La letrada y docente se refirió a la filtración de los chats que se enviaban jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos de Clarín para encubrir un viaje a Lago Escondido.
La abogada Natalia Salvo advirtió ayer que "con este Poder Judicial, que va en contra del pueblo y a favor de los intereses concentrados, las cosas lamentablemente no van a terminar bien", al referirse a la filtración de los chats que se enviaban jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos de Clarín para encubrir un viaje a Lago Escondido.
En declaraciones a Télam, la letrada y docente consideró que la publicación del contenido de los mensajes intercambiados a través de la aplicación Telegram "confirma que existe una connivencia y una complicidad totalmente obscena entre el Poder Judicial, funcionarios de Juntos por el Cambio y medios concentrados".
Sobre la injerencia del Grupo Clarín en este caso, en el que están implicados el director de Asuntos Legales e Institucionales, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, subrayó que los "medios concentrados de comunicación" son "los financiadores de esta situación".
Consultada por la dificultad para promover reformas en el sistema de justicia, la abogada describió la situación como "una encerrona" ya que "el organismo de contralor" del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, "no está funcionando".
Para Salvo, la Argentina se encuentra frente a una situación similar a la de la recuperación democrática cuando con el Juicio a las Juntas "se hablaba efectivamente de democratizar las FFAA", mientras que este lunes la urgencia pasa por cambiar el Poder Judicial, que -dijo- "nunca se democratizó después de la última dictadura y estamos sufriendo esas consecuencias".
"Estamos hablando de un Poder Judicial que se arrogó la suma del poder público: legisla con sus sentencias, obtura las medidas del Poder Ejecutivo", describió, y cuestionó que un sector de los jueces "incluso están incumpliendo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, porque no aseguran una tutela judicial efectiva" para proteger al pueblo.
En cuanto a cómo actuar ante lo que definió como un hecho de "gravedad institucional", dijo que la respuesta de las mayorías "no está dentro de este Poder Judicial sino que está en la política articulada con la movilización".
En ese sentido, insistió en que el país no cuenta hoy con "un Poder Judicial independiente, como se pregona, sino que tenemos un Poder Judicial dependiente de los poderes económicos, que tienen su terminal política en Juntos por el Cambio".
A la hora de proponer acciones concretas, la abogada laboralista planteó que "se pueden nombrar por decreto, en comisión" a muchos magistrados, y de ese modo encontrar una alternativa para "la cantidad de jueces que subrogan y que están con muchísimo trabajo porque tienen a cargo dos o tres juzgados", puntualizó.
Esa alternativa, amplió Salvo, podría implementarse "hasta tanto el Consejo de la Magistratura se movilice y se inste a nombrar los jueces correspondientes, porque los concursos están".
Por último, la letrada salió al cruce de quienes consideran que la cuestión judicial no es prioritaria para las mayorías y afirmó que el funcionamiento del Poder Judicial "no es la agenda de Cristina Fernández" sino que "tenemos un Poder Judicial que no está funcionando para todos y todas nosotros y que va en contra del pueblo".
"Tenemos un Poder Judicial que permite, a través de un fallo judicial, que un grupo de comunicación (por la corporación Clarín-Telecom) pueda aumentar a gusto y 'piacere' las tarifas de Internet y de telefonía celular. Responde a los intereses concentrados pero si no escucha ese humor social las cosas, lamentablemente, no van a terminar bien", concluyó.
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