Al avance de Juntos por el Cambio en el Colegio de Abogados se suman el intento de reflotar la causa trucha de las fotocopias de los cuadernos, el Consejo de la Magistratura, las tropelías de la justicia de Rodríguez Larrata y las andanzas de Gerardo Morales. El sector judicial, la derecha política y los medios afines buscan marcar la cancha en plena efervescencia preelectoral.
Pocas veces la elección de autoridades del Colegio de Abogados de la Capital Federal debe haber tenido tanta amplificación como la de la semana pasada.
El triunfo de Ricardo el Gil Lavedra como nuevo presidente hasta fue festejado en un tuit de Miauricio Macri. "Confío en que impulsarán una mejor justicia para todos los argentinos", escribió, y repitió el mensaje para las nuevas consejeras de la Magistratura que asumen su sello político.
El manejo del sistema judicial fue una obsesión para el macrismo -para atacar y para blindarse- y he aquí la muestra de que no dejó de serlo.
Lo que se configura en la entidad que nuclea a las/los miles de abogadas/os que litigan en territorio porteño parece la foto de un revival de la era de la las causas fabricadas y la persecución a opositores: actores del mundo del espionaje, operadores, exfuncionarios del macrismo con protagonismo judicial y poderosos estudios, todos asociados.
Una concatenación de hechos recientes que incluyen un "refuerzo" de la Corte Suprema al tribunal oral que tiene el juicio de los "cuadernos", el nuevo Consejo de la Magistratura, las tropelías de la justicia de Horacio Rodríguez Larrta y las andanzas de Gerardo Morales, vuelven a mostrar a un sector judicial, la derecha política y los medios afines en actitud de marcar la cancha y disciplinar a los tribunales en plena efervescencia preelectoral.
Un modelo judicial
El encargado de tomar lista el martes pasado a los empleados porteños que iban a votar al Colegio de Abogados era Juan Sebastián De Stéfano, el ex director de Asuntos Jurídicos de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), procesado horas más tarde por espionaje y por el armado de causas contra sindicalistas por el juez Ernesto Kreplak en la causa de la Gestapo antinsindical. Su presencia fue todo un símbolo. Fueron a votar unos 19.000 matriculados y el Gil Lavedra le ganó por poco margen a la lista que lideraba la entidad desde hace 16 años, que llevaba como candidato a Jorge Rizzo. Hoy De Stéfano es director, gracias a Rodríguez Larrata, de Subtes de Buenos Aires.
El presidente entrante además de haber sido camarista del Juicio a las Juntas y ministro de Justicia, fue el estratega contratado en forma externa por la AFIP de Cambiemos para la causa que llevó a la cárcel por dos años a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa presionados para quitarles sus medios de comunicación (C5N, Radio10, entre otros), y finalmente absueltos.
El organismo tiene 2000 abogados/as propios, pero lo fueron a buscar a él, con jugosos honorarios. Lo acompañaban en su lista exfuncionarios de Juntos por el Cambio, como el ex jefe de gabinete de Germán Garavano en Justicia e incluso de la mesa judicial, como el exsecretario Legal y Técnico Pablo Clusellas. También estaban el vicerrector de la UBA, Juan Pablo Más Vélez y el ex fiscal Luis Cevasco, abogado del policía Luis Chocobar.
El hijo bobo de Franco Macri mencionó en el tuit a Patricia Trotta, una larratista presentada en campaña como muestra de que tenían candidatos peronistas. Elogió al Poder Judicial y a la Asociación de Magistrados, todo lo que el Gobierno nacional cuestiona. Macri, con causas abiertas, los necesita de su lado.
Algo que no le perdonan a la gestión de Gente de Derecho, es haberse sumado como querellante a la causa del espionaje ilegal de Cambiemos a partir de que se constató, entre muchas cosas, que eran escuchadas ilegalmente las conversaciones entre abogados/as y clientes en el penal de Ezeiza, algunas de ellas incluso difundidas por los medios. Rizzo, de hecho, cree que el objetivo de la nueva gestión abogadil será desistir en ese expediente, el mismo donde la Cámara Federal dijo que el espionaje a dirigentes propios y ajenos, a organizaciones, sindicatos, periodistas, curas y ex funcionarios y empresarios privados de la libertad, era un asunto de agentes cuentapropistas.
