La Alameda presentó una denuncia judicial porque “decenas de personas se encontraron como falsos aportantes” a la campaña encabezada por Carrió. También pedirá que se investigue a 300 funcionarios que habrían desviado fondos públicos con el mismo fin.
Y un día las denuncias por los aportes truchos en la campaña de la alianza de derecha Cambiemos llegaron a la ciudad de Buenos Aires. “Decenas de personas se encontraron como falsos aportantes. Y muchos son empleados del propio gobierno porteño que fueron usados para encubrir miles de pesos que no pueden justificar su origen”, señaló Tamara Rosenberg, fundadora de la organización La Alameda, horas antes de presentar en nombre de la entidad una denuncia ante la Justicia por irregularidades en el financiamiento de la lista oficialista que encabezaron Elisa Carrió y Carmen Polledo. El escándalo se suma al desatado en la provincia de Buenos Aires y que envuelve a la gobernadora fascista María Eugenia Vidal.
“Vamos a denunciar que el mecanismo de ocultar del dinero se usa a través de la propia burocracia del Estado, donde existen casos de funcionarios que terminan aportando ochenta mil pesos de su salario”, explicó Rosenberg, que ayer presentó una ampliación de denuncia “por irregularidades en la campaña electoral de Vamos Juntos 2017, como por la campaña presidencial 2015 y más casos de falsos aportantes de Cambiemos provincia de Buenos Aires”, según informó la Alameda.
“Los trabajadores municipales nos advirtieron que (los funcionarios) encubrieron los aportes a través de la planta política, subsecretarios y directores de los ministerios del gobierno porteño y nos encontramos con que decenas de ellos figuran con montos muy elevados de aportantes a la campaña local, como bonaerense y nacional de Cambiemos”, indicó la dirigente, señalando hacia dónde apunta la denuncia.
Una investigación periodística de El Destape reveló la forma en la que el partido del Mugrizio Macri Blanco Villegas financió de manera ilegal la campaña de las elecciones legislativas de 2017 en la provincia de Buenos Aires y también la presidencial de 2015. Cientos de beneficiarios de planes sociales, jubilados, pensionados e incluso candidatos de Cambiemos aparecían como aportantes de dinero en efectivo, cuando en realidad no habían donado dinero. El escándalo hasta ahora había quedado enfocado en Vidal y había forzado el despido de Fernanda Inza, a cargo de la Contaduría General bonaerense, por su rol como tesorera del partido del PRO durante la campaña electoral.
Ahora el escándalo salpicó al oficialismo porteño. “Más de cuatro millones de pesos de los impuestos de los porteños fueron a parar a la campaña de Vamos Juntos a través de empleados y funcionarios políticos. Mientras que sumando los aportes de la campaña presidencial y bonaerense la cifra se duplica, lo que supera el monto de ocho millones de pesos”, señalaron los dirigentes de La Alameda, en referencia a la alianza que la diputada Carrió impulsó en la Capital.
La organización señaló que “una de las hipótesis de la investigación es que los funcionarios políticos (subsecretarios o directivos) hacen gastos con su tarjeta de crédito personal al partido y luego el retorno es en efectivo para cubrir la ‘donación’ o ‘aporte’”, según anticiparon.
En el escrito judicial los abogados plantearon que “al momento de esta presentación, las personas que se comunicaron para informar que son víctimas de este delito” correspondían a supuestos aportes por 1.140.600 de pesos en la ciudad de Buenos Aires. A su vez, indicaron que “muchos de estos ciudadanos víctimas, son empleados de diferentes dependencias del Estado, a nivel nacional, provincial y municipal. Es por esto, y ante el pedido de las víctimas, que le solicitamos al Señor Juez, mantenga a resguardo la identidad de estos ciudadanos”, porque “manifiestan temor ante una posible pérdida de la fuente de trabajo”.
Anteanoche, en El Destape se informó que funcionarios estatales que responden al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrata, fueron beneficiados en 2017 con un incremento por única vez de unidades retributivas que en igual cantidad figuraron luego como aportes a la campaña de Carrió. Se trata de al menos trescientos empleados que figuran en un listado en el que reciben el dinero y aparecen en el listado de donantes de fondos con cifras que en algunos casos igualan a su salario.
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