El vencimiento del decreto que prohíbe desalojos y congela precios de alquileres preocupa a organizaciones sociales, así como a inquilinos formales e informales. Reclaman su extensión y ampliación para evitar una “catástrofe habitacional”.
La segunda ola de coronavirus no es la única ola que preocupa. En medio de la pandemia y la crisis económica, organizaciones sociales advierten que podría darse una “ola de desalojos” a partir de febrero si no se extiende el decreto 766, que prohíbe desalojos y congela el precio de los alquileres. Está vigente hasta el 31 de enero.
“Hablamos de ola de desalojos porque todos los que se están congelando ya no tendrían ningún tipo de plafón legal para ser frenados (cuando venza el decreto). Y es una maldita casualidad que justo cuando vence el DNU se levanta la feria judicial. En varios casos ya dijeron que estaba todo listo: que cuando termine DNU lanzan el desalojo”, alertó Gigi Krein, referenta de la campaña #ProhibidoDesalojar y de las Consejerías de Vivienda.
Junto a organizaciones como Marabunta, MTL Rebelde, Proyecto 7, APDH CABA, Acción personas en situación de calle, Vecines del Hotel Costa Azul, Vecines de Casa Suipacha, Vecines del Bajo Flores y otros hoteles, pensiones, villas y casas colectivas de la CABA, reclaman que se prorrogue el decreto hasta fin de año. “Entendemos que el DNU no es una salida de fondo, pero pedimos hasta 31 de diciembre de este año para tener tiempo para pensar una ley de emergencia habitacional a nivel nacional”, plantea Krein.
Las medidas para visibilizar el reclamo comenzaron el último fin de semana y el plan es incrementarlas de forma escalonada. Por lo pronto, pidieron reuniones con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Maquieyra.
El objetivo es lograr tanto la extensión del decreto como su ampliación, para que abarque también a quienes tienen un techo de forma precaria. “La situación de les informales es muy difícil de hacerla entrar en el DNU. Sería una buena señal del Ejecutivo tomar la ampliación del universo inquilino, no tiene medidas concretas para personas en situación de calle”, señaló Krein en relación también a quienes viven en hoteles, pensiones y villas.
La referenta habló además sobre la necesidad de que se controle el cumplimiento del decreto -sobre todo en la ciudad de Buenos Aires- ya que incluso durante su vigencia se producen desalojos o amenazas que vulneran los derechos sobre todo de “inquilines precarizades”. Por caso, recordó que parte importante de quienes protagonizaron la toma de tierras en Guernica habían sido desalojados pese a la existencia del DNU 320, antecesor del 766.
El pedido apunta también a que la extensión se resuelva cuanto antes. El decreto anterior, el 320, fue prorrogado sólo dos días antes de su fecha de caducidad. “La consecuencia fue la expulsión de muchas personas y familias de sus viviendas, así como un alto nivel de angustia e incertidumbre en miles de personas, dinámica que no estamos dispuestes a ver que se repita”, advirtieron las organizaciones mediante un comunicado. “Hoy nos llaman las familias y les decimos por las dudas tenés 19 días para buscar algo. Un montón fueron desalojados porque decían ‘quedan dos días’” hasta que finalmente se prorrogó el decreto anterior, contó Krein.
Los primeros días de enero, el reclamo por la extensión del decreto le llegó también al presidente Alberto Fernández mediante una carta enviada por la Federación de Inquilinos. “La importancia de anunciar esta medida con prontitud está directamente relacionada con la angustia que padecen quienes no saben qué pasará con sus viviendas cuando, dentro de un mes, venza la vigencia del DNU”, señala el texto, firmado además por Juan Grabois (MTE), Pablo Moyano (Camioneros), Hugo Yasky (CTA), Daniel Yofra (Federación Aceitera), Nacho Levy (La Garganta Poderosa), Roberto Baradel (Suteba), Daniel Catalano (ATE), el CELS, entre otros. En la carta, advirtieron que de no prorrogarse el decreto se producirá una “catástrofe habitacional”.
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