Desde el 5 de noviembre del año pasado, una resolución judicial suspendía el arrasamiento de bosques en territorio chaqueño. Sin embargo, Greenpeace detectó que en los últimos seis meses se deforestaron 7811 hectáreas. Plantean la necesidad de se penalice porque “la multa no resuelve la ilegalidad”.
La superficie desmontada en la provincia de Chaco entre el primero de noviembre de 2020 y el 30 de abril de 2021 fue de 7811 hectáreas. Pero, desde el 5 de noviembre del año pasado, una resolución judicial suspendía esos desmontes. Lo advirtió Greenpeace, a partir del monitoreo que realiza mes a mes sobre el norte argentino.
“Lo que nos preocupa es que ni con multas ni con un fallo judicial se logra frenar la deforestación. Más allá de la responsabilidad del gobierno chaqueño de controlar más, está claro que la cuestión del delito penal es necesaria para frenar este tipo de cosas”, planteó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques.
La suspensión judicial se había determinado ante la falta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. El 5 de noviembre del año pasado, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco resolvió: “Ordenar a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y al Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco: 1) La inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de cambio de uso de suelo (…) en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; 2) La inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de cambio de uso de suelo (…) 3) Asimismo, deberán la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco y el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, notificar fehacientemente del presente resolutorio a los titulares de la totalidad de los permisos y/o autorizaciones de cambios de uso de suelo aprobadas y en estado de ejecución desde el mes de diciembre del año 2014, debiendo acreditar el cumplimiento”.
“El ordenamiento está vencido desde 2014. Cada cinco años se supone que hay que hacer una revisión. En Chaco, como en tantas otras provincias, no se actualizó. Pero en Chaco a partir de un amparo de vecinos y organizaciones se resolvió que se suspendía hasta que se actualice”, explicó Giardini.
Las casi ocho mil hectáreas de desmonte se detectaron por el monitoreo periódico que realiza Greenpeace sobre Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, que concentran el 80% del desmonte a nivel nacional.
De acuerdo a la resolución judicial vigente, el Gobierno de Chaco “no podía autorizar nuevos desmontes y debía avisar a los que tenían permisos previos. Ya veníamos con un desmonte ilegal alto. Más o menos un 50%. En este caso hubiéramos esperado no un desmonte cero, pero tampoco estas ocho mil hectáreas. Es muy alto para una provincia que tiene prohibido el desmonte”, dijo el referente de Greenpeace y aclaró que “el Gobierno de Chaco está haciendo la actualización (del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos), pero muchos no están participando para aportar datos y después hay que ver si la justicia lo considera válido”.
Ante este panorama, Giardini remarcó que “viene avanzando bastante la idea de penalizar el desmonte” y agregó que “hay dos posibilidades: que se prohíba completamente o que se penalice lo ilegal. Nosotros queremos que se prohíba, pero sería un primer paso que lo ilegal no se haga. Tenemos una ley, pero claramente no están alcanzando las multas: si son bajas no implican disuasión y si son muy altas empieza un proceso de judicialización. La multa no resuelve la ilegalidad”.
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