En una presentación judicial con errores de redacción y de ortografía y nombres de funcionarios alterados, la desquiciada dirigente de Juntos por el Cambio apunta contra Alberto Fernández, Ginés González García y Carla Vizzotti por la llegada de la vacuna rusa contra el coronavirus. Pide a la Justicia que investigue si incurrieron en "delitos de atentado contra la salud pública, defraudación al Estado e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público".
Tras volver de su brevísimo retiro político, Elisa Carrio volvió a sorprender con una insólita denuncia penal por "envenenamiento" contra el presidente Alberto Fernández; el ministro de Salud, Ginés González García y Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, por la compra de Sputnik V, la vacuna rusa que llegará este jueves a la Argentina.
La presentación judicial abarca a todos los funcionarios que participaron en "gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputik V, quienes podrían estar incursos en la posible comisión de los delitos de los delitos de atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público". (sic)
También incluye un apartado en el que define otro delito, en el marco de las "acciones peligrosas" contra la salud pública y allí habla del potencial envenenamiento de la población.
La paciente psiquiátrica ambulatoria minimizó la gestión del gobierno argentino por traer al país una vacuna contra el coronavirus y ponderó indirectamente la elaborada por Pfizer y BioNTech, al resaltar que en ese proceso el "Poder Ejecutivo, redireccionó -casi en exclusividad- todo su esfuerzo para la adquisición de la vacuna Sputik V, soslayando otras opciones de vacunas" (sic). En toda la denuncia se pueden apreciar errores de ortografía, hasta el apellido de Vizzotti aparece alterado.
El documento indica además que no se sabe cuánto pagó el Estado argentino por las 300.000 dosis de la vacuna desarrollada en Rusia, “un producto cuya respuesta inmune se ignora y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos”. La denuncia indica que “la contratación y adquisición de esta vacuna, parece haber desplazado las otras opciones que ya completaron sus fases de experimentación y que han comenzado a aplicarse en países europeos y EE.UU.”.
Más allá de su clara preferencia expuesta por la vacuna de Pfizer en detrimento de la Sputnik V, las afirmaciones que allí expone la dirigente de Cambiemos son falsas. El Gobierno intentó en todo momento cerrar un acuerdo con el laboratorio estadounidense y alemán. De hecho, desde la Casa Rosada afirmaron a este diario que se está trabjando en un acercamiento a la par del operativo montado para traer la vacuna rusa.
La denuncia considera que se trata de una “operación comercial sin precedentes” y que “no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que si sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores” cuando ya fue aclarado en más de una oportunidad que no se aplicará nunguna vacuna que no haya sido aprobada en este grupo etáreo.
"Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores. Tal anunció el gobierno argentino, será aplicada al personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad -según sus resultados- de tener bajas, en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria general", continúa la denuncia sobre el comienzo de la vacunación en el país con la Sputnik V.
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