El objetivo es que los trabajadores de la economía popular vendan una lista de 10 productos a más de 20 países.
El Gobierno de Alberto Fernández trabaja en un plan para que los trabajadores de la economía popular comiencen a exportar una lista de diez productos a los países árabes.
En el plan trabaja Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del ministerio de Desarrollo Social, junto a tres ministros.
En el Ejecutivo aseguran que hace 10 años que la aguja de exportaciones no sube del promedio de 65 a 70 mil millones de dólares anuales y que todo depende del récord que alcancen las commodities como la soja.
Para agregar un porcentaje extra a esa torta, esperan sumar a las cooperativas y a los trabajadores excluidos de la cadena productiva. En ese sentido avanzan negociaciones para cerrar un acuerdo que exceda a la península arábiga integrada por Qatar, Bahréin, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y que alcance a más de 20 países del norte de África y sur de Asia. Algunos de esos países tienen tasas de crecimiento de dos dígitos y un importante crecimiento de la clase media con una demanda incrementada de bienes.
Uno de los funcionarios que trabaja en el acuerdo es Martín Navarro, Director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que anticipó que el Gobierno ya confeccionó una lista de diez productos para vender en los países árabes.
La lista incluye a carne ovina y caprina; miel, cereales y leguminosas; alfalfa; pesca; cítricos y otras frutas frescas; frutas deshidratadas y frutos secos; lana y artesanías de la rama del cuero, platería y monturas de alto valor. También se incluyen productos alimenticios industrializados con el fin de brindar ayuda humanitaria. La Terre y Aceitera La Matanza son ejemplos de las cooperativas que formarían parte del acuerdo.
Las reuniones con los emisarios de la península arábiga comenzaron hace poco más de cuatro meses y los funcionarios argentinos planean viajar a Medio Oriente en febrero si la pandemia lo permite.
Ayer, los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Transporte, Mario Meoni y el canciller Felipe Solá firmaron en Casa Rosada un convenio para coordinar acciones que permitan concretar la alianza estratégica con Medio Oriente.
La cancillería trabaja para destrabar la certificación Halal para las carnes, un proceso de garantía de calidad que exigen los países islámicos para importar.
De Sóla y el secretario de Relaciones Internacionales Económicas depende la Agencia de Inversiones, presidida por otro de los impulsores del acuerdo, Juan Usandivaras. En tanto que Gabriel Osatinsky, Subsecretario de Promoción del Comercio Internacional y Culto, también hizo de nexo con los países árabes y ayudó a confeccionar la lista de 10 productos.
Meoni se sumó para resolver uno de los problemas más grandes del plan, que es la logística para exportar productos elaborados en contextos muy distintos a las fábricas y los pooles de soja. El ministerio de Meoni estudia la posibilidad de concretar un servicio marítimo directo con Emiratos Árabes Unidos.
El ministerio de Arroyo es clave para la elaboración del registro de trabajadores de la economía popular. Pablo Chena, director nacional en la secretaría de Economía Social que encabeza Pérsico, trabaja junto al Indec en la encuesta permanente de hogares para tener un "censo" en ese sentido, ya que el Censo 2020 no se pudo realizar por la pandemia.
En el Gobierno calculan que el universo real de trabajadores de la economía popular es de 6 millones de personas, pero sólo hay un millón en el registro -más del 30 por ciento produce alimentos-. En el Ejecutivo se pusieron como meta que haya 3 millones registrados al finalizar el mandato de Alberto.
Pérsico es el articulador principal de estos trabajadores y tiene objetivos más ambiciosos: quiere que al final del mandato no haya más planes sociales y que todas esas personas estén alcanzadas por planes de trabajo que sean parte de la cadena productiva y de la cadena de exportaciones, para que se las reconozca culturalmente.
El titular de la CTEP, Juan Grabois, no participa del plan de manera institucional, pero deberán hablar con él como con la flamante la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, que nuclea a cooperativistas, pequeños empresarios y movimientos sociales.
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