En busca de levantar el perfil de la cartera, y antes de asumir como ministro, Martín Soria ya trabaja para lograr que se apruebe en el Congreso la reforma del Ministerio Público Fiscal. Cree que, con la designación de un nuevo procurador, se podrá comenzar a aplicar el sistema acusatorio, que daría más poder a las fiscalías y transparentaría todos los procesos. Los cambios que pretende tratar con los jueces de la Corte Suprema y sus propuestas para que la mirada de género sea central en el sistema de justicia.
En los días previos a su desembarco en el Ministerio de Justicia, Martín Soria trabaja en la intersección de su nuevo cargo y el que todavía ocupa como diputado nacional, en un intento por conseguir los votos para la reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, uno de los proyectos que están trabados en la Cámara baja.
¿Por qué le interesa esa ley más que la de la reforma judicial? Primero, porque Soria parte de la idea de que si se nombra un/a nuevo/a titular de la Procuración en lugar de quien hasta ahora está en forma interina, el macrifascista Eduardo Casal, se podrá implementar en todo el país un cambio central que es el “sistema acusatorio” o adversarial, aprobado en 2015 pero nunca aplicado. Ese esquema de por sí desplaza poder desde los juzgados hacia las fiscalías, todos los procedimientos son orales (a la vista de todo el mundo), con mayores garantías y se supone que más ágiles.
Hay otros dos temas que el futuro ministro planea priorizar: uno anunciado será la relación con la Corte Suprema y el intento de algunas modificaciones que pueden impactar en ese tribunal; el otro será convertir la perspectiva de género en un asunto central en el sistema de justicia, que ha demostrado tener rasgos machistas arraigados que hasta ponen en riesgo la vida, por ejemplo, de mujeres que denuncian violencia.
La difícil reforma
Los planes de reforma judicial del año pasado estuvieron marcados por el objetivo de diluir el poder que tienen los jueces y juezas federales, que tuvieron un papel protagónico en la utilización de causas para intervenir o interferir en la política con instrumentos, entre otros, como las detenciones de ex funcionarios. El proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo se apoyó en el criterio de la multiplicación de juzgados y la estructura de los tribunales de alzada, más los tribunales de las provincias, con ese objetivo. Esa propuesta está lejos de cosechar votos en el Congreso. Pero son varios los juristas que consideran que la verdadera reforma, al menos penal, ya se aprobó a fines de 2015 y solo resta implementarla. Es la reforma del Código Procesal Penal que instalaría el “sistema acusatorio”.
El régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas no lo hizo, porque encontró caminos cortos para incidir en el Poder Judicial y tener allí aliados dispuestos a “la politización de la Justicia y la judicialización de la política” a través del uso de expedientes judiciales, muchas veces armados con acusaciones truchas. Cuando logró desplazar a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó pero no pudo designar a la jueza Inés Weinberg de Roca, encontró en el interino Casal un socio sin demasiado esfuerzo.
La gran discusión alrededor del proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, que en sus orígenes fue motorizado por exponentes de la oposición como Martín Lousteau y Lucila Crexell, es la mayoría que se requerirá para elegir a un nuevo procurador/a. La norma actual exige que el acuerdo sea con dos tercios de los votos del Senado. La que obtuvo media sanción, habilita la mayoría absoluta, porque también acorta el mandato a cinco años, renovable cinco más. El criterio fue que, al no tratarse ya de un cargo vitalicio, podía cambiar la mayoría exigida. Esto es común en otros países: en Brasil y Paraguay se aplica una mayoría simple. Y no en todos los países participa el legislativo en la elección. En Perú y Ecuador los órganos que intervienen no requieren mayoría especial. Para el proceso de remoción, el proyecto que tuvo aprobación en el Senado sí requiere mayoría agravada. La clave de la votación de esta ley es destrabar también la designación de un nuevo procurador/a. Para el Poder Ejecutivo el nombre sigue siendo el que ya propuso oficialmente, que es el juez Daniel Rafecas. El año pasado Rafecas dijo que no estaba de acuerdo con cambiar la mayoría, pero no sería una posición inamovible si se trata de un mandato acotado.
Entre las negociaciones que intenta Soria por estos días, una de las más fuertes es con el bloque Córdoba Federal de cuatro diputados y diputadas que responden al gobernador Juan Schiaretti. El tratamiento que podría tener esta semana la ley de biocombustibles sería un hito clave en la resolución del destino de esos votos. La provincia pide la prórroga de la ley actual, que vence en mayo, pero hay un proyecto en danza que podría acercar posiciones. La discusión es por los beneficios que la ley vigente otorga a la producción de biocombustibles a base de soja y maíz. El otro bloque central en la negociación por la ley de Ministerio Público es el de Consenso Federal, del lavagnismo. Con sus integrantes hay ciertas asperezas porque esperaban más presencia en el reparto de cargos cuando Alberto Fernández llegó a la Presidencia. Los que quedaron en lugares claves fueron Marco Lavagna en el INDEC y Graciela Camaño en la presidencia de la comisión de selección del Consejo de la Magistratura. Allí ella acompañó al kirchnerismo pero no lo hizo en el Congreso. Cuando se anunció la designación de Soria, Camaño no se mostró cerrada a conversaciones. El Interbloque Federal en total tiene 11 miembros que pueden ser claves en la votación, para la cual están faltando 8 o 9.
