En el organismo que hoy comanda Félix Crous se descubrió que la gestión anterior recién intentó resolver un expediente con 70 posibles conflictos de interés 8 días antes del cambio de Gobierno. Los detalles.
Un nuevo escándalo involucra a la infornicable ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y refleja el escandaloso conflicto de intereses que reinó durante el régimen fascista y neoliberal de Miauricio Macri Blanco Villegas.
Según se desprende de un trabajo de la nueva administración de la OA, Alonso recién empezó a resolver un expediente de 2018 con 69 casos de conflicto de intereses el 2 de diciembre de 2019, es decir, apenas ocho días antes de dejar el cargo. Y no abordó todos sino apenas 28, de los que archivó 9. Macri Blanco Villegas, muchos de sus ministros y funcionarios de áreas clave, se vieron favorecidos. Incluso, un integrante del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable figura relacionado a 300 empresas.
El rol de la OA es evitar que se materialice un conflicto de interés, que es la puerta a varios delitos. Por eso, carece de sentido tomar medidas a una semana del cambio de gobierno cuando todos los funcionarios involucrados están en retirada. A contramano de lo que se necesita, que es una respuesta rápida de la OA, Alonso demoró casi un año y medio en tratar este caso paradigmático, conocido como “Casa Matriz”, que tuvo como disparador una nota de Página/12 basada en un trabajo académico relevado por Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del Observatorio de las Elites Argentinas de la UNSAM y actualmente secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación.
El expediente interno que nucleaba estos casos de conflicto de interés lo encontró paralizado la nueva gestión de la OA, a cargo de Félix Crous, que se dedicó a estudiarlo. Lo que se desprende de allí explica, entre otras cosas, por qué en 2019 cuando estaba al frente del organismo, Laura Alonso se resistió a brindar información de su gestión a la Auditoría General de la Nación.
El caso
Hace dos años, el 1° de agosto de 2018, se le dio impulso en la OA a un expediente que cuatro meses más tarde recomendaría profundizar la investigación en torno a 69 funcionarios macrifascistas que “tendrían algún tipo de vinculación con determinadas empresas del sector privado, ya sea en rol de autoridad, socio o representante”.
Era tal el escándalo, que el 8 de enero de 2019 la investigación avanzó. Y en referencia a 52 funcionarios, se señaló que "habiendo detectado que los funcionarios antes mencionados no han declarado las sociedades aquí descriptas y ante la posibilidad de que pudieran haber omitido tal información en razón de haber estado vinculados al tiempo en que debieron presentar sus declaraciones juradas o seguir manteniendo actualmente aquellas vinculaciones, a juicio de esta Dirección correspondería se formulen los requerimientos de aclaraciones patrimoniales pertinentes".
Habían pasado 5 meses desde la apertura del expediente. Tuvieron que pasar 11 más para que Laura Alonso intervenga en el asunto. Pero, a la luz de los hechos, fue para darle cobertura a los altos funcionarios involucrados más que para evitar que se cometan delitos en la función pública.
Es que recién el 2 de diciembre de 2019, a ocho días de la asunción de Alberto Fernández, se realizó un informe en el marco de este expediente en el que se señala que "en un número significativo de los casos abordados no se advierten situaciones que ameriten la apertura de una investigación por posible infracción al régimen de conflictos de intereses y, en todo caso, de acuerdo a los criterios de la oficina en casos precedentes, correspondería formular instrucciones preventivas".
En el mismo documento, se dejó asentado que “no obstante lo expuesto, la fecha en la que este informe se ha terminado de elaborar” y “la proximidad del cambio de gestión, tornan inoficioso formular tales instrucciones; ya que la mayoría de los funcionarios aquí analizados muy probablemente cesarán en sus cargos el 10-12-2019”. Esto derivó en que se libraran notas recordando los deberes y limitaciones posteriores al ejercicio de la función pública a los funcionarios involucrados.
La gestión actual de la OA estudió el caso: “Si se analiza el (último) informe, se encuentra que se trata de una reseña de 28 casos de funcionarios, sus vinculaciones con empresas privadas, las actuaciones tramitadas en el ámbito de la Subsecretaría de Integridad y Transparencia, y las recomendaciones que se sugieren caso por caso”. En ese lote de 28 casos había cuatro que no estaban en el listado inicial de 69, por lo que el total de funcionarios que debieron ser analizados en profundidad asciende a 73.
Si bien el régimen de Macri Blanco Villegas había llegado prácticamente a su fin, en 19 de estos casos se recomendó la solicitud de información adicional, ya sea al funcionario comprometido, al organismo donde se desempeñó o a la IGJ. En algunos casos, también se sumó a la empresa con la que podría tener conflicto de interés. Para el resto, se sugirió el archivo del caso.
