Si bien el encuentro arrancó con la situación sanitaria, el tema de mayor preocupación planteado fue el de las negociaciones con el Fondo. El pedido para que no se llegue a un acuerdo que perjudique al pueblo y para que se vacune a los trabajadores de comedores populares.
Ante la llegada de la segunda ola del coronavirus, dirigentes de los movimientos sociales se reunieron con el presidente Alberto Fernández. Hablaron del agravamiento de la pandemia en un año en que se está negociando la deuda con el FMI y de la necesidad de que el acuerdo con el Fondo no limite la capacidad de respuesta del Estado.
El precio de los alimentos, el acceso a las vacunas y el refuerzo de las campañas de cuidado fueron otros de los temas del encuentro.
La reunión se llevó a cabo en la residencia de Olivos y participaron de la misma Daniel Menéndez, Gildo Onorato y Juan Carlos Alderete; referentes de Barrios de Pie, del Movimiento Evita y de la Corriente Clasista y Combativa respectivamente.
“Le dijimos al presidente que vamos a relanzar, en los barrios populares, las campañas de cuidado sobre el uso del barbijo, el distanciamiento y el alcohol en gel, y coincidimos en que la ciudadanía está subestimando la llegada de las nuevas cepas”, señaló Daniel Menéndez. Alberto les contó, a su vez, que luego de hablar por cadena nacional sobre los riesgos de viajar al exterior, un 55 por ciento de los vuelos fueron cancelados, pero otro 45 mantuvo la decisión de salir del país de vacaciones igual y hoy tienen problemas para volver.
El Gobierno tenía la intención de haber vacunado, para esta fecha, a 11 millones de personas, cubriendo la mayor parte de la población de riesgo, pero los problemas conocidos en la provisión de dosis de los países periféricos lo impidieron. “El presidente nos dijo que están haciendo esfuerzos para llegar a esa cifra en el mes de abril”, apuntó Alderete. En este sentido, le pidieron a Fernández que incluya a los y las trabajadoras de los comedores populares entre los grupos de riesgo para ser vacunados.
Según los registros oficiales, hay 15 mil comedores en todo el país, aunque el número es seguramente más alto ya que no todos están inscriptos.
Si bien la reunión arrancó con la situación sanitaria, el tema de mayor preocupación planteado fue el de las negociaciones con el FMI. Los movimientos vienen dando señales de su alarma: este martes, por ejemplo, organizaciones sociales que no son parte del Frente de Todos se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social con el planteo de que el programa Potenciar Trabajo no tendrá nuevas incorporaciones por decisión del ministerio de Economía; y esto, sin duda, está vinculado al pago de la deuda .
Consultado sobre el punto, Gildo Onorato dijo que “tanto Alberto como Cristina vienen planteando que la deuda no se puede pagar con el hambre de los que menos tienen. Nosotros vemos que el Fondo es una amenaza, en el sentido de que siempre intenta aplicar las mismas medidas y, es cierto que en esta crisis no hay forma de pagarle en las condiciones que plantea. Pero encontramos al presidente muy firme en la decisión de hacer una negociación fuerte”.
Daniel Menéndez agregó que el mandatario “comentó la discusión con el FMI y la necesidad de llegar a un acuerdo que no afecte el crecimiento económico del país. Le remarcamos el enorme deterioro social que ya existe, y la necesidad de que el acuerdo no ponga trabas al desarrollo económico ni a las medidas que se necesiten para mejorar la situación social, tanto en los términos del plazo en que se pague la deuda como en la de los montos”.
Alderete, en tanto, también mencionó que “el año próximo se deberían pagar 19 mil millones de dólares y es un imposible, pero el presidente nos dijo claramente que que no va a pagar la deuda a costillas del sufrimiento y el hambre del pueblo”.
La marcha de los programas que buscan a la generación de trabajo en los sectores más empobrecidos también fue parte de la conversación con el presidente. En parte, porque hay movimientos que están advirtiendo demoras en las obras de urbanización de los barrios populares, asociadas a cuestiones burocráticas. Los referentes aseguraron que por ahora no se habló de la implementación de un nuevo IFE o de mayores refuerzos a los programas alimentarios: "La situación va a ir evaluándose mes a mes, porque hoy hay una agenda social fuerte, una cobertura importante, pero si la pandemia afecta la actividad, vamos a tener que volver a discutir políticas sociales, según las restricciones que se impongan".
Por Laura Vales para Página/12
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