El Gobierno quiere tenerlo listo "cuanto antes". Pero se profundizan las disidencias en asuntos como el déficit fiscal, la brecha cambiaria y las reservas. Cuáles son las exigencias del organismo. El rol de las expectativas para calmar a los mercados y ayudar a reducir la inflación. Pero los plazos son muy cortos.
Cuanto más cerca se está de concluir la ventana de tiempo en la que el gobierno se había propuesto cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más en duda parece su concreción en el corto plazo.
En los últimos días afloraron rispideces propias de toda negociación de este tipo pero suficientes para agregar una dosis de incertidumbre todavía mayor.
Las discusiones con el staff técnico de la entidad son “permanentes”, según dijeron voceros del organismo a Tiempo. Sin embargo, no están previsto viajes desde ni hacia Washington; todo se lleva a cabo por teléfono y videoconferencia. En esos encuentros virtuales, los puntos de discusión son cada vez más espinosos. En particular, el camino hacia el equilibrio fiscal, la reducción de la brecha cambiaria y el cese de la emisión monetaria como recurso para equilibrar las cuentas, aspectos en los que el cuándo, el cuánto y el cómo abren serias diferencias.
Esas cuestiones prácticas están conspirando contra la voluntad política de cerrar “cuanto antes” el nuevo programa, discurso que cada vez es enarbolado por más funcionarios. Ya no son solo el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández los que lo pregonan, convencidos de que no hay alternativa. En la última semana se sumaron al coro el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la reunión del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, y hasta el titular de una cartera eminentemente política como Wado de Pedro, ministro del Interior, frente a empresarios españoles. “Estamos haciendo todos los esfuerzos, por todos los medios”, dijo Manzur.
El tiempo que se había fijado el gobierno para arreglar la cuestión oscila entre diciembre y marzo. Fernández había prometido que a comienzos del mes entrante enviará al Congreso el programa económico plurianual que incluirá “los mejores entendimientos” alcanzados entre el FMI y el gobierno; Guzmán redobló la apuesta y dijo que en ese proyecto ya estará incorporado el acuerdo con el organismo, lo que da a entender que planea cerrarlo la semana que viene. Por otra parte, las autoridades se habían comprometido con el Club de París a normalizar la deuda con ese grupo antes del 31 de marzo, garantizando que para entonces estaría solucionada la cuestión con el Fondo.
En el medio hay obligaciones concretas que surgen del stand by de 2018, todavía vigente. En vísperas de Navidad vence una cuota cercana a los U$S 1900 millones, que será atendida con los DEG que recibió el Banco Central. En enero hay otra amortización prevista por U$S 731 millones, en febrero intereses trimestrales por U$S 372 millones y en marzo un remezón fuerte: un compromiso por U$S 2873 millones. Nadie asegura que para esa fecha las reservas netas del BCRA alcancen para su cancelación.
El des-acuerdo
Lo llamativo es que los puntos centrales del debate con el FMI son los mismos que Guzmán pactó hace un año y medio con Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo. Esto es, un acuerdo de facilidades extendidas a diez años de duración (el ala del oficialismo más reacia ya se resignó a que no habrá un plazo mayor) y sin mayores reclamos de reformas estructurales, que postergue el pago de los U$S 44 mil millones girados por el organismo por cuatro años y medio. Para ello, la entidad giraría un importe similar a cada cuota que vence en ese ínterin.
Las diferencias que obturan el cierre de un nuevo programa, como ya se apuntó, están vinculadas a cuestiones fiscales, cambiarias y monetarias. Pero los indicios también apuntan a una brecha conceptual. El gobierno insiste en que la firma de un nuevo programa no debe interferir en la búsqueda de la recuperación económica y que ella requiere políticas expansivas. “Buscamos un acuerdo sobre la base de nuestra visión. Es necesario que el Estado pueda cumplir su rol apuntalando el crecimiento de la demanda y que al mismo tiempo puedan ir ordenándose las cuentas públicas. Queremos seguir dándole continuidad a ese camino”, resumió Guzmán.
