Tras la obtención de la conformidad de sus acreedores, la Justicia dispuso el fin de la quiebra de Oil Combustibles, a la que fue empujada a partir de la asfixia financiera a la que fue sometida durante el gobierno de Mauricio Macri. El comunicado de la empresa.
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa lograron finalmente que la Justicia levante la quiebra de su petrolera, Oil Combustibles.
La jueza María Soledad Casazza determinó que López y De Sousa cosecharon el apoyo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la amplísima mayoría de sus acreedores, por lo que estimó no había motivos para continuar con el proceso falencial.
Para la jueza Casazza, la tramitación del proceso, que comenzó en 2016 como concurso preventivo, para luego, en mayo de 2018, decretarse la quiebra, resultó por demás complejo, según explicitó en su resolución. “Nos hallamos frente a un pedido de conclusión falencial basado en la causal de avenimiento que reviste ciertas particularidades habida cuenta la envergadura de los acreedores involucrados en la causa, no solo por el monto de sus acreencias, sino además por las diversas vicisitudes jurídicas, administrativas y procesales que se han visto plasmadas a lo largo del trámite del presente universal”, explicó.
El trámite del concurso y quiebra de Oil también registró sus propias turbulencias desde el día mismo en que comenzó a tramitarse ya que López y De Sousa buscaron que el expediente se sustanciara en Comodoro Rivadavia, a pesar de las objeciones de la AFIP y los reclamos de la justicia nacional, con sede en Buenos Aires. Aquel contrapunto concluyó cuando la Corte Suprema confirmó que el concurso debía tramitarse en Buenos Aires.
Tras la derrota de Miauricio Macri Blanco Villegas, la situación de López y De Sousa empezó a revertirse. Quedaron en libertad y buscaron recuperar el control de Oil Combustibles y todo el Grupo Indalo.
Ahora, la jueza Casazza consideró que cosecharon el 99,96% de las conformidades entre sus acreedores, en tanto que depositaron el dinero necesario para solventar los reclamos del restante 0,06%, ya fuera porque resultaban inhallables o porque no quisieron avenirse.
La magistrada también calculó una reserva de $ 5275 millones para completar el levantamiento de la quiebra, tanto para afrontar pagos a la AFIP, como también para cubrir los honorarios de los profesionales -entre otros, abogados, síndicos y contadores- involucrados en el expediente durante estos cinco años.
Para López y De Sousa, la convalidación judicial era el siguiente paso que debían obtener tras conseguir en abril el visto bueno del organismo que lidera Mercedes Marcó del Pont.
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