El caso M puso en el foco del debate público la situación de la infancia vulnerable. El proceso de infantilización de los sectores de menores ingresos. Las dificultades para mantener la escolaridad. Los trabajos de cuidado que caen sobre las niñas. La situación en las distintas regiones del país.
“La radiografía está opacada, oscura. Hay niños que ni siquiera entran dentro de la foto”, sostiene Nora Shulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Argentina (CASACIDN).
El diagnóstico de la pobreza infantil en Argentina indica que el porcentaje de niños y niñas pobres llega al 62,9 por ciento.
Esta cruenta realidad volvió al centro del debate público a partir del impacto que produjo del caso de M, la niña de 7 años que vivía en la calle con su madre y fue sustraída durante tres días por Carlos Savanz.
Según estimaciones de UNICEF, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se pasó de 7 a 8,3 millones. Las zonas más afectadas son el conurbano bonaerense y los de grandes ciudades como Rosario y Córdoba, además de la región noreste: Formosa, Chaco, Misiones y Santiago del Estero.
La coordinadora del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la organización dirigida por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Ana Almada, explica el impacto presente y futuro. “El efecto mayor se vincula con los derechos vulnerados: a la salud, a la nutrición, al agua potable, al acceso a una educación de calidad, una vivienda digna y a los cuidados adecuados. Además de los niveles básicos de supervivencia, se restringen otras posibilidades para poder acceder a futuras oportunidades. Afecta en lo físico, lo espiritual y lo moral”, indica.
La pandemia agravó un problema que lleva décadas. En los últimos 30 años, la tasa de pobreza medida por ingresos nunca fue menor al 25 por ciento. “Dentro de ese porcentaje, hay un fenómeno que se llama infantilización de la pobreza y muestra la incidencia desproporcionada en el grupo que va de 0 a 14 años”, explica José Florito, coordinador del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
“La irrupción de la pandemia generó una situación crítica. Las medidas de aislamiento por la estrategia sanitaria impactaron sobretodo en familias con trabajos precarios o informales que no obtuvieron ingresos. Creemos que en el último año dos millones y medio de personas cayeron en la pobreza como consecuencia de la situación económica vinculada con la COVID. Las medidas fueron buenas, pero no lo suficientes como para evitar eso. Según nuestros cálculos, un millón y medio de personas evitó caer en la pobreza gracias a esa asistencia del Estado”, agrega el investigador.
Una encuesta de UNICEF, hecha en diciembre del 2020, revela que cuatro de cada diez hogares donde residen niños, niñas y adolescentes (alrededor de 2,1 millones de familias) afrontó una reducción en los ingresos. Y una de cada cinco enfrenta al menos una deuda, que en general es para comprar alimentos. Esta situación también profundizó el trabajo de adolescentes: 16% realizó actividades laborales destinadas al mercado y el 46% de ellas y ellos no lo hacían antes de la pandemia.
El trabajo infantil es otro de los síntomas de la pobreza. Niños, niñas y adolescentes que dejan la escuela para llevar dinero a sus casas, algo que en la adultez refuerza la exclusión. “Tiene una relación doble. Por un lado, la situación lleva al trabajo infantil porque cuando la familia no tiene ingreso suficiente, los niños tienen una inserción temprana en el mercado ilegal y de mucha explotación. La segunda es como causa. El trabajo infantil requiere salir de la escuela, dejar de acumular capital humano, y eso tiene problemas en el futuro. Cuando la changa se cae, no puede volver a la escuela ni tampoco insertarse en otro lugar de trabajo porque nadie lo contrata porque no está capacitado”, señala Florito.
Según la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes, realizada en el 2017, esta problemática afecta al 10% de la población infantil de todo el país. Los niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de trabajo ascienden a 760.000 y en las zonas rurales alcanza a 2 de cada 10. El acceso al agua es un factor que también incide en esta realidad. Una investigación de la OIT y el INTA demuestra que la mejora en el acceso al agua redujo significativamente el promedio de horas semanales dedicadas al acarreo y provisión, que pasaron de 4,88 a 2,33. Las niñas y adolescentes tienen un perjuicio mayor, en muchos casos son las que realizan las tareas del cuidado sin tener una remuneración a cambio.
“El trabajo doméstico afecta sobretodo a las que se quedan al cuidado de sus hermanitos pequeños y esto hace que abandonen la escuela. Los adultos se tienen que ir a trabajar y alguien se tiene que hacer cargo de la situación y dejan a niñas entre los 9 y los 12 años que terminan perdiendo la escolaridad”, explica Almada.
Los últimos datos de UNICEF indican que realizan trabajos como limpiar y cocinar (79%), hacer las compras (63%) o cuidar a personas con las que conviven (36%).
El acceso a la salud es otro de los puntos problemáticos. “El hambre y la pobreza naturalizan o tapan otros tipos de problemas, algunas enfermedades o cuestiones de salud como embarazos precoces. Hay mucho desconocimiento de los recursos. Por ahí la gente que vive en una situación muy marginal no sabe que puede ir a una salita o a una consulta médica. El desconocimiento lleva a que no concurran y a que no vacunen. El sistema de salud es bueno pero no se conoce”, sostiene Nora Schulman.
Muchas veces la población infantil no va a los hospitales porque no tienen documentos y directamente no pueden acceder a las consultas. Una situación que es más común en aquellos que están en situación de calle. El déficit habitacional pega fuerte: alrededor del 38% de los habitantes de villas y asentamientos son menores de 15 años y un 48% de la población que vive en los barrios populares tiene de 0 a 19 años. Así lo muestra el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). No existen datos nacionales sobre las personas que viven sin techo, la recopilación de datos queda en manos de cada jurisdicción y muchas veces es inexistente.
“Es gente que está en estado tan marginal que tampoco puede acceder a los políticas públicas. Son totalmente excluidos. Han proliferado los comedores y merenderos pero los chicos tienen que comer en su casa porque el lugar de la comida y la socialización es su propia casa. La pobreza rompe los vínculos, impacta profundamente. Es errado pensar que uno puede sustituir una familia por un hogar o por una familia de acogimiento”, considera Schulman.
Por Celeste del Bianco para Tiempo Argentino
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