La magistrada le pidió al juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23, Norberto Circo, que se inhiba de seguir investigando los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso y decline su competencia en favor del juzgado federal 5, con asiento en Inodoro Py.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti requirió ayer a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires que se inhiba de seguir interviniendo en las causas vinculadas con los incidentes y el ataque contra el Congreso de la Nación tras señalar que no puede realizarse una investigación desdoblada y que todos los hechos forman parte de una "hipótesis amplia", vinculada al intento de entorpecer el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, informaron fuentes judiciales.
La magistrada le pidió al juez a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23, Norberto Circo, que se inhiba de seguir investigando los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso y decline su competencia en favor del juzgado federal 5 de Inodoro Py.
"Se observa del material fílmico revelado que el accionar de las diversas personas investigadas podría haber involucrado una conducta organizada de forma previa a la consumación de los hechos, ello con el fin de provocar el estado de alarma que sanciona el artículo 211 del Código Penal, con el claro propósito de afectar la función legislativa mencionada", señalaron fuentes judiciales al explicar el planteo de la jueza federal.
"La investigación de los hechos no puede separarse por razones de una correcta administración de justicia y de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual establece que cuando se investiguen conjuntamente delitos comunes y de carácter general, los hechos resultan competencia de la justicia de excepción", explicaron.
Además, al requerir hacerse cargo de toda la investigación, la jueza Capuchetti tuvo en cuenta que en el hecho se utilizaron bombas incendiarias de armado casero, lo cual le corresponde investigar a la justicia federal.
Hasta ahora, los hechos ocurridos el día en el que Diputados trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se investigaron a través de distintos expedientes: en la causa federal -en la que intervienen Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo- los delitos podrían encuadrarse bajo las figuras de "daños agravados" e "intimidación pública", hechos distintos a los que pesquisa la Justicia porteña, que tiene a dos personas detenidas e investiga atentados contra la policía local y daños al patrimonio de la ciudad de Buenos Aires.
La causa que tramita ante la Justicia federal es aquella en la que fueron identificadas ocho personas como los presuntos responsables del ataque contra el Congreso, aunque fuentes judiciales adelantaron que se está intentando identificar a otros agresores.
Uno de los detenidos fue apresado anoche en San Isidro, como sospechoso de haber participado en los disturbios frente al Congreso nacional el jueves último, identificado como Jaru Alexander Rodríguez Carrero, supuestamente vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
El otro detenido por la justicia porteña es Oscar Santillán, a quien ya le dictaron prisión preventiva, luego de una audiencia celebrada el lunes.
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