La muerte se produjo tras casi un mes de internación por covid-19 y a raíz de distintas complicaciones. Tenía que explicar ante la Justicia y la fuerza por qué sostuvo que el fiscal fue asesinado.
En la madrugada de ayer falleció en el Hospital Militar el comandante general Orlando Caballero, director de Criminalística de la Gendarmería Nacional y uno de los principales responsables del peritaje que armó la fuerza para sostener que Alberto Nisman fue asesinado. La muerte se produjo tras casi un mes de internación por covid-19 y a raíz de distintas complicaciones.
El trabajo que encabezó Caballero sobre Nisman contradijo todos los estudios anteriores, incluyendo los que hizo el Cuerpo Médico Forense (CMF), el organismo que incluye a los mayores especialistas del país en autopsias, y una junta de criminalistas que sostuvo que “al momento del disparo no había ninguna otra persona en el baño”. El Gobierno actual, en el marco de una revisión de las metodologías, tiene bajo la lupa aquel peritaje y está trabajando con científicos de primer nivel en el análisis de lo que se hizo. Se supone que pronto se conocerán los resultados.
El fallecimiento de Caballero impide uno de los pasos claves de la causa Nisman, que fue escandalosamente esquivado por el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini: convocar a los peritos de la Gendarmería a que declaren en el expediente como testigos, bajo juramento. Esto, que es habitual en todos los expedientes, fue reiteradamente pedido por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, los abogados del técnico informático Diego Lagomarsino. Lo que sucede es que una cosa era firmar un peritaje a pedido del nefasto régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos y manejado en Inodoro Py, pero otra cosa muy distinta es sostener el estudio bajo juramento y sentar las bases para una acusación por falso testimonio agravado en causa penal, con el riesgo de diez años de prisión.
Por supuesto que el dúo Taiano-Ercolini esquivó también la convocatoria a una junta de todos los especialistas que intervinieron para que debatan las conclusiones: los de Gendarmería, los del Cuerpo Médico Forense -dependiente de la Corte Suprema-, los de la Policía Federal, que trabajaron en el baño convocados por la fiscal Viviana Fein y los peritos de cada parte. Es que los gendarmes no hubieran podido sostener sus conclusiones ante forenses que, por ejemplo, hacen 3 mil autopsias por año, mientras que los de la fuerza verde no hacen ninguna. También estuvo la diferencia de que los miembros del Cuerpo Médico analizaron el cuerpo en la autopsia, mientras que los gendarmes sólo vieron fotos.
El resultado es que, de manera insólita, conviven en el expediente estudios que se contradicen totalmente. La Gendarmería afirma que había tres personas en el baño; la Federal sostiene que Nisman estaba solo; la Gendarmería concluyó que al fiscal le suministraron una droga, ketamina, le pegaron una paliza y le fracturaron la nariz, mientras que el CMF dice que en las vísceras de Nisman no se encontró ninguna sustancia, que no recibió golpes y que "no hay evidencia médico-legal que indique que se haya tratado de un acto homicida".
Desde ya que uno los puntos imposibles de sostener por la Gendarmería es que Nisman murió a las 2.46 de la madrugada del 18 de enero de 2015. Se trata del único peritaje del mundo que puntualiza exactamente el minuto de una muerte, algo que no resiste el menor análisis y que no tiene antecedentes en ninguna autopsia o peritaje de ningún país.
Más allá de los estudios científicos, se aproxima el sexto aniversario de la muerte de Nisman sin que la causa se haya podido mover un milímetro: se supone que al fiscal lo mató un comando, pero no se pudo identificar hasta el momento a nadie que haya entrado al edificio, cómo se pudo ingresar a un departamento que estaba cerrado por dentro y menos todavía a un baño en que el cuerpo quedó apoyado contra la puerta y casi no permitía abrirla.
La muerte de Caballero impedirá igualmente que defienda el estudio dentro de la Gendarmería. Lo hizo en el documental sobre Nisman que produjo para Netflix el británico Justin Webster, pero ahora el peritaje está sometido a una revisión interna que dispusieron el presidente Alberto Fernández y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. El aspecto principal tiene que ver con la forma en la que se hizo el estudio, los protocolos que siguieron, el rigor científico. Están participando especialistas de instituciones de máximo prestigio y se dice que también podría haber una opinión internacional. Por ahora, todo se hace con bajo perfil y no se sabe cuándo estarán las conclusiones.
Fuente: nota de Rapul Kollmann para Página/12
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