Eduardo Farah pidió volver a Inodoro Py tras el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de los jueces okupas

Lo formalizó en una nota al Consejo de la Magistratura que ahora deberá tratar la cuestión. Su regreso a Inodoro Py cambia la variable del concurso que ya estaba en marcha.

El juez Eduardo Farah solicitó ayer al Consejo de la Magistratura volver a la Cámara Federal de Inodoro Py. Lo planteó como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que la semana pasada limitó los traslados. Ahora, el Consejo deberá tratar este planteo y, según se especula, podría ser este mismo jueves (pero no está definido) cuando se busque avanzar en el llamado a concurso de los cargos que hoy ocupan los trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Según confirmaron fuentes judiciales, la comisión de Selección se reunirá este jueves a las 13 horas. Allí está previsto tratar el punto 17: “La apertura de nuevos concursos y la readecuación de los concursos en trámite de conformidad a los resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos ‘Bertuzzi Pablo Daniel y otro c/PJN y otro s/amparo Ley 16.986’”.

La situación de Farah es distinta de la del resto de los trasladados. Él quiere volver a su lugar de origen, donde fue nombrado como juez y del que se fue bajo fuego del régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas. Eso abre un capítulo inédito sobre cómo debe definirse la situación. “La Corte declaró inconstitucional nuestro régimen de traslados, por lo que tendremos que discutir cómo resolverlo”, dijo uno de los integrantes del Consejo. Puede ser una resolución del organismo devolviendo a Farah a la Cámara Federal o una resolución recomendándole al Poder Ejecutivo que dictó un decreto con el nuevo-viejo destino del juez. Con la noticia hoy recordaban en Inodoro Py que el despacho del segundo piso que Farah dejó en 2018 está como cuando se fue ya que nadie lo usó.

Lo que está claro es que con el regreso inminente de Farah a la Sala II de la Cámara Federal, solo habrá un cargo a ocupar en el concurso que estaba en marcha para acompañar a Martín Irurzun en ese tribunal y en donde se especuló que el oficialismo podría llegar a tener cuatro plazas de seis para llenar en el tribunal de alzada que marca el rumbo de las causas de corrupción que se radican en los tribunales de Retiro. Ese escenario cambió radicalmente luego del fallo que dictó la Corte Suprema la semana pasada cuando dijo que los traslados no eran nombramientos.

Una de las variables que comenzaron a sonar en algunos despachos del Consejo es la posibilidad de demorar la definición del concurso de la Sala II, por la única vacante que queda en juego, para definirla junto al concurso que se abra por la Sala I. Eso les daría más margen de maniobra al oficialismo y a la oposición para acordar los nombres de los candidatos, revelaron las fuentes consultadas.

La semana pasada, el presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones dijo que el concurso para cubrir las dos vacantes que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi debería durar seis meses. Lo planteó en términos de desafío, teniendo en cuanta que –según plasmó en el fallo la mayoría de la Corte– un concurso en promedio demora tres años y medio. No obstante, el único ocupante de la Cámara Federal, Mariano Llorens, tardó diez años en ser nombrado por concurso.

La Cámara Federal es un tribunal clave para el poder político y económico. Por ahí pasan todas las causas de corrupción y se definen procesamientos, detenciones, absoluciones, libertades, quién va y quién no a juicio oral. Tiene seis cargos repartidos en dos salas. Por los vaivenes de la política y lo quirúrgico de las designaciones de sus integrantes, la Cámara está incompleta hace 14 años, desde 2006.

En una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura Alberto Lugones, Farah explicó que su planteo estaba motivado en que la Corte “juzgó de modo irrecurrible” que los traslados “no satisfacen los recaudos de un nombramiento acorde a lo dispuesto por la Constitución” pero también, dijo, “en mi decisión personal de no postergar más tiempo la definición de mi situación funcional, en orden a lo cual anticipo que no habré de presentarme a futuros concursos”.

