Son los activos que tenían las familias del colegio Álvarez Thomas, que estaban destinados, entre otras cosas, a la construcción de un gimnasio propio. Lo primero que hizo Soledad Acuña fue meter los comedores privados dentro de la escuela.
En septiembre de 2020, sin mediar palabra, la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, decidió intervenir la cooperadora de la Escuela N° 4 del distrito 16 del barrio de Agronomía.
El hostigamiento de la titular de la cartera educativa y del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larrata, con las familias del Álvarez Thomas, comenzó a fines de 2017, cuando la ministra le informó a la escuela, sin ningún argumento, el recorte del Plan Natación para sus estudiantes.
Por entonces las familias se movilizaron para visibilizar el tema, resistieron y judicializaron la causa. Finalmente, la decisión de Acuña fue revertida por un fallo favorable a la comunidad educativa en primera instancia y ratificado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones. La ministra se negó a cumplir la resolución judicial, lo que provocó más movilizaciones y demandas presentadas por las familias.
Semanas antes de la intervención, la Justicia porteña ordenó al régimen de CABA reponer las clases de natación al nivel inicial. Pero la respuesta de Acuña a esta nueva orden judicial fue intervenir la cooperadora. Entre los fundamentos para la irrupción, se encontraba que la cooperadora “le pagaba honorarios a una abogada por el litigio que mantenía con el Gobierno de la Ciudad”.
La organización de la cooperadora del Álvarez Thomas, provoca la admiración de quienes conforman movimientos sociales u organizaciones no gubernamentales. La asociación cooperadora posee una pileta (motivo de la disputa del régimen porteño con las familias) que construyó con fondos propios a principios de los '70. Pero también autogestionaba un comedor para casi un millar de alumnos y alumnas de nivel inicial y primario, y dictaba actividades extracurriculares como radio, fotografía profesional, taekwondo, teatro, básquet, fútbol, etc. Hasta la intervención, la cooperadora contaba con un fondo común de inversión de 24,5 millones de pesos, dinero que usaba como garantía para sus trabajadores y trabajadoras, y que iba a ser destinado a la construcción de un gimnasio propio. Ante la falta del Estado porteño, la cooperadora entregó decenas de computadoras durante la pandemia a estudiantes de su comunidad.
Es por eso, que durante el mes de septiembre, la comunidad educativa realizará varias actividades para recordar que el régimen porteño se apoderó de una cooperadora que cuenta con una trayectoria de 90 años. “Durante el tiempo que irrumpieron con la toma de la, el gobierno destinó personal para que realice una nueva revisión contable, y no pudo encontrar ninguna anomalía ni faltante de dinero durante nuestra gestión”, señala Guillermo Kechichian, el presidente de la cooperadora depuesto por Soledad Acuña. “Lo más grave es que no sabemos cómo manejaron los gastos, ni el estado de los fondos activos de la cooperadora, ni que hicieron con el dinero de las familias que estaban destinados para la construcción de un gimnasio propio”, agrega.
En un año Acuña desplazó a los proveedores del comedor con los que se manejaba la cooperadora, y metió los privados con los que trabaja Rodríguez Larrata en el resto de las escuelas. “Ahora están intentando cambiar las comidas elaboradas históricamente por nuestras cocineras, por ejemplo las milanesas de ternera que se hacen desde cero, el pastel de carne, etc; y quieren traer alimentos ultraprocesados de empresas que abastecen a todos los concesionarios”, añade Kechichian.
La comunidad educativa asegura que los 24,5 millones de pesos de la cooperadora escolar, de los que se adueñó el régimen porteño, y que la cooperadora haya decidido no comprar las viandas a los comedores privados que trabajan con Larreta; fueron los motivos reales de la intervención. “A fines del año del año pasado nos llamaron funcionarios del gobierno local del área de cooperadoras, nosotros pensamos que íbamos a empezar a poder trabajar en una mesa para destrabar esto cuanto antes, y lo único que hicieron fue ratificar la intervención sin aportar ningún tipo de argumento solvente sobre el porqué de la misma”, explica Yamila Mathon, integrante de la cooperadora del Álvarez Thomas.
Las familias de la escuela reconocen que este año, en medio de la vorágine de la presencialidad y la vuelta a las escuelas, se sintió mucho la ausencia de la cooperadora aunque, aseguran, que las clases “no hubieran empezado el 17 de febrero en la Escuela si nosotros no nos hubiésemos hecho cargo de la compra de termómetros y otros elementos, porque Acuña envió un sólo termómetro para una escuela de más de 800 alumnos y que tienen dos entradas”, agrega Mathon.
Teresa Patronelli es la interventora designada por la ministra Soledad Acuña. En este año de irrupción, se ha negado a recibir a las familias de la escuela, “no ha presentado ningún tipo de informe sobre lo que ellos venían a regularizar, y no dio ninguna explicación al respecto. Por eso hace dos viernes presentamos un documento con más de 600 firmas pidiendo una asamblea de socios, porque urge que seamos convocados para poder elegir a nuestros representantes que no pueden ser otros que papás y mamás de la escuela”, concluye Mathon.
Fuente: nota de Martín Suárez para Tiempo Argentino
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