Una jueza del Chaco hizo lugar a una cautelar y ordenó suspender en la provincia la ley de interrupción voluntaria del embarazo

La jueza Marta Aucar de Trotti dispuso la suspensión de la IVE en todo el territorio chaqueño.

El Juzgado Civil y Comercial N°19 de la provincia de Chaco, a cargo de la jueza Marta Aucar de Trotti, dispuso ayer la suspensión de la aplicación de la ley 27.610 que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el territorio provincial. La resolución fue tomada luego de una medida cautelar encabezada por Hilda Beatriz Dellamea y otros activistas del movimiento Fasta.

Estas personas señalaron que el Artículo 15, Inciso 1 de la Constitución de la provincia garantiza el derecho "a la vida y a la libertad, desde la concepción". Sin dudas, este es uno de los grandes argumentos que llevaron adelante los diputados y senadores que se mostraron en contra del aborto legal durante las distintas sesiones que se llevaron adelante en el Congreso de la Nación hace ya casi un mes.

A su vez entienden que la ley es inconstitucional e inaplicable en la provincia, justamente por ser contraria a la Constitución, normas y tratados internacionales. La jueza hizo lugar a la suspensión de la aplicación de la IVE en Chaco como medida cautelar hasta se resuelva la situación. ¿Cómo será posible? Analizando si esta norma nacional es violatoria de la Constitución provincial.

La jueza Aucar de Trotti entendió que se cumplen los requisitos para la medida por el derecho invocado y por el peligro de que ese derecho "se frustre". 

"A la luz del planteo invocado, prima facie, corresponde receptar el pedido invocado y con relación a la Ley 27160, ante la restante normativa mencionada y también plenamente vigente, a fin de evitar resultados contradictorios en su aplicación, con afectación a quienes van dirigidas las mismas, hasta tanto recaiga sentencia en el juicio principal de amparo", escribió.

Quienes firmaron el pedido de suspensión de la ley son Hilda Beatriz Della mea, Cristina Araceli Chemes, Clelia Mirtha Avila, Fernando Enrique Guirado, Gabriela Monzón y Claudia Mariel Medina. La jueza notificó de su decisión al Gobierno provincial.