De las 43 medidas que pidieron los abogados de la vicepresidenta solo fueron aceptadas 8. Los vínculos con Revolución Federal, el financiamiento empresario y la ligazón con un sector de Juntos por el Cambio, en la nada. Las 4 claves del piquete en Inodoro Py.
Cristina Fernández de Kirchner dijo el viernes en Pilar que está pesimista, que la Justicia no va a investigar nada, que la quieren de acusada, no de víctima. La realidad, al menos por ahora, le da toda la razón.
Sus abogados, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal le propusieron a la jueza María Eugenia Capuchetti, en estos dos meses y cinco días, 43 medidas de prueba. La magistrada contestó en 32 oportunidades con un téngase presente u optó por no contestar. Es decir, no dispuso las medidas propuestas. Además, en tres casos directamente rechazó lo pedido, totalizando un total de 35 medidas no aceptadas de las 43 propuestas.
Pero el mayor rechazo de Inodoro Py es la decisión de descuartizar la investigación: nada de buscar a los contactos de los que quisieron volarle la cabeza a Cristina, como ella misma dijo. Nada de detectar vínculos con los neonazis de Revolución Federal, el financiamiento empresario o la ligazón con el sector de la alianza de ultraderecha Juntos por el Cambio alineado con la dipsómana Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.
La marcha de los expedientes denota lentitud extrema, una marcada inclinación a no avanzar sobre una posible trama detrás de la escena y una serie de preguntas sin respuesta.
1) ¿El diputado Gerardo Milman se enteró del atentado y no lo denunció ni lo frenó?
En esta cuestión, asombrosamente, la jueza Capuchetti rechazó la realización de dos medidas que pidieron los abogados de Cristina. Como se sabe, Jorge Arbello, asesor del diputado Marcos Cleri, del Frente de Todos, escuchó a Milman decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.
En el momento de pronunciar la frase Milman estaba en la confitería Casablanca con dos colaboradoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz. Ambas negaron haber estado allí, es decir que mintieron. En especial Gómez Mónaco que, según las cámaras, estuvo una hora y 15 minutos. Imposible de olvidar. Las imágenes también demostraron que Arbello estaba ubicado en la mesa de al lado de Milman y las dos jóvenes, es decir hicieron verosímil su declaración bajo juramento.
Pese a la mentira de Gómez Mónaco y Bohdziewicz, la jueza no aceptó secuestrarles sus celulares para ver qué información surgía, en especial si aparecía algún dato que confirmara que Milman supo del atentado de antemano. Es que el diputado no sólo habría pronunciado aquella frase sino que presentó un extraño proyecto en la Cámara baja, el 19 de agosto, hablando de que habría “un falso atentado contra Cristina”. Asombrosos poderes extrasensoriales del legislador alineado con la ex montonera entregadora de compañeros.
Pero hubo otra negativa impactante de la jueza. Ubeira y Aldazábal ofrecieron darle a la magistrada una copia, certificada por escribano, de la pantalla del mensaje enviado por el denunciante, Arbello, muy poco después del ataque contra Cristina. El texto que le mandó a Cleri consignaba: “ayer cuando salí de la oficina fui a comer a Casablanca. Al lado mio estaba Milman con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten estoy camino a la costa. Y se mataban de risa". El mensaje se mandó el día del atentado a las 22.36. La jueza ni siquiera quiso certificarlo.
2) ¿Tiene protección Milman por ser el hilo que va a Juntos por el Cambio?
El abogado Yamil Castro Bianchi denunció a Milman porque una de las jóvenes que estaba con él en Casablanca, Carolina Gómez Mónaco, exMiss Argentina 2012, fue designada como Directora de la Escuela de Inteligencia Criminal, sin tener ningún antecedente. Eso ocurrió en septiembre de 2017. En el mismo mes, la chica puso en marcha un lujoso centro de estética, a metros del Obelisco, una escuela de modelos y un instituto de danzas y fitness. El denunciante afirma que Gómez Mónaco no contaba con recursos para semejante emprendimiento. La causa quedó en manos del tándem Julián Ercolini-Guillermo Marijuan, que fueron puntales en la ofensiva contra el peronismo en todos estos años.
