“Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos”, dijo Mario Villar en una audiencia virtual y agregó que se le priva a la Fiscalía exponer las pruebas en un proceso oral.
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió ayer que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y del resto de los acusados en la causa “Los Sauces - Hotesur” para que sean enviados a juicio oral. Lo hizo en una audiencia virtual ante la Sala I de Casación en la que sostuvo que la resolución dictada por el Tribunal Oral Federal 5 en noviembre del año pasado fue “arbitraria”.
Villar expuso ante los jueces de la Sala I, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, y los abogados de los acusados, entre ellos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de Cristina Kirchner. “Son hechos muy graves en los que están involucrados funcionarios públicos. La Fiscalía se vio privada de representar a la sociedad en un juicio oral”, sostuvo el fiscal sobre las causas que se debaten.
Con una exposición técnica sobre la figura del lavado de dinero y las doctrinas sobre los delitos, Villar señaló que el tribunal privó a la Fiscalía de exponer las pruebas de los expedientes en un juicio oral. El fiscal señaló que la ley permite que se haga el juicio cuando haya una prueba nueva que demuestre que no sea necesario un juicio oral. “Debe haber una prueba clara para prevalecer sobre la que ya estaba”, explicó y puso como ejemplo el caso de dólar futuro, otro expediente en el que está imputada Cristina.
En ese caso, los mismos jueces de Casación sobreseyeron a la vicepresidenta sin juicio oral porque un peritaje contable determinó que no hubo perjuicio al estado. “Acá no tengo prueba nueva ni dirimente”, dijo Villar sobre la causa “Los Sauces - Hotesur”.
Se trata de dos empresas de la familia Kirchner y en los expedientes se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristobal López y Fabián De Sousa bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En la causa también están imputados los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner.
En noviembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó por mayoría a la treintena de imputados del caso. Los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por entonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”. En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó porque se haga el juicio oral. “Estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, sostuvo.
El fiscal Villar sostuvo en la audiencia que el tribunal oral hizo una mala interpretación de la ley de lavado de dinero y rechazó el argumento de que como los fondos que se investigan estaban bancarizados no hubo lavado. “Es insostenible. ¿Eso impide que sea obtenido ilícitamente?”, dijo y señaló que los tratados de organismos internacionales dicen que siempre el dinero ilegal pasa por la bancarización porque es una parte de sostener la licitud de los fondos.
También sostuvo la acusación por asociación ilícita. El tribunal oral dijo que el mismo delito se investiga en otras causas, como la de obra pública que está en juicio y en la que el fiscal Diego Luciani acusó a la vicepresidenta por ese delito y por administración fraudulenta y pidió que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero Villar señaló que se trata de asociaciones ilícitas distintas.
El fiscal de Casación mantuvo así la apelación que había hecho su colega del tribunal oral, Diego Velasco, que había apelado los sobreseimientos. También solicitó que si el caso se reabre sean apartados del juicio oral los jueces Obligado y Grünberg porque ya dieron su opinión del caso. Grünberg ya no integra el tribunal oral porque cuando resolvió el caso era subrogante. Ahora su lugar lo ocupa el juez Fernando Canero. Obligado si continúa porque es uno de sus titulares.
Tras la exposición del fiscal comenzaron las defensas. Ayer expuso Martín Arias Duval, abogado de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria de la familia, y de su cuñado Alberto Leiva.
“La exposición del fiscal no logra conmover los argumentos del tribunal oral que resolvió el sobreseimiento de los imputados”, dijo Arias Duval. Primero señaló que sí hubo prueba nueva que justificaba el cierre del expediente. Se refirió al peritaje contable que determinó que los dineros de los alquileres estaban bancarizados y sostuvo que el tribunal aplicó de manera correcta al caso la ley de lavado de dinero. Habrá una segunda audiencia. Será el próximo 22 de noviembre cuando terminen de exponer las defensas.
La situación judicial de Cristina Kirchner en Casación
Los jueces de la Sala I no solo deben resolver el caso Los Sauces y Hotesur. También el de la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Son dos causas en espejo: Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída por los tribunales orales sin que se haga el juicio oral, la decisión fue apelada y llegó a Casación. El tribunal convocó a audiencias para tratar los casos. Convocó a dos por cada expediente. La primera del memorándum se hizo el martes en la que las querellas también pidieron que se revoque el archivo y se haga el juicio oral. La segunda audiencia también será a fines de noviembre.
Cuando las cuatro audiencias hayan finalizado los jueces de Casación quedarán en condiciones de resolver si confirman los sobreseimientos u ordenan que se hagan los juicios orales. La expectativa estará en si esa decisión es antes de fin de año o si queda para el 2023.
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