martes, 19 de abril de 2022

Ensañamiento sin fin: el enano Guillermo "medio polvo" Marijuan pidió seguir investigando a Cristina en la causa denominada "la ruta del dinero K"

El fiscal se opuso al pedido de sobreseimiento argumentando que hay medidas de pruebas pendientes. La decisión quedó en manos del juez Sebastián Casanello.


El fiscal federal Guillermo "medio polvo" Marijuan pidió ayer que se rechace el pedido de sobreseimiento realizado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, por la que fueron condenados el empresario santacruceño Lázaro Báez y sus hijos. El fiscal argumentó que hay varias medidas de prueba pendientes y cuestionó el rol de las querellas, a las que acusó de abandonar su rol.

“Se encuentran pendientes de producción medidas de prueba solicitadas por esta Fiscalía que se estiman conducentes y fundamentales a los fines de dirimir la responsabilidad penal de la nombrada en relación a los hechos por los cuales se encuentra imputada”, sostuvo en un escrito al que tuvo acceso Currín.

A fines del año pasado, el juez Sebastián Casanello ordenó varias medidas de prueba en el expediente que sigue en la etapa de instrucción. Entre otras cosas, le pidió a su par Julián Ercolini que le mande toda la información vinculada al cruce de llamadas agregado a la causa Cuadernos. También le solicitó Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) una copia de una pericia realizada al celular del ex secretario de Obras Públicas José López, donde surgirían los números utilizados por Báez.

En esa causa, la ex presidenta tiene una falta de mérito dictada por el juez Casanello, quien la llamó a declaración indagatoria a instancias de la Cámara Federal en 2018, cuando la entonces ex jefa de Estado desfilaba por Inodoro Py y nada hacía sospechar su regreso al Ejecutivo.

A mediados de septiembre del año pasado, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al juez una definición sobre la situación procesal de Cristina, Juan Pedro Damiani Sobrero (el ex presidente de Peñarol de Uruguay), y Antonio Demarco, un intermediario en la compra del campo El Entrevero. Desde entonces, solo se resolvió la situación procesal de Demarco, que fue sobreseído por la Cámara Federal.

Por ese motivo, la defensa de la vicepresidenta se presentó hace dos semanas en el juzgado de Casanello para insistir con el sobreseimiento. Los abogados hicieron hincapié en el fallo de la Cámara Federal que apuraba una definición sobre la situación procesal de la ex mandataria. Nuevamente, el juez giró a las partes el pedido para que opinaran sobre el tema. Como ocurrió hace unos meses, las querellas de la AFIP y la UIF se manifestaron a favor de cerrar la etapa de instrucción.

Ahora, el patético fiscal cavador de pozos Marijuán se opuso al sobreseimiento de la vicepresidenta y cuestionó en duros términos el rol de las querellas. ”Esta parte no puede dejar de señalar el comportamiento asumido por las querellas, en tanto entienden que no tienen medidas de prueba para sugerir y que en consecuencia VS se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner del modo que estime corresponder, circunstancia que implica, en los hechos, el inexcusable abandono de su actuación como acusadores en este proceso”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que fue la UIF la que propuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas correspondientes a Lázaro Antonio Báez y los ex secretarios de Cristina Fernández de Kirchner.

La causa por “la ruta del dinero K” comenzó en abril de 2013, a partir de un informe del programa Periodismo para Tontos y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando el empresario necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz.

En el juicio oral, Lázaro Baéz fue condenado a fines de febrero a 12 años de prisión. También recibieron condenas sus cuatro hijos, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Fabián Rossi, entre otros. Luego de las apelaciones, la definición ahora quedó en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación.

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