Los técnicos oficiales creen que el 6,6% registrado en febrero es un “piso” para el resultado de marzo, pero creen que se moderará en los próximos meses; qué alternativas cambiarias se analizaron y se descartaron en el BCRA y Economía.
El Ministerio de Economía prevé que la inflación ronde entre el 6,5 y el 7% este mes y apuesta a que se estacione cerca del 5% en abril.
Fuentes del equipo económico indicaron que el resultado final del índice de precios al consumidor (IPC) dependerá de la evolución de los últimos días del precio de la carne, que influyó en el 6,6% registrado en febrero. En este sentido, afirmaron que ese 6,6% es el “piso” para marzo, un mes estacionalmente alto en términos inflacionarios. Con una inflación en torno del 7%, la suba de precios del último año habrá rozado el 103% en los últimos 12 meses.
Los técnicos oficiales creen que la carne, que había registrado una caída durante la sequía, ya hizo su “catch up” y, por lo tanto, ya no subiría más de valor, luego del 21% de febrero.
Con los números fiscales complicados –en el primer bimestre se consumió casi toda la meta con el FMI del trimestre- la apuesta es a tratar de contener un salto mayor de los precios vía tasas de interés del Banco Central. En particular, la intención es evitar una mayor dolarización de las carteras.
La idea de un desdoblamiento “clásico”, con un dólar comercial y otro financiero, por ahora no es una opción. Se analizó en Economía meses atrás y se descartó porque se cree que, aunque genere un alivio de corto plazo en materia de divisas, si no se acompaña con medidas globales terminará generando un efecto inverso al deseado. El recuerdo del desastroso final del Plan Primavera de fines de los 80, pese al paso del tiempo, todavía está demasiado presente entre los economistas.
La solución deseada por las autoridades sería apelar a más crédito externo y por eso se aceleraron las gestiones entre los bancos regionales para fortalecer las alicaídas reservas del BCRA. La solución óptima sería lograr desembolsos netos del FMI, argumentando que la Argentina experimenta un shock transitorio por la impactante sequía, que al menos duplica la registrada en 2018 durante el régimen de Miauricio Macri.
Pero no parece un escenario factible desde el punto de vista político en un año electoral, con perspectivas inciertas para el oficialismo.
¿Habría chances desde Washington de lograrlo? El ex representante de la Argentina ante el Fondo Héctor Torres explicó a Infobae que “una posibilidad es la llamada Rapid Financing Instrument, utilizado para asistencia de emergencia: shocks de precios de los productos básicos, desastres naturales, situaciones de conflicto y posconflicto”.
“Está disponible para todos los países miembros; no tiene condicionalidad, pero requiere acciones previas si los países no ofrecen suficientes salvaguardias” para tener mayores garantías de repago”, explicó Torres. Esta línea, aclaró, es adicional al actual crédito de facilidades extendidas que firmó Macri y renovó Alberto Fernández.
Otros, como el ex viceministro Emanuel Álvarez Agis, sostienen lo contrario. “De la misma manera que creíamos que el acuerdo con el organismo debería haber tenido lugar en 2021, hoy creemos que un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles no sólo económicas sino tal vez también políticas”, escribió el número dos de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía.
“Hacen falta dólares y no parece que el FMI quiera actuar según su tradicional mandato de evitar crisis de balance de pagos que puedan tener efectos de contagio. En todo caso, es cierto que el único incumplimiento de relevancia que Argentina podría tener en 2023 sería con el propio FMI. Tal vez es hora de evaluarlo”, afirmó. Pese a haber generado una catarata de suspicacias políticas por el momento elegido para difundir el informe, Agis afirma que sólo se limitó a mirar los números de la economía actual.
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