Lo llamativo es que, transcurrida una semana de la denuncia, nadie del PRO salió a defender a Milman de lo que sería un hecho de corrupción: Castro Bianchi lo denunció por exacciones y lavado de dinero. O sea, financió a la ex Miss Argentina con plata del Ministerio de Seguridad. Queda la impresión que al aliado de Bullrich Luro Pueyrredón no lo quieren tocar justamente porque en este momento está sospechado de haber conocido la existencia del plan de matar a Cristina y no lo frenó ni lo denunció.
3) ¿Qué pasa con los fondos que recibió Jonathan Morel de Revolución Federal?
El carpintero improvisado recibió unos 13 millones de pesos, ocho millones en blanco y unos cinco millones en negro. El dinero fue enviado por Caputo Hermanos, supuestamente para la fabricación de muebles para un edificio en Añelo, la localidad en la que está Vaca Muerta. Efectivamente el edificio existe y hubo muebles que se mandaron, pero a esta altura ya debería saberse cuánto valían realmente esos muebles. La hipótesis de Ubeira y Aldazábal es que parte del dinero fue para financiar a Revolución Federal. Por ejemplo, los ocho millones en blanco para pagarle a los que hicieron los muebles -Morel no sabía ni podía hacerlos- y cinco millones para el grupo neonazi.
Cristina lo sintetizó así el viernes en Pilar: los que trataron de matarla “no fueron indignados. Era gente que recibía millones de pesos por hacer esto”. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga a Revolución Federal, visiblemente molesto con la Cámara Federal denominada M, por macrista, afirmó en el procesamiento del grupo neonazi que crearon el clima para el ataque, es decir que fogonearon la idea de matar a Cristina y que se necesitaba un héroe, un San Martín, que se atreva a disparar. Brenda Uliarte estuvo en una marcha y en una fiesta de Revolución Federal y esa telaraña sigue sin aclararse. El magistrado insistió en que todo debía investigarse como una unidad -el ataque a Cristina y Revolución Federal-, pero la Cámara macrifascista dijo que no.
4) Sabag, Uliarte, Carrizo, el grupo que gatilló: ¿parar todo y mandar a juicio?
En la semana que pasó, la Cámara macrifascista -Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens- le dijo a la jueza que cuanto antes eleve la causa a juicio, o sea que cierre la investigación en Sabag-Uliarte-Carrizo, los detenidos. La resolución fue criticada, entre otros, por el presidente Alberto Fernández y el ministro Martín Soria. Bruglia puso el grito en el cielo, especialmente porque nadie lo apoyó. Terminó renunciando a la Asociación de Magistrados. En Inodoro Py deben haber pensado que ese fallo de la Cámara M fue demasiado.
Lo cierto es que pasados dos meses, se perdieron buena parte de los hilos a raíz del vaciamiento del celular de Sabag y la entrega, tardísima, del resto de los celulares. Está claro que estuvieron varios de ellos en los días previos al ataque en la esquina de Uruguay y Juncal, simulando vender copos de azúcar, pero no se sabe exactamente quiénes fueron.
Carrizo se defendió diciendo que él no era parte del ataque de Sabag, que el suyo estaba previsto para una semana después, con otra arma, calibre 22. Poco y nada se sabe de esta historia.
Está claro que el acento se pone en las causas, que como dijo CFK, es acusada, no víctima. En dos meses, la Corte Suprema no dispuso ningún refuerzo para el juzgado, la Procuración no armó un equipo de fiscales -como en la causa de las rutas de Santa Cruz, por ejemplo- y la tentativa de asesinato de una vicepresidenta se investiga como si fuera un hecho común, no institucional. Casi como una pelea de barrio. El aparato judicial se exhibe sin tapujos.
Fuente: nota de Irina Hauser y Raúl Kollmann para Página/12
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