Lo ordenó la jueza federal María Servini en la causa que investiga la mesa judicial de Cambiemos. Ya lo había citado a indagatoria para el 26 de mayo.
La jueza federal María Servini le prohibió ayer la salida del país a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acusado de ser uno de los principales operadores judiciales del nefasto régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas. La decisión se tomó en el marco de la causa que inició el empresario Fabián de Sousa contra el ex hijastro de Flavia Palmiero y su entorno por “asociación ilícita”, al acusarlo de haber montado un plan de “pinzas” estatal y mediático para despojar al grupo Indalo de sus empresas.
Servini le prohibió la salida del país a Rodriguez Simon y le pidió a Migraciones que le informe sobre sus últimas salidas. La medida había sido solicitada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, apoderados de Fabián de Sousa. La jueza, sin embargo, no hizo lugar a la inhibición general de bienes, otra de las medidas pedidas por los querellantes.
En la resolución, a la que tuvo acceso Currín, la jueza explicó que ya “se comprobó que Rodríguez Simón participó de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestó las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”. Y que en esas reuniones, el abogado allegado al hijo bobo de Franco Macri “se jactaba de representar o hablar en nombre del entonces presidente de la Nación: se decía representante del presidente Macri o del Gobierno nacional”.
Rodríguez Simón ya fue llamado a indagatoria para el 26 de mayo. Servini tomó la decisión cuando recibió un informe de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) que analizó los llamados entrantes y salientes de su teléfono. Allí aparecen 10.738 llamadas que se concretaron entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019.
De ese informe surge que mantuvo 59 llamados con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, entre 2016 y 2018. Después figuran teléfonos asignados al régimen de la CABA, la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Secretaria de Energía, el entonces ministro de Justicia Germán Garavano, el estudio Tonelli o el Procurador del Tesoro Carlos Balbín. Además se registran comunicaciones con estudios de abogados y empresas.
La intervención de las comunicaciones telefónicas en la causa de la “mesa judicial” desató una polémica. El planteo inicial sobre esas comunicaciones no abarcaba solo a Rodriguez Simon, sino también a Macri Blanco Villegas, José María Torello, Nicolás Caputo, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner.
El expediente comenzó con una denuncia de De Sousa, cuando aún estaba preso. Allí acusó a Macri Blanco Villegas y funcionarios de su régimen por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, violación de sus deberes funcionales, abuso de autoridad y peculado.
Al prohibir la salida del país de “Pepín”, la jueza tuvo en cuenta que en los últimos meses el abogado “habría podido viajar al exterior, más específicamente a la República Oriental del Uruguay, aún con las restricciones que en ese momento estaban vigentes en ambos países, por motivos de trabajo, lo cual demostraría que podría trabajar y tendría arraigo fuera del territorio nacional”. Por ese motivo, Servini concluyó que hay “un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”.
Según el dictamen del fiscal Guillermo "medio polvo" Marijuán, en esta causa se investigan “diferentes sucesos que habrían tenido lugar a partir del año 2015 y que habrían implicado el ejercicio de presiones a partir de actos públicos, mediante notas periodísticas, y en la esfera privada, a través de reuniones en las que habrían participado quienes entonces eran funcionarios del Poder Ejecutivo (incluso el ex Presidente de la Nación)”.
Cuando declaró como testigo, el empresario Cristóbal López aseguró que el día de las elecciones generales de 2015 fue a una reunión con Macri Blanco Villegas en donde le preguntó “qué vínculo tenía con Cristina Kirchner”. “Me hizo saber que había que meterla presa”, dijo ante la Justicia.
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