El Gobierno bonaerense apuntó contra el vocero del presidente de la execrable Corte Suprema y el ministro de Seguridad y Justicia porteño -en uso de licencia- por los delitos de "tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó ante los Tribunales Federales de La Plata una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero del presidente de la infame Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño -en uso de licencia-, Marcelo D’Alessandro por "delitos de tráfico de influencias" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Según un comunicado difundido por el gobierno bonaerense, el mandatario señaló en su presentación que la provincia de Buenos Aires "es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema".
En ese sentido, Kicillof remarca en su presentación que "el fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". De esta forma, el gobernador se refiere ala filtración de chats atribuidos a D'Alessandro y difundidos a fines del año pasado por los medios de comunicación.
En esos intercambios, Robles le sugería estrategias que debía seguir el gobierno porteño para obtener una sentencia favorable por parte del máximo tribunal en la disputa que la ciudad de Buenos Aires mantenía con Nación, algo que finalmente sucedió.
"Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno", sostuvo el texto al referirse a Horacio Rodriguez Larrata.
La presentación judicial consta de 14 páginas en las que el Gobierno bonaerense denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D'Alessandro, y aporta además como material pruebas de los chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
Desde el Ejecutivo provincial precisaron que "las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma", y agregaron que "hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional".
"Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires", se puntualizó desde el Gobierno bonaerense.
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