Sin embargo, trascendió que en las últimas conversaciones, Julie Kozack y Luis Cubeddu (los negociadores del Fondo) insistieron en pedir como requisito para refinanciar la deuda que el camino hacia el equilibrio fiscal se recorra en solo un par de años y que la distancia entre el dólar oficial y los alternativos se recorte lo más rápidamente posible para garantizar la liquidación de exportaciones y la acumulación de divisas netas.
De esa postura se desprende que la preocupación del FMI es asegurarse que la Argentina tenga suficientes recursos para hacer frente a partir de 2026 a un cronograma de pagos de deuda no mucho más contemplativo que el actual. La situación interna en términos de nivel de actividad y sobre todo de índices socioeconómicos quedaría entonces desplazada a un segundo plano.
Las señales desde el gobierno son ambivalentes. Pese a los discursos sobre políticas expansivas, y aun con el evidente empujón al gasto durante la campaña electoral, el déficit fiscal hasta octubre fue del 1,8% del PBI, bastante por debajo del 4,5% proyectado para todo el año en el Presupuesto 2021. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el gasto en jubilaciones y pensiones cayó en términos reales un 4% interanual en octubre y en materia de prestaciones sociales, el acumulado en diez meses está un 14% por debajo del nivel de 2020. Aunque el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, dijo en el acto del Día de la Construcción que “hoy están en marcha más de 3000 obras en todo el país”, la OPC señala que hasta octubre la ejecución presupuestaria en el rubro gasto de capital fue de solo el 65,5%. También, ya se anunció para el año próximo la segmentación de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, para reducir su impacto en el Tesoro.
Este sesgo hacia la austeridad lleva al Instituto del Trabajo y la Economía (ITE) a preguntarse cuál es la estrategia fiscal para el año que viene, para el que el Presupuesto bosqueja un déficit primario del 3,3% del PBI, y si hay una meta “FMI-friendly” para 2022. “Un ajuste fiscal del 1% del PBI como prenda de negociación para lograr un acuerdo con el FMI que lleve el déficit al 2,3% para 2022 simplemente equivale a sincerar una proyección sobrestimada”, arriesga ese centro de estudios.
Expectativas
En un webinar para inversores, Leonardo Chialva, de Delphos Investment, recordó que en los recientes acuerdos celebrados por el FMI en los últimos años, con Argentina y con otros países como Islandia, Ucrania, Angola y Ecuador, se observan como patrones comunes no solo una baja del déficit sino una exigencia de que la tasa de interés real sea positiva, de manera de reducir presiones hacia el dólar. “Esa tasa positiva golpearía contra el consumo y la producción. Sirve para poner la economía en una recesión que permita acumular reservas, pero no parece ser políticamente viable en la Argentina. Y si no es creíble, no servirá para anclar expectativas”, opinó.
El Banco Central, en su Informe de Política Monetaria, reconoció que una renegociación exitosa es esencial para generar mayor confianza en la gestión oficial. “Con vistas al 2022, un próximo acuerdo con el FMI ayudará a mejorar las expectativas”, afirma el documento, y agrega que eso será clave para “contener las presiones cambiarias y las expectativas de inflación”.
Otro ítem que frena el apuro del gobierno es el recargo en las tasas de interés que el Fondo le aplica a Argentina por haber superado el límite de crédito disponible (excepción que, se recuerda, autorizó expresamente el propio FMI). La derogación de esa sobretasa de tres puntos anuales no fue aprobada en octubre, como se esperaba. Sin embargo, voceros del Fondo dijeron a Tiempo que “en diciembre el directorio va a discutir las sobretasas”. Como su eliminación permitirá ahorrar al país más de U$S 1000 millones anuales en concepto de intereses, difícilmente el gobierno acepte cerrar un nuevo acuerdo antes de esa decisión.
Por Marcelo Di Bari para Tiempo Argentino
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