El fiscal federal Ramiro González dictaminó desestimar todas las denuncias presentadas contra el jefe de Gobierno porteño, por presunta violación a medidas para contener la pandemia de coronavirus al raíz de su decisión de mantener las clases presenciales.
El fiscal federal Ramiro González dictaminó ayer desestimar todas las denuncias presentadas contra el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larrata, por presunta violación a medidas para contener la pandemia de coronavirus al raíz de su decisión de mantener las clases presenciales.
"En legal tiempo y forma vengo a solicitar la desestimación de las presentes actuaciones", pidió el fiscal en un dictamen entregado a la jueza federal María Servini, quien tendrá que resolver al respecto, según el texto al que tuvo acceso Currín.
González solicitó a la jueza que, "de compartir el criterio aquí expuesto, se desestime la presente denuncia" porque "no se advierte ningún hecho con relevancia penal que permita a esta parte promover la acción para poder así empezar con una investigación criminal".
Con similar argumento al utilizado en otro dictamen en el que pidió también desestimar por inexistencia de delito una denuncia por el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada, el fiscal cuestionó la "judicialización de la política".
En el dictamen, González sostuvo que "no debe soslayarse que, de los hechos puestos en conocimiento, de ningún modo se vislumbra un alzamiento público por parte de los denunciados sino que más bien nos hallamos ante la mera descripción de planteos -por las vías institucionales correspondientes a todo estado democrático- efectuados por los nombrados relacionados con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DNU 241/2021".
El fiscal remarcó que el conflicto por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires estaba por ser resuelto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente en un fallo dado a conocer ayer se pronunció en favor del régimen porteño.
"Debe considerarse que la cuestión actualmente se encuentra en manos de nuestro más alto tribunal de Justicia, quien tiene en definitiva la tarea de poner un punto final al conflicto aquí suscitado", remarcó.
Ante ello, "entrar en consideraciones acerca de los temperamentos adoptados por los diferentes magistrados que hasta el momento han intervenido, no sólo no corresponde a esta instancia sino que, además, supondría inmiscuirse en cuestiones que resultan ser de exclusiva competencia de nuestra Corte".
"Pretender que esta instancia evalúe cuál de las resoluciones debe acatar el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" para evaluar si hubo algún delito "no sólo resulta impertinente, sino que además atentaría contra la eficaz solución de un conflicto", agregó.
Paralelamente, el fiscal consideró que "resulta imperioso extraer testimonios de los actuados, en relación con la resolución dictada por la Sala IV de la Cámara Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo, y sean remitidos al titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para que en el marco de sus competencias materiales, determine la pertinencia de iniciar una investigación por algún otro delito o contravención que surja de estos hechos".
González tiene delegada la investigación de la primera denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras, a la que se declararon conexas todas las posteriores sorteadas en los tribunales federales de Retiro y que fueron remitiendo desde diferentes juzgados.
Además de Rodríguez Larrata, están denunciados otros de sus funcionarios en la CABA como el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli y Carolina Stanley.
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