El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, dijo que el mecanismo buscará “caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”. El 31 vence el decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres.
El Gobierno asistirá a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento, el próximo 31, de la vigencia del decreto que prorrogaba de forma automática los contratos de los alquileres y prohibía desalojos.
El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.
“Esa mirada de un Estado presente hace que busquemos alternativas para evitar el daño que produce un desalojo”, indicó Scatolini.
A través de la Resolución 88/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial instruyó a la Secretaría de Desarrollo Territorial a elaborar y aprobar el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.
Al respecto, el secretario señaló que se va a trabajar en “un protocolo que permita caracterizar el universo de desalojos posible, y arbitrar las herramientas para conseguir soluciones habitacionales”.
“El objetivo de este gobierno es poner muchos recursos como no se hizo en los últimos años en Argentina, en la construcción de vivienda con las unidades ejecutoras en las provincias y también a través del Procrear”, destacó el funcionario.
El protocolo
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| Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial |
Para la elaboración del protocolo, se convocó al Ministerio de Justicia y a otros organismos nacionales, y se invitó a aquellos organismos provinciales pertinentes a la suscripción de convenios de cooperación, con el fin de recabar información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que extendieron los contratos de los alquileres y prohibieron los desalojos.
Asimismo, el Ministerio instruyó a la secretaría a arbitrar los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública.
El decreto remarcó que a tal efecto, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señalo Scatolini.
Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad” y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”.
El secretario remarcó que el plan del Gobierno es “en tres años generar 264.000 soluciones habitacionales”, pero puntualizó que “no es lo único en lo que se trabaja”.
“Impulsamos una nueva Ley de Alquileres que por primera vez regula y protege al sector más vulnerable de la relación contractual, que es el inquilino. También un Plan Nacional de Suelo Urbano, para regularlo, porque sin suelo urbano no hay vivienda. Y además una política de ciudades con criterios de acceso justos a los territorios, porque sin eso, no hay equidad territorial. Todas estas acciones van a la vez”, precisó Scatolini.
Asimismo, remarcó que en el armado del protocolo para atender los desalojos se está “trabajando sobre datos muy inciertos aún y una situación económica angustiante”.
“Venimos de cuatro años de un Gobierno insensible que no sólo no generó nuevas viviendas, no construyó, ni financió, sino que cuando lo hizo fue a través del sistema de créditos en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) que sabemos los perjuicios que generó”, concluyó el funcionario.
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