viernes, 5 de agosto de 2022

El Grupo de Puebla denuncia una “guerra jurídica” contra Cristina

El foro regional calificó la acusación contra la vicepresidenta argentina como “un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos".


El Grupo de Puebla, el foro político y académico que nuclea a presidentes, ex presidentes y funcionarios latinoamericanos, aseguró ayer que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es víctima de "una guerra jurídica (lawfare)" en el proceso que se le sigue por el supuesto direccionamiento de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

"El Grupo de Puebla lamenta y rechaza la guerra jurídica (lawfare) que se está llevando a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos", aseguraron en un comunicado.

“Este caso confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra expresidentes como Luis Inacio Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un común denominador: las retaliaciones por su labor del lado del progresismo", agregaron.

Por último, expresaron su "repudio a esta persecución” y advierten "«sobre los graves riesgos que entraña para la democracia argentina”.

Entre los firmantes del documento de rechazo al juicio que se le sigue a Cristina están la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff; el ex jefe de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero; y el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.

También firman el comunicado el ex mandatario de Ecuador Rafael Correa; el ex presidente del Paraguay, Fernando Lugo; el ex canciller brasileño Celso Amorim, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; el político chileno Marco Enríquez-Ominami y el ex ministro de Defensa de Ecuador Ricardo Patiño, entre otros.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada en un proceso en el que se investigan supuestos delitos vinculados a la concesión de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, y en el cual el fiscal Diego Luciani acusa a los imputados de conformar una asociación ilícita.

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