Algunos juristas y dirigentes consideran que el Presidente debería tener un nombre alternativo al de Rafecas para destrabar el intríngulis también. Por ahora no se escuchan otras opciones. El consejo asesor que había designado Alberto Fernández para proponer reformas había propuesto cambios en la designación del jefe/a de los fiscales y, de hecho, ese pronunciamiento fue relevante para la definición en el Senado. Un cambio en la cabeza de la Procuración sería central para trazar una política criminal y para desarrollar el régimen adversarial que pone las investigaciones en mano de las fiscalías, vuelve todos los procesos orales, aumenta las garantías por su transparencia y aceleraría los plazos. Es una modalidad donde la función entre jueces y fiscales es bien distinta. Lo primeros son garantes. Ahora los jueces hacen todo: investigan, allanan, indagan, y se revisan a sí mismos.
Soria ha dicho en conversaciones con colaboradores que la reforma que propone multiplicar juzgados es incompatible con la reforma procesal, porque lo que harán falta serán más fiscalías. En todo caso, sí alentará la creación de la comisión bicameral que estudie el comportamiento del Poder Judicial, como parte del sistema de control cruzado que anunció Alberto Fernández. Hay un borrador de proyecto de ley para conformar esa bicameral, que maneja el presidente del Diputados, Sergio Massa. La otra cuestión, menos inmediata, será el envío de un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, como sugirió el consejo asesor.
La Corte Suprema
Soria es de los que creen que el comienzo de los grandes problemas del sistema de justicia está en su cúpula, la Corte Suprema que, además, ha sido influyente en la utilización política de causas. El Gobierno no tiene puentes fluidos hoy con el máximo tribunal, y el nuevo ministro ya anunció que lo primero que hará será pedir una audiencia con sus integrantes. Conoce de épocas anteriores, a través de su fallecido padre, Carlos “el Gringo” Soria, a Juan Carlos Maqueda y a Ricardo Lorenzetti. No se reunirá con desconocidos.
La agenda de temas que piensa llevar es muy variada, porque incluye desde las sospechas sobre el sistema de sorteo de expedientes, la capacitación con la Ley Micaela que los supremos no aceptaron, la permanencia de un fiscal interino frente a la procuración (el mismo que actúa ante la Corte), hasta la mirada sobre el Consejo de la Magistratura (tema que a veces salpica al del manejo del dinero judicial), las discusiones sobre un posible tribunal intermedio y el recurso extraordinario, y también sobre las reformas en puerta en general. Pero dependerá mucho del tono del diálogo que proponga la apertura de canales. Otro tema que tiene en mente es hacer algún planteo respecto de la situación de jueces en edad de jubilarse, entre los que está una de las integrantes de la Corte, Elena Highton de Nolasco, intimada por la ANSeS.
La Corte, como se vio en los últimos tiempos, tomó decisiones para posicionarse siempre por sobre toda decisión política, un mecanismo habitual. Pero en algunos casos lo hizo con impacto en cuestiones cruciales: como una condena a Milagro Sala y la confirmación de la condena a Amado Boudou sin dar fundamentos, y los señalamientos al gobierno de Formosa por las medidas en pandemia denunciadas por organismos de derechos humanos. La última semana, falló a favor de CFK en la causa contra Google, habrá que ver si de allí se lee un gesto. No es fácil la construcción de un diálogo que le espera a Soria, con un perfil político que el Ministerio de Justicia hasta ahora no tuvo.
Perspectiva de género
Aunque todavía no asumió en su cargo, ya la última semana Soria comenzó a analizar el organigrama del Ministerio de Justicia. Además de que llevará de vuelta a parte del equipo que tuvo el ex ministro (hoy bonaerense) Julio Alak, y que quedará como número dos Juan Martín Mena, les dará relevancia a algunas áreas para que tengan un papel activo.
Una es la de género, entre otras cosas para que garantice la capacitación con la Ley Micaela en todos los tribunales. Su idea es que ante una situación como la denuncia contra el camarista de Casación Juan Gemigani -que escribió un mensaje machista en un grupo de WhatsApp de la Cámara en el Día de la Mujer-, el ministerio tenga un papel activo. Su intención es tomar la determinación del Presidente de que se convierta en política de Estado la lucha contra la violencia contra las mujeres donde tiene un papel central el Poder Judicial, como se vio ante el femicidio de Ursula Bahillo, que puso al descubierto la falta de coordinación, la falta de medidas ante el riesgo de vida de la mujer que ya había denunciado a su agresor y la falta de implementación de métodos para vigilar a los agresores denunciados y el cumplimiento de las perimetrales.
Todo indica que el ministerio en general levantará el perfil y se pondrá metas. Buscará también una nueva forma de relación con los tribunales, mientras asoma la amenaza de una nueva ofensiva a través de las causas judiciales, como se vio con el aval a la figura de los arrepentidos, la condena a Lázaro Báez que en rigor apunta a CFK y la realización en puerta de juicios absurdos, como el de Dólar futuro y el del Memorándum con Irán.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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