Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego abordarán de forma coordinada las negociaciones con acreedores privados bajo ley extranjera.
Las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja y Tierra del Fuego acordaron ayer trabajar en forrma coordinada y reafirmaron su compromiso para avanzar en la restauración de la sostenibilidad de las deudas provinciales con acreedores privados bajo ley extranjera.
El acuerdo fue concretado por los ministros de Economía y Finanzas de esas provincias, según un comunicado de la cartera bonaerense, que destacó la labor realizada por el Gobierno nacional “en la reestructuración de la deuda argentina”.
Los funcionarios resaltaron “la relevancia de mantener un adecuado flujo de comunicación y coordinación sobre los avances en los distintos procesos individuales” y rechazaron “el uso de herramientas de presión de carácter judicial para forzar soluciones insostenibles, afectando los principios de buena fe que deberían primar en toda negociación”.
Además, “confían en que los procesos consensuales permitirán reestablecer la sostenibilidad de la deuda a partir de negociaciones constructivas entre las partes, basadas en las realidades provinciales y sus respectivas capacidades de pago”.
Según el comunicado, los ministros acordaron trabajar coordinadamente implementando lineamientos, como “restaurar la sostenibilidad de la deuda en el marco de procesos ordenados, promoviendo acuerdos que resulten sostenibles en el mediano y largo plazo”.
También acordaron “trabajar cooperativamente, brindándose apoyo mutuo según las necesidades de cada provincia; sostener un diálogo transparente y de buena fe con los distintos grupos de bonistas y alcanzar compromisos adecuados que brinden tratamiento equitativo entre acreedores, en función de las particularidades de cada provincia”.
Además, se comprometieron a “evitar acuerdos que puedan acarrear beneficios individuales de corto plazo poniendo en riesgo la sostenibilidad del agregado provincial y con ello el interés del conjunto de los acreedores e incorporar en el análisis de sostenibilidad las implicancias del contexto macroeconómico y la disponibilidad de divisas para evaluar las posibilidades de pago de los servicios de deuda resultantes”, entre otros puntos.
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