No es menor que el jueves último el juez Kreplak haya procesado por espionaje y prevaricato a los ex funcionarios bonaerenses Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo), Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia), al senador Juan Pablo Allan y al actual intendente de La Plata, Julio Garro, además de los ex espías DeStéfano, al ex jefe operacional de inteligencia Diego Dalmau Pereyra y al ex jefe de gabinete de la AFI, Darío Biorci.
Su resolución jaquea cualquier teoría de inteligencia ilegal de cuentapropiestas y deja claro que el próximo paso apunta a la responsabilidad de la ex gobernadora con aspiraciones presidenciales María Eugenia Vidal, la vieja cúpula de la AFI, con Gustavo Arribas a la cabeza, y el propio Macri. El caso de la Gestapo antinsidical es el único sobre espionaje macrista que está fuera de Inodoro Py, pero es una pelea que crecerá ahora y que explica el entramado judicial en ciernes.
El infame régimen macrifascista erigió parte de su estrategia judicial con otro Colegio de Abogados, el de la Ciudad de Buenos Aires (o "de la calle Montevideo") conocido por su apoyo a los golpes de Estado. Se ocupó de dar letra y hacer denuncias para forzar renuncias en la justicia, como la de la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó.
También presentó demandas como la que dio lugar al fallo de la Corte que en diciembre último declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura de 13 miembros, que había sido fruto de una reforma impulsada por Cristina Fernández de Kirchner pese a que había funcionado así durante 15 años. El tribunal cajoneó el expediente seis años y después puso el famoso plazo de 120 días: como no se logró una nueva ley, el Consejo -que elige y sanciona jueces y juezas- funciona con una ley derogada.
En la sede de ese Colegio de Abogados fue donde el ex hijastro de Flavia Palmiero dijo que si los jueces no actuaban como ellos querían pondrían "otros". El apoyo de esa entidad sigue intacto. Por eso el desembarco en Colegio de Capital Federal, de mucha mayor envergadura y con gran injerencia en otras estructuras, como el propio Consejo (donde tienen representantes) multiplica el poder de Juntos por el Cambio en terreno judical.
El papel de la Corte
El mismo día de la victoria del Gil Lavedra, los portales y diarios afines a la oposición difundían que la Corte Suprema había resuelto ayudar al Tribunal Oral Federal 7 con contratos de secretarios para que se haga el juicio del caso de las fotocopias de los cuadernos, elevado por Claudio Bonadio antes de su muerte. Todos repetían que era un "refuerzo". Acentuaban que está acusada Cristina Fernández de Kirchner, aunque los imputados son más de 50, mayoría empresarios.
Pareció una respuesta a la decisión del oficialismo en el Senado de reflotar y agitar proyectos de reforma del máximo tribunal que proponen su ampliación (con esquemas de 9, 15 y 16 miembros). El eufemismo del "refuerzo" es un elocuente mensaje para apurar una de las pocas causas que le quedan abiertas a la vicepresidenta, a quien le han cerrado a la mayoría por inexistencia de delito o groseros armados, aunque algunas están apeladas. El tribunal que tuvo el caso Memorándum, también con la vicepresidenta acusada, se cansó de pedir "refuerzos", que la Corte nunca le dio.
Pero hay más, porque el mensaje supremo llega justo tras episodios que pusieron en primer plano la endeblez del expediente de los cuadernos: la presentación del empresario Armando Loson de un peritaje privado sobre esos cuadernos supuestamente escritos por Oscar Centeno, sobre los que nunca se hizo una pericia oficial. El peritaje caligráfico que entregó Loson mostró 1600 alteraciones del texto original, 1373 sobre escritos, 195 correcciones con liquid paper y 55 enmiendas, además de que habría escrito más de una persona. Hay una nueva causa por esto.
A la vez, Centeno declaró en una investigación por corrupción que tramita en España contra la empresa Isolux, una de las implicadas por "cuadernos", aliada de los Macri en el negocio de los parques eólicos (causa que sigue abierta). El chofer declaró que no vio a los empresarios, que la plata de coimas no se contó delante suyo y que él estaba en el auto. Un fiasco para los fiscales españoles.