El camarista agregó “para su conocimiento” las razones que motivaron su pedido de traslado primero al Tribunal Oral Penal Económico 1 y después al Tribunal Oral Federal de San Martín. Y que fueron detalladas en la audiencia ante el Senado de mediados de septiembre cuando explicó cómo había sido cuestionado por el fallo que firmó diciendo que Cristóbal López y Fabián de Sousa debían ser liberados porque en la causa Oil Combustible debía juzgarse una evasión y no una defraudación al Estado.

Precisamente, Farah fue uno de los jueces cuyos traslados el oficialismo criticó en el Consejo de la Magistratura. Fue entonces cuando Farah le explicó al Senado las circunstancias de su cambio de tribunal en 2018 y dijo que lo hizo tras ser víctima de un “ataque virulento e injusto”.

En aquel momento, el juez Julián Ercolini había procesado y detenido a López y a De Sousa. Cuando el caso llegó a la Cámara Federal y, al cambiar la calificación, liberó momentáneamente a los dueños de C5N, funcionarios del régimen macrifascista salieron a criticarlo. “Me indignó el fallo que favoreció a Cristóbal López”, declaró el hijo bobo de Franco Macri. Por esa resolución, Farah fue denunciado por abuso de autoridad, prevaricato y por el presunto cobro de sobornos para dictarlo cohecho. La Corte Suprema también presentó una denuncia ante el Consejo para que se determine si hubo alguna irregularidad en el modo en el que integró la sala para resolver el caso. Ballestero renunció a su cargo.

En esa explicación, Farah relató en su nota que durante dos meses los medios de comunicación informaron sobre el tema “poniéndose no solo en tela de juicio los fundamentos jurídicos de la decisión sino también mi honestidad”. 

“Las llamadas ‘redes sociales’ no se mantuvieron ajenas al asunto y mi nombre circuló por todas ellas con referencia aquí irreproducibles, llegando a recibir en mi teléfono celular (a través de Messenger y Whatsapp) mensajes ofensivos e insultos de todo tipo provenientes de personas desconocidas en sintonía con las descalificaciones efectuadas en los medios de comunicación”, agregó, y criticó a la Asociación de Magistrados porque “guardó el más absoluto silencio en relación con mi persona” cuando, dijo, tiene una “histórica posición en defensa pública del respeto a la dignidad de quienes desempeñamos esta función”.

A fines de 2019, tanto Farah como Ballestero fueron sobreseídos en la causa que investigaba si recibieron sobornos tras un fallo sobre Oil Combustibles.

La discusión que se viene

El jueves al mediodía se reunirá la Comisión de Selección del Consejo que preside la diputada peronista Graciela Camaño. El tema destacado serán los traslados de jueces. No hay dudas de que en base al fallo de la Corte Suprema el Consejo llamará a concurso para cubrir los lugares de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal, donde continuarán hasta que se designen a los nuevos magistrados. Pero ¿qué pasará con el resto de los magistrados trasladados?

La Corte dijo que todos los jueces trasladados son transitorios y que sus cargos deben llamarse a concurso. No hay todavía un número oficial pero se estima que podrían ser 71. El diputado del PRO Pablo Tonelli, integrante del Consejo, pidió que se haga el listado. Tonelli sostiene que se debe llamar a todos los concursos. Pero el oficialismo tiene otra postura.

Entiende que hay algunos traslados que no justifican un nuevo concurso. Son aquellos que, por ejemplo, se dieron entre salas de un mismo tribunal. El juez que pasó de la Sala A a la B de la Cámara Civil, por ejemplo. Analizan que el fallo de la Corte apuntó a aquellos traslados que, como los de Bruglia y Bertuzzi, habían transgredido normas de competencia y jurisdicción. Por eso entienden que se deben abrir los concursos para los jueces objetados inicialmente por el Consejo y algunos más como los casos de Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, y Ricardo Basílico, del Tribunal Oral Federal 1 de Inodoro Py, que tiene el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el caso de dólar futuro.