Toda una marca registrada de la OA de Laura Alonso, que ya tenía como casos paradigmáticos al de Juan José Aranguren que estuvo al frente del Ministerio de Energía siendo accionista de Shell; y al de Santiago Bausili, el ex N° 2 del Ministerio de Finanzas, que fue uno de los funcionarios macristas que estuvo a cargo de la negociación y pago a los Fondos Buitres. Bausili asumió en la función pública siendo parte del Deutsche Bank, unas de las entidades bancarias que intervinieron en el proceso de pago de la deuda. Cuando se resolvió que estaba en un evidente conflicto de interés ya estaba en sus últimos días en la función pública.
El martes pasado, sin temor a la vergüenza, Laura Alonso pidió a la Oficina Anticorrupción que investigue si algunos abogados de la comisión asesora que propuso Alberto Fernández para la reforma judicial tendrían conflictos de intereses, como Carlos Beraldi y León Arslanián.
Los beneficiados
Los 28 integrantes de la gestión anterior que figuran en el informe de la OA del 2 de diciembre de 2019 están relacionados a más de 400 empresas. El listado con posibles conflictos de interés que no se profundizaron incluye a:
• Miauricio Macri Blanco Villegas, por su rol en la empresa Minera Geometales S.A, del Grupo Socma. En el trabajo de la OA se recomendaba pedir a la Inspección General de Justicia (IGJ) que remita la nómina de autoridades de la empresa posteriores a 2013.
• El ex secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, relacionado a 34 empresas. En este caso, la recomendación de la OA al mando de Laura Alonso fue requerirle información al funcionario.
• El ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien según el trabajo de la OA estaba relacionado a 17 empresas. Se recomendó archivar su causa. El de Quintana es uno de los tantos casos paradigmáticos de conflicto de interés que tuvo el régimen macrifascista. Al menos hasta el 31 de diciembre de 2015, es decir, ya en funciones en la Casa Rosada, el funcionario era accionista del Grupo Clarín. Poseía en aquel entonces títulos por 2.538.095 de pesos. Esta situación chocaba con lo establecido por la Ley de Medios (violaba el artículo 24), contradecía la Ley de Ética Pública y hasta podría haber vulnerado el Código Penal. Por aquellos días, el Poder Ejecutivo avanzó sobre la Ley de Medios.
• Mariano Grondona Lynch integraba el directorio de la Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Ambiente. Estaba “vinculado a aproximadamente 300 empresas (algunas de ellas dadas de baja), tanto en calidad de representante, autoridad o socio”. Por tal motivo, la OA recomendaba solicitar información al funcionario y al organismo donde se desempeñó.
Un párrafo aparte merecen los ex ministros que aparecen en el informe. Se trata de los ex titulares de las carteras de Transporte, Guillermo Dietrich (por su vínculo con 4 empresas); Hacienda, Nicolás Dujovne (estaba vinculado a 12 firmas); Moderniazción, Andrés Ibarra; Trabajo, Jorge Triaca; Energía, Javier Iguacel; Interior, Rogelio Frigerio; Educación, Alejandro Finocchiaro; Producción y Trabajo, Dante Sica. La OA de Laura Alonso recomendó archivar la mitad de estos expedientes.
A la par, hubo otros funcionarios con cargos estratégicos que estaban relacionados a empresas extranjeras vinculadas al sector donde cumplían funciones. Entre ellos, se destacan:
• Juan Biset. Era subsecretario en el Ministerio de Energía y Minería y a la par figuraba relacionado a Zapor S.A. y a la minera extranjera Vale S.A. A una semana de terminar el régimen macrifascista, la OA sugirió pedir si constaban actuaciones vinculadas a esas empresas para saber si el entonces funcionario se excusó de intervenir.
• La situación se repite con el ex subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Manuel Bosch, que aparece como representante de las empresas extranjeras Sea and Fish Management BV y Papyrum Nexus SL.
• El ex subprocurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Luchelli, vinculado al Deutsche Bank Suisse.
• El secretario de Coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, Tomás Elizalde aparecía “vinculado a 19 empresas como autoridad y en 4 empresas extranjeras como representante”. Se sugería requerirle información.
El 75% de los casos analizados en el informe del 2 de diciembre de 2019 se concentran en seis ministerios: Hacienda (21%); Desarrollo Social (18%); Presidencia (11%); Jefatura de Gabinete de Ministros (11%); Producción y Trabajo (7%); y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (7%)”.
Que la mitad de los casos por conflicto de interés analizados se condensen en Presidencia, Hacienda y Desarrollo Social es toda una síntesis de lo que fue la política económico-social del nefasto régimen de Macri Blanco Villegas.
Fuente: nota de Franco Mizrahi para El Destape web
No hay comentarios.:
Publicar un comentario