las sospechas. Hasta ahora las justificaciones del Gobierno resultan insuficientes y más parecen excusas”, explicó el diputado mendocino Luis Petri, autor del proyecto, a quien acompañan con su firma otros 14 legisladores de la Cámara baja.
La Comisión debería formarse para poder “requerir información o documentación al Ministerio de Salud, la ANMAT y todo organismo pertinente, que deberá ser suministrada con carácter de urgente y de manera prioritaria; Ordenar la citación de funcionarios públicos y representantes del laboratorio Pfizer y todo tercero interviniente en la negociación para la adquisición y contratación de la vacuna con el Estado nacional; Solicitar a organismos públicos nacionales y/o provinciales, universidades e instituciones científicas u organismos internacionales, peritajes y/o estudios científicos, jurídicos y/o contables relacionados con el objeto de la investigación; Denunciar penalmente ante todo hecho u omisión, surgido de la investigación, que pudiera constituir delito”.
Según la oposición, esa Comisión Especial Investigadora Pfizer concluiría su tarea con un Informe Final, dando cuenta de las causas y/o motivos por los cuales se frustró la contratación y adquisición de vacunas por el Gobierno nacional con el mencionado laboratorio. Dicho informe sería obligatoriamente público.
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