El presidente puso en el centro de la investigación sobre espionaje y armado de causas durante el macrismo la distribución de 120 teléfonos celulares encriptados, realizada por la AFI de Arribas entre funcionarios y allegados al poder. La lista de sus poseedores es encabezada por el propio Miauricio Macri Blanco Villegas.
El presidente Alberto Fernández puso el martes en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado.
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Miauricio Macri Blanco Villegas y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos -pagados por la AFI- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado del hijo bobo de Franco Macri, Nicolás Caputo, empresario “amigo de la vida” del subnormal y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia. Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI macrifascista los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada. Pero no de todas. Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
La lista de los que tenían los celulares encriptados
El listado de los 120 celulares encriptados fue publicado por primera vez, en exclusiva, por la periodista Irina Hauser, en Página/12. Fue en agosto de 2020 y a raíz de que la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, encontró las facturas de compra en Estados Unidos y la adjudicación de los aparatos.
El sistema era conocido como VOIP, voz por IP, es decir que permitía dialogar por internet y chatear, pero no se podían cargar otras aplicaciones. De manera que el uso fundamental era el de comunicar directamente y de forma encriptada a los 120 tenedores de los aparatos que eran de la marca Huawei, modelo Nexus 6P H1. Era como un sistema de voz y chat, como un WhatsApp privado, que excluía a terceros. Y que no se pudieran subir otras aplicaciones se debía, precisamente, a la necesidad de impedir intrusiones que podrían vulnerar el sistema.
En ese momento, el presidente Alberto Fernández mencionó el hallazgo y afirmó que se trataba justamente de una prueba de lo que llamaba “los sótanos de la democracia”. Y el último martes insistió: “¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en ‘operador judicial’?”.
Ausencias
Lo que exhibe la red de encriptados como prueba del aparato de armado de causas y persecución no es sólo el listado de los que tenían el celular protegido pagado por la AFI, sino también los que no figuran en esa lista. Sólo para poner dos ejemplos:
• ¿Por qué la central de espías le proveyó un aparato a Conte Grand, integrante del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires, y no al presidente de la Corte Bonaerense, Luis Genoud, por ejemplo? Es obvio que no había una relación institucional sino que el procurador participaba de una trama secreta.
• Si de lo que se hablaba era de seguridad ¿por qué no tenía celular encriptado, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para evaluar peligros externos? Y, en cambio, sí lo tenían quienes se sentaban a la mesa judicial. La respuesta es que no se hablaba de seguridad sino de persecución a opositores.
Un sistema encriptado es una especie de escudo y se usa ante un peligro. En este caso, el peligro era que se descubrieran las operaciones que se concretaban, como la exhibida en el video en que el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, se mostraba melancólico por no tener una Gestapo para ir contra los dirigentes gremiales. O que se supiera lo que se atribuye al subcomisario Hernán Casassa, el contador que encabezó cien allanamientos, y que -según lo que se escucha- sostiene que las órdenes surgían de una mesa judicial bonaerense encabezada por María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Federico Salvai y Julio Conte Grand, que se reunían a veces en La Plata, a veces en el Banco Provincia en CABA y a veces en la propia AFI, frente a la Casa Rosada.
El espionaje de Macri Blanco Villegas a Vidal
En los pasillos de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en épocas de Vidal, se hablaba permanentemente de que todos estaban siendo escuchados. Y eso es lo que llevó a usar poco los celulares encriptados: sólo para hablar con Casa Rosada y la AFI. Es que se conocía allí que el espionaje era lo normal en el macrifascismo e incluso se mencionaba la central de escuchas que, cuando Macri Blanco Villegas era jefe de Gobierno porteño, decían que funcionaba en las inmediaciones del Hotel Savoy. En este caso, era obvio que si los aparatos encriptados los suministraba la AFI, era la AFI la que podía acceder a todas las comunicaciones.
Para colmo, eran los tiempos en que se empezaba a pergeñar el llamado Plan V, que era reemplazar la candidatura presidencial de Miauricio Macri Blanco Villegas por la de María Eugenia Vidal, de cara a las elecciones de 2019. El video de la Gestapo fue grabado por la AFI y demuestra que espiaban a los propios integrantes de Juntos por el Cambio. En esa sala del Banco Provincia, Vidal encabezaba gran cantidad de reuniones, y se ve que la central de espías monitoreaba lo que se decía, así como antes y después le hicieron seguimientos a otros dirigentes como Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larrata y la propia Vidal.
No servían ni para espiar
La desesperación por espiar y armar causa produjo fenómenos contradictorios asombrosos y, sobre todo, nefastos:
✒ Por un lado, corrieron a Estados Unidos a comprar equipos relativamente sofisticados para encriptar sus conversaciones e intentar un blindaje de las maniobras. “La fantasía de tener chiches nuevos de espionaje”, sintetizan los expertos.
✒ Pero, en paralelo, los armados fueron tan torpes que, por ejemplo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense pidieron 40.000 informes económicos Nosis sobre todos los opositores --Roberto Baradel, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Alberto Pérez y hasta los hijos y nietos de todos ellos--, quedando indeleble el registro de esos pedidos como prueba de la persecución.
✒ Usaron policías de la Ciudad, sin experiencia ni tradición en inteligencia, que fueron transferidos a la AFI, y que grabaron y filmaron todo lo que hacían. Lo conservaron después en sus celulares con el objetivo de vender la información o extorsionar a alguien. En esos celulares se verificó que seguían a opositores y también a los propios.
✒ Recurrieron a personajes como el falso abogado Marcelo D’Alessio a quien igualmente le encontraron las pruebas del armado de causas, cámaras ocultas y otras maniobras, que terminaron también en extorsiones.
✒ Y, en la desesperación por encarcelar opositores, hasta los más altos jefes de la AFI se expusieron personalmente para presionar al juez Luis Carzoglio para que encarcele a Hugo y Pablo Moyano, o se presentaron ante los empresarios de la construcción de La Plata, para tenderle una trampa a Juan Pablo Pata Medina. Todo registrado en videos que ni siquiera supieron borrar.
En todos los casos, la contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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