Las acciones de solidaridad hacia las víctimas del terrorismo de Estado fueron seguidas de cerca por funcionarios del régimen dictatorial, que llegaron a obtener información directa del Ejecutivo del PSOE. Las autoridades españolas recibían por un lado a las Madres de Plaza de Mayo y por otro colaboraban con los represores.
No había forma de esconder el horror. Tampoco era fácil salir vivo del infierno. Por unas razones y otras, España fue uno de los lugares de Europa al que llegaron refugiados argentinos y, al mismo tiempo, se convirtió también en uno de los escenarios donde se denunciaron los horrendos crímenes de la dictadura argentina y se mostró solidaridad y apoyo hacia las Madres de Plaza de Mayo, de cuya primera marcha se cumplieron el último sábado 45 años
Consciente de la repercusión pública de esas denuncias, la dictadura no tardó en montar un dispositivo en Europa para hacer un detallado seguimiento de esas acciones y vigilar al cada vez más numeroso colectivo de exiliados argentinos en España.
La embajada argentina en Madrid y los consulados repartidos por distintas ciudades se convirtieron en los cuarteles principales donde operaban los enviados por la dictadura argentina, normalmente revestidos de personal diplomático.
Según consta en un documento, el Gobierno de Felipe González puso su grano de arena en esa tarea de control y seguimiento que realizaba el régimen argentino en Europa.
El 7 de noviembre de 1983, con la dictadura ya a punto de entregar el poder al presidente electo Raúl Alfonsín, el gobernador civil de Madrid, José María Rodríguez Colorado, se puso en contacto con la embajada argentina para avisarle de que empezarían a celebrarse concentraciones delante de la sede diplomática, que seguía a cargo de la dictadura.
En una nota remitida a la representación del régimen argentino en España, Rodríguez Colorado señalaba que "el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de esta capital" había resuelto "conceder autorización a María Esther Argüelles Menéndez, quien en nombre de varias asociaciones de mujeres" había solicitado permiso "para llevar a cabo una concentración todos los primeros jueves de cada mes, a las 11 horas y con una duración de media hora, delante de esa embajada".
Además de aportar el nombre de la mujer que había solicitado la correspondiente autorización en el ayuntamiento, el gobernador civil indicaba además que tenía como objetivo "solidarizarse con las Madres de la Plaza de Mayo".
La decisión de facilitar esos datos al régimen argentino podía entrañar graves riesgos y se enmarcó en un contexto sumamente delicado. Tres años antes, la dictadura argentina había asesinado en Madrid a una de esas madres: Noemí Gianotti de Molfino, una mujer que denunciaba el secuestro y desaparición de su hija y su yerno, fue secuestrada en Lima en junio de 1980 y traída a la capital española por sus captores, que acabaron con su vida en un hotel de la calle Muralto. El caso fue cerrado en cuestión de meses por un juzgado de Madrid pese a que, entre otras pruebas, existían huellas dactilares de los asesinos.
Intercambio de apoyos
Pese a esos antecedentes, el Gobierno de Felipe González no sólo no dudó a la hora de filtrar datos a la embajada de la dictadura sobre las protestas en Madrid, sino que también mantuvo contactos directos con el régimen para tratar de cerrar acuerdos a nivel diplomático.
De acuerdo a distintos documentos recopilados en Buenos Aires, el Ejecutivo que encabezaba González hizo gestiones ante el Ministerio de Exteriores de Argentina para conseguir el apoyo de los representantes de la dictadura a la hora de tratar de acceder a distintos organismos internacionales, siguiendo una lógica sencilla: si los representantes argentinos apoyaban a los diplomáticos españoles, este país haría lo mismo. Según los expedientes que obran en poder de Público, esto ocurrió al menos en seis ocasiones durante 1983.
Dos meses después, el entonces mandatario del PSOE se expresó en similares términos en una carta remitida a Carmen Vidal Fernández, representante de la Comisión de Españoles con Hijos Secuestrados en Argentina.
"Ustedes saben que el Gobierno se ha solidarizado en todo momento con las familias de víctimas de estos secuestros y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llegar al total esclarecimiento de los hechos", decía la carta remitida por González.
Cuatro días antes, su Gobierno se había dirigido por escrito al régimen argentino, pero no precisamente para reclamar por la vida de los españoles secuestrados: el Ejecutivo del PSOE pedía el apoyo de la embajada de la dictadura para que apoyara la candidatura de España a uno de los puestos del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Meteorología (OMM).
Protección policial
Los contactos eran por entonces fluidos. Pocas semanas después, la delegación diplomática argentina se dirigía al Gobierno español a efectos de solicitar "vigilancia policial exterior" para las oficinas consulares de la dictadura en Madrid, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Vigo y Las Palmas.
En agosto de ese mismo año, el gobernador militar de Tenerife, Pedro Ravina Méndez, se dirigía por escrito al "excelentísimo embajador de la República Argentina" para disculparse por no poder asistir a un cóctel que la delegación diplomática había organizado en un hotel de esa isla a raíz de la visita de la fragata Libertad, tripulada por militares de la dictadura. Ravina aclaró en su nota que no asistiría al acto "por encontrarse en esa fecha fuera de esta plaza en viaje oficial".
Por Danilo Albin para Página/12
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