Con 37 votos a favor y 33 en contra, el Senado aprobó este jueves la reforma del Consejo de la Magistratura propuesta por el Gobierno nacional. La iniciativa, que amplía el número de sus integrantes y le otorga un carácter federal, pasará ahora a Diputados. El proyecto pasa a Diputados y deberá ser tratado antes del 15 de abril.
Con 37 votos a favor y 33 en contra, el Senado aprobó ayer la reforma del Consejo de la Magistratura propuesta por el Gobierno nacional.
La iniciativa, que amplía el número de sus integrantes y le otorga un carácter federal, pasará ahora a la Cámara de Diputados, que deberá aprobarlo antes del 15 de abril para cumplir el plazo que impuso la Corte Suprema.
Los votos afirmativos fueron de los 35 senadores del Frente de Todos, junto al rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. Los votos negativos fueron los 32 de Juntos por el Cambio y el de la cordobesa Alejandra Vigo. En tanto, el proyecto no incluye al presidente de la Corte en la conformación, una de las discuciones centrales entre el oficialismo y la oposición.
Qué dice el proyecto
La semana pasada, el Frente de Todos logró un acuerdo con los bloques provinciales para dotar de más federalismo al organismo y otorgarle mayor igualdad de género. De este modo, la iniciativa, que esta jueves obtuvo media sanción de la Cámara Alta, plantea que de los cuatro consejeros abogados, tres sean del interior, y que la misma proporción se respete con los consejeros jueces. Esto es, que tres de los cuatro pertenezcan a cámaras ubicadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Se definen cuatro regiones: AMBA (Ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Martín), Norte (Salta, Tucumán, Resistencia, Posadas, Paraná y Corrientes), Centro (Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza) y Sur (Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, General Roca y Comandante Luis Piedrabuena).
Además, se establece que el Consejo deberá estar integrado por un abogado y un juez por cada una de estas cuatro regiones, y deberá cumplirse la regla de la paridad de género, con representación igualitaria.
Por otra parte, el Consejo deberá sesionar una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país. En tanto, propone la creación de una quinta comisión denominada de "Asuntos Federales", la cual estará integrada por cuatro senadores, uno por cada una de las cuatro regiones mencionadas.
La fuerza política con mayor representación parlamentaria tendrá dos senadores en la comisión, mientras que la primera minoría y la segunda minoría tendrán un representante cada una.
Por último, a solicitud de Solari Quintana, se estableció que el representante designado por el Poder Ejecutivo no podrá ser reemplazado una vez finalizado su mandato por un integrante del mismo género, sino que deberán alternarse mujer y hombre.
La discusión
El punto principal de la discusión entre el oficialismo y la oposición tiene que ver con el rol que debería jugar la Corte Suprema de Justicia en el Consejo.
Mientras que el Frente de Todos plantea reformar el Consejo y llevarlo a 17 miembros -con un criterio de paridad de género pero sin ningún integrante del Máximo Tribunal- desde Juntos por el Cambio quieren volver a la antigua ley y que el presidente supremo esté en la presidencia del Consejo.
La diputada bonaerense y consejera, Graciela Camaño, se pronunció sobre esta discusión y planteó la necesidad de tener "un equilibrio” en el órgano que designa a los jueces.
“La Corte Suprema tiene que integrar el Consejo pero no presidir, y mucho menos tener doble voto”, aseguró la diputada en una entrevista con la AM750.
El fallo
El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema emitió un fallo por el que declaró inconstitucional la ley vigente sobre el Consejo de la Magistratura, y concedió hasta el jueves 14 de abril para la aprobación de un nuevo marco normativo.
Si eso no ocurriera, a partir del próximo viernes 15 se declararán inválidas todas las resoluciones que adoptase el Consejo de la Magistratura, paralizando a este órgano clave en el funcionamiento institucional de la Justicia.
Pero además, la sentencia prevé restaurar la vigencia de la ley derogada en 2006, cuando se aprobó la reforma que redujo de 20 a 13 la cantidad de consejeros, y le quitó a la Corte Suprema representación en el órgano (detentaba la presidencia).
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