Tal como quedó elevado a juicio, el expediente de los cuadernos Gloria se basa en las supuestas anotaciones de Centeno y las declaraciones de 40 empresarios como "arrepentidos" (para no quedar presos). El fallecido fiscal Jorge Di Lello cuestionó cierta vez ese método en la causa. Semanas atrás lo hizo la fiscala Paloma Ochoa que pidió la indagatoria del exministro de Justicia Garavano por el uso de esa figura desde el gobierno para darle beneficios económicos insólitos a Alejandro Vandenbroele para que acusara a Amado Boudou en el caso Ciccone. Aunque es otra causa, echa luz sobre cómo se distorsionó el recurso del "imputado colaborador". Resultado: el juez Julián Ercolini le sacó después de eso la instrucción de la pesquisa.
Lo que dice un arrepentido/a debe cotejarse con pruebas fruto de investigación criminal. Bonadio entregó pocas en su momento. En el caso de CFK, nada concreto. La doble vara en los expedientes sobre coimas y cartelización en la obra pública -que bien merecen investigaciones responsables- quedó clara en la causa sobre la licitación del Paseo del Bajo a favor de Iecsa, ligada al macrifascismo, donde el alcalde porteño, Rodríguez Larrata, ni siquiera fue indagado pese al pedido de tres fiscales distintos.
Un detalle del Tribunal 7, que recibió el respaldo/mensaje supremo es que todavía tiene entre sus integrantes a Germán Castelli, uno de los jueces designadas a dedo, por traslado, durante el abyecto régimen de Macri, cómo método para copar tribunales.
Detalles
La llegada de Rosatti al Consejo de la Magistratura suma poder a la Corte. La primera movida del organismo con su presencia fue excluir por unanimidad al juez de Mendoza Walter Bento del concurso para un cargo en la Sala III de la Cámara de Casación Penal Federal por estar procesado.
Casación es el máximo tribunal penal, el mismo que integran Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, con pedidos de remoción por sus visitas a Macri cuando debía decidir casos claves de su interés, pero sobre los que el organismo no avanzó. Tampoco lo hizo sobre Juan Gemignani, denunciado por violencia de género. Gran ocasión de debate para el nuevo Consejo, cuya nueva dinámica está por verse.
En el concurso para Casación hay 95 inscriptos, entre ellos está el conocido Pablo Bertuzzi, otro trasladado por el macrismo que sigue en la Cámara Federal. Y hay un nombre que no pasó inadvertido: el de Liliana Snopek, prima de María Eugenia Tulia Snopek, esposa del gobernador fascista de Jujuy Gerardo Morales. Es una de las juezas del tribunal que impuso la última condena contra Milagro Sala, a tres años y seis meses de prisión, en la causa de los "huevazos" después de 12 años.
La cuestión de la justicia jujeña, ámbito de extremo interés de Morales, punto de partida de los abusos judiciales/políticos en todo el país desde 2016, recobró presencia esta semana cuando el gobernador pactó con el peronismo local encarnado en Rubén Rivarola el impuso del juicio político a tres integrantes del Superior tribunal local que él mismo había armado al comienzo de su gestión pero que ya no le "serviría" para sus planes políticos (presidenciales o como gobernador).
Justicia a la porteña
La ciudad de Buenos Aires tiene sus tribunales y competencias. El Ministerio Público Fiscal responde directo a Rodríguez Larrata. La estrategia de disciplinamiento desde el régimen es denunciar a los jueces que toman decisiones que no les gustan, como el macrifascismo. A Andrés Gallardo (un denunciado frecuente) lo recusaron y le hicieron una denuncia penal después que suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos en una causa impulsada por varias reconocidas organizaciones que alertan sobre la violación de derechos y el posible uso para hacer seguimientos a granel hasta del presidente de la Nación.
"Las denuncias penales en este contexto afectan la garantía de independencia", advirtió un comunicado de 20 jueces. No es novedad, el punto es que el macrifascismo/larratismo vive de jactarse de respetar la independencia de poderes.
Otra estrategia que gana relieve es que la justicia porteña busca quedarse con investigaciones que son de interés para el Gobierno nacional y hasta incluyen delitos federales. ¿Por qué la justicia porteña se queda, pese a planteos de incompetencia, con la causa de los incidentes en el Congreso? ¿Por qué maneja la de los afiches agraviantes contra CFK?
El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que "hay tres personas que están presas hace más de 45 días por los hechos ocurridos durante la protesta del 10 de marzo en el Congreso contra el acuerdo contra el FMI" por "hechos menores" y con el artilugio de la figura de "asociación ilícita" para justificar la criminalización de la protesta y a las organizaciones sociales, justamente uno de los pilares con los que Juntos por el Cambio ya hace campaña.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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