El presidente volvió a rechazar el espionaje ilegal. En una serie de tuits, destacó la denuncia que hizo la AFI por las persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores durante el régimen macrifascista. Cuestionó la entrega de "teléfonos encriptados" a funcionarios y socios políticos y comerciales de Cambiemos.
"Es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible", definió el presidente Alberto Fernández al referirse a la "Gestapo" macrifascista y el espionaje ilegal durante el abyecto régimen del ex hijastro de Flavia Palmiero.
A través de un hilo de tuits, el mandatario recalcó que ordenó a la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia que denuncie ante la Justicia "para que se investiguen acciones del anterior gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores".
Luego recordó que al comienzo de su gestión se denunció la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI a funcionarios nacionales y a "personas de la justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos".
"Se asignaron esos dispositivos a María Eugenia Vidal; a Julio Conte Grand, Procurador de PBA; a Daniel Angelici, ex presidente de Boca; a Gustavo Ferrari, ex ministro de justicia de PBA; al empresario Nicolás Caputo y a Martín Ocampo, ex Fiscal General de CABA, entre otros", enumeró Fernández.
A continuación se preguntó: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en “operador judicial”?.
El presidente sostuvo que "esas preguntas exigen una respuesta" y afirmó que "el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno y para promover persecuciones crimínales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible".
Por último, reclamó a la Justicia que investigue "sin demoras" ante "la gravedad de los hechos y la existencia de indicios graves, precisos y concordantes que dan cuenta de un presunto método ilegal de persecución".
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