En el dictamen en el que pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que "la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales".
La fiscalía que investiga a los cuatro detenidos de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un "esquema delictivo" para "imponer" ideas y "combatir las ajenas por la fuerza y el temor" y que eso sembró en la sociedad la escalada de "violencia y odio" cuyo "acto más trascendente" resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
"Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación" cometido el 1º de septiembre último, sostuvo en su presentación sobre el accionar de Revolución Federal, el fiscal del caso Gerardo Pollicita.
En el dictamen en el que pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi las detenciones y las declaraciones indagatorias, el fiscal entendió que "la actividad de la agrupación causó temor y alteró la tranquilidad de la sociedad y de las autoridades nacionales".
"Llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor", sostiene la imputación fiscal a la que tuvo acceso Currín.
La fiscalía advirtió que "concretamente se pudo corroborar que a través de la agrupación Revolución Federal en el período reseñado (al menos desde mayo de 2022) los nombrados alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas"
Esto estuvo dirigido "principalmente a funcionarios públicos de la actual gestión del PEN, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda entre otros, y en ese contexto atentaron entonces contra el orden público", agregó.
"Sosa y Morel (imputados como presuntos organizadores) decidieron organizar la agrupación con el objetivo prioritario aunque no único de que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes", remarcó el fiscal.
Los acusados tenían como objetivo "planificar, coordinar y difundir distintos tipos de mensajes de odio, escraches y actos intimidatorios" según el escrito que la fiscalía enumeró en el dictamen de 49 carillas entregado al juez.
Desde la agrupación "utilizaron las redes sociales como herramientas de difusión -donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población -siendo que por aquella vía y por las calles alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio", concluyó.
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