De origen radical, la diputada lideraba la comisión de Legislación General y tuvo un rol fundamental en la aprobación de las leyes de Interrupción Voluntaria del Embarazo y de Etiquetado Frontal y en la compra de vacunas contra el coronavirus. Se convierte en la primera mujer en encabezar el cuerpo legislativo.
La diputada Cecilia Moreau, propuesta por el Frente de Todos para suceder a Sergio Massa en la presidencia de la Cámara Baja, tras la designación del tigrense como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, marcará un hito en la historia legislativa, al ser la primera mujer en estar al frente de la Cámara de Diputados.
Sus inicios en la militancia
Durante su juventud, la legisladora de 45 años mantuvo una activa militancia en el radicalismo. Entre 2001 y 2003, ocupó los primeros cargos orgánicos dentro del partido: primero fue secretaria de la Juventud Radical y luego pasó a ser secretaria de Acción Política del radicalismo en la provincia de Buenos Aires.
Su llegada a la tarea parlamentaria fue en 2007, como diputada de la provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2011.
En 2014, abandonó el partido centenario para sumarse a las filas del Frente Rejuntador de Sergio Massa. En 2015 fue electa diputada nacional por el sello UNA y en 2019 fue reelecta por el Frente de Todos, en ambos casos por la provincia de Buenos Aires.
Como vicejefa de la bancada oficialista, Moreau acompañó toda la gestión de Máximo Kirchner -con quien tejió buenos lazos políticos- al frente del bloque. Cuando el líder de La Cámpora dejó la presidencia, en oposición del acuerdo firmado con el FMI, Moreau fue ratificada como vicepresidenta y desde entonces acompaña a Germán Martínez, además de presidir la estratégica comisión de Legislación General.
Ayer, al ser designada como sucesora de Sergio Massa, que pasará a ser ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, la legisladora continuará los pasos de su padre, Leopoldo Moreau, quien durante el mandato de Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Cámara baja en reemplazo del experimentado dirigente radical Juan Carlos Pugliese, que entonces juró como ministro de Economía, en reemplazo de Juan Vital Sourrouille.
Su trayectoria en el Congreso
En los últimos años, Moreau mantuvo un activo perfil en la Cámara Baja. Sus participaciones en el debate de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la regulación a la adquisición de vacunas contra el coronavirus y en la Ley de Etiquetado Frontal son algunas de las más recordadas.
En 2018, Moreau formó parte de L@s Sororas, un grupo de doce legisladores y legisladoras de distintos bloques que se pusieron al hombro el proyecto de legalización del aborto, formado por Brenda Austin, Victoria Donda, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato, Araceli Ferreyra, Karina Banfi, Daniel Lipovetsky, Carolina Moises y Malena Galmarini, entre otros.
En sus intervenciones en el recinto, la legisladora se destacó por hacer una sólida argumentación sobre las posibilidades que esa ley abriría a las personas gestantes y por denunciar al entonces jefe del bloque de diputados del PRO “por ejercer presiones” mientras se debatía la legalización del aborto. “Massot está prometiendo pasajes y contratos”, disparó la dirigente, quien aseguró que a través de Nicolás Massot el macrismo buscaba entorpecer el proceso de votación.
En 2020, durante un nuevo debate por la legalización del aborto, Moreau contó la experiencia de aborto que atravesó a sus 16 años. “Estando sentada en la reunión de la comisión mi cabeza volvió el tiempo atrás. No lo decidí, pasó. Tenía la necesidad de expresar mis sentimientos y explicar por qué había defendido tanto este proyecto”, dijo entonces sobre su decisión de relatar su experiencia. “Uno no tiene que hacer públicas las cuestiones personales ni llevarlas a la política, pero esto me pasó. Ayer pensé en el interés colectivo pero también pensé en mí. Fue muy movilizante presidir este debate después de lo que viví".
Moreau también fue una gran defensora de la ley que reguló la compra de vacunas para combatir el coronavirus, en medio del conflicto que enfrentó al oficialismo con la oposición por la demora para contar con vacunas de Pfizer: defendió la decisión de incluir el término "negligencia" en la cláusula que limitaba la "indemnidad patrimonial" de los laboratorios y aseguró que "lo volvería a votar".
"Nosotros teníamos que cuidar el patrimonio y la salud de la gente. Nos podíamos hacer cargo de que la vacuna podía no funcionar o tener efectos adversos, porque si no no hubiésemos podido firmar con ningún laboratorio. Pero no teníamos por qué hacernos cargo de si venía un lote en mal estado, se les rompía la cadena de frío o enviaban la vacuna diluida con agua", explicó sobre la ley que regula la compra de vacunas para combatir el coronavirus, señalada como una de los motivos por los cuales no se había podido llegar a un acuerdo con Pfizer.
En ese marco, apuntó a la oposición y dijo que "son lobistas" de Pfizer. "Ellos saben que el ritmo de vacunación en la Argentina en los últimos días es alto. Ven además que el proceso de vacunación funciona, que se observa en la baja de la tasa de internación de los mayores de 70 y 80 años. Entonces hay una gran defensa a Pfizer, en parte porque la oposición tiene una relación con el laboratorio, pero más que nada porque es una forma de pegarle a Alberto. No es que Pfizer erradique el virus mejor que otras vacunas, pero creo que la oposición encontró con esto un tema de campaña", opinó entonces.
La diputada del Frente Rejuntador también tuvo una activa participación en la ley de Etiquetado Frontal. En octubre del año pasado, denunció que era un tema en agenda "de la gente" que solo estaba siendo frenado por el "show mediático" de la oposición, que a comienzos de ese mes, luego de un fuerte lobby de las empresas alimenticias, decidió no bajar al recinto y hacer caer la sesión que iba a dar tratamiento a la ley por falta de quórum.
Este año, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en Diputados también apuntó contra la modificación de la Ley de Alquileres que propuso Juntos por el Cambio a través de un dictamen de minoría y dijo que “es un retroceso” dado que la actualización trimestral de los contratos con acuerdo de partes sería “la timba del mercado de alquileres“.
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