Por primera vez un magistrado federal le asigna responsabilidad directa al ex hijastro de Flavia Palmiero en las denuncias por el accionar ilegal de la AFI durante el nefasto régimen de la alianza de derecha Cambiemos. La defensa del retrasado mental insistirá en su intento de que la causa vaya a Inodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrifascismo.
El juez Martín Bava procesó a Miauricio Macri Blanco Villegas por el espionaje a los familiares los submarinistas que buscaban respuestas acerca de lo sucedido con el ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017. Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un magistrado federal le asigna responsabilidad directa al ex hijastro de Flavia Palmiero.
"El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares", escribió el juez Bava en la resolución que se conoció ayer por la tarde.
El magistrado, además, embargó al idiota confeso por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Macri Blanco Villegas recibió la noticia de su procesamiento en Chile, donde pidió viajar para participar, supuestamente, de una cumbre sobre el cambio climático.
La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara al hijo bobo de Franco Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1º de octubre pasado. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.
En esa oportunidad, Macri Blanco Villegas no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido sobre el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.
El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el subnormal para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri Blanco Villegas se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado "anti-PRO". Por el contrario, Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió el sorete mal cagado el 3 de noviembre.
El espionaje ilegal
Según reconstruyó el juez, la AFI -desde su delegación Mar del Plata- se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri Blanco Villegas cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba el interés nacional e internacional.
"Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber que había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas ala seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial", escribió Bava. "La gravedad de los hechos aquí investigados, insisto, constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación alas garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado", añadió.
En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el ex director general de la AFI Gustavo Arribas, la ex subdirectora general Silvia Majdalani, el ex director de Reunión Interior Eduardo Winkler, el ex jefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrifascismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.
La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre del año pasado con una denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que el episodio debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el juzgado federal de Dolores -entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla-. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión de Inchausti y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.
Macri Blanco Villegas quiere que la causa vaya a Inodoro Py
Para Macri Blanco Villegas no está dicha la última palabra. Horas antes de que Bava dictara el procesamiento, su defensor, Pablo Lanusse, le había pedido a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para correr al juez que subroga en Dolores.
En realidad, la meta última del espiador serial es que la causa pase a Inodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrifascismo. Días atrás, el camarista Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o debe seguir en la justicia federal de Dolores.
Si pasara a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé antes de que le sacaran el expediente que tramitaba en esa jurisdicción.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12
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