Calcaterra explicó que no le parece que haya habido favoritismo en la adjudicación porque las empresas locales “tienen la logística ahí, no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias". Que hablara de las ventajas competitivas alegró a la defensa de los imputados y amargó a la fiscalía.
Angelo Calcaterra, primo (y testaferro?) de Miauricio Macri Blanco Villegas, también derrumbó gran parte de la acusación en el juicio por las obras viales de Santa Cruz.
Uno de los puntos clave de la imputación es que Lázaro Báez ganó 51 de las 81 licitaciones de las rutas santacruceñas y, supuestamente, eso lo logró por la ayuda de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, Calcaterra explicó que las empresas locales tienen fuertes ventajas en las licitaciones porque “tienen la logística ahí, no necesitan transportar ni el personal ni las maquinarias, conocen la zona, cuentan con un obrador en el lugar, disponen de los mecánicos y los proveedores. Eso les da grandes ventajas competitivas”.
Calcaterra aclaró que nunca licitó en Santa Cruz y ni siquiera estaba en el registro de proveedores, por lo que no podía hablar de irregularidades en esas licitaciones. Pero, además, agregó que se presentó junto a Lázaro Báez en la licitación más grande, que fue nacional, por las represas Jorge Cepernik y Néstor Kirchner, en territorio de Santa Cruz. Resultó curioso que un familiar y socio de Macri abasteciera a las defensas en un juicio iniciado por denuncia del macrifascismo.
El primo del domador de reposeras estuvo nervioso al principio, se escudó un par de veces en que no se acordaba de tal cual cifra, pero se fue soltando a lo largo de la hora que duró el testimonio. Por lo que dijo, no le fue mal durante el kirchnerismo: participó de unas 300 licitaciones y ganó varias de ellas. "Era una empresa muy grande. Ya la vendí", explicó. Calcaterra es el tercer empresario que desmiente las acusaciones de una causa que es clave porque la hipótesis es que, de las obras públicas de Santa Cruz, los Kirchner sacaron fondos ilegales que después Báez les devolvía a través de alquileres de propiedades, entre ellas los hoteles como el Alto Patagonia u oficinas y casas en Santa Cruz y CABA. Los dos empresarios anteriores que declararon, Juan Chediak y Carlos Wagner, expresidentes de la Cámara de la Construcción, dijeron que nunca recibieron en esa Cámara ninguna denuncia por irregularidades en las licitaciones de Santa Cruz. Calcaterra reiteró que no participó de esas licitaciones y que en la única que intervino, no la hizo la administración santacruceña sino que fue hecha a nivel nacional, de manera que no le aportó nada a la fiscalía desde el punto de vista de la hipótesis acusatoria de que los concursos fueron tramposos.
Por el contrario, la declaración del primo de Macri Blanco Villegas les sirvió esencialmente a las defensas. Sobre todo, en el punto clave -a preguntas realizadas por Carlos Beraldi, el abogado de CFK- que es la razón por la que Báez ganó la mayoría de las licitaciones santacruceñas: “tenía fuertes ventajas comparativas por ser una empresa local”. Pero también, el testigo le sirvió a las defensas en otro punto de importancia. En la primera década del 2000, Báez compró la parte mayoritaria de otras constructoras santacruceñas y una de las cosas que se le cuestiona en la acusación es que participó con más de una empresa en las licitaciones. Calcaterra contó que él era accionista de dos constructoras, Iecsa, la más grande, con 3.000 empleados, y Creurban, más chica. Y que se presentó con ambas en algunas licitaciones, en la mayoría de los casos en unión transitoria de empresas (UTE), o sea en sociedad con otras compañías. “A veces se presentaban juntas, algo que se hacía por temas de especialidad, una más orientada a la arquitectura, la otra más orientada a la ingeniería; a veces porque una tenía más garantías bancarias o más capacidad disponible, o antecedentes o espaldas financieras", le contestó Calcaterra a Juan Villanueva, el abogado de Báez. "Y en alguna oportunidad se presentaron por separado, en UTEs distintas. Y me parece que hubo ocasiones en que se presentaron por separado cada una por su lado, ya no en UTE, debido a la especialidad que tenían”, agregó.
También desmanteló otras acusaciones. Una de las hipótesis es que Báez competía poniendo precios bajos en sus propuestas y que después conseguía más dinero a través de las redeterminaciones de precios. “Es imposible hacer una obra sin redeterminación de precios. Es que una obra tarda cuatro o cinco años y entonces tiene que haber un reajuste a la realidad, porque la inflación es evidente. Sin embargo, en las redeterminaciones de precios se pierde mucho, porque tardan y entonces nunca se produce un ajuste con el precio real”, dijo Calcaterra. En ese terreno, confirmó lo que ya habían dicho Chediek y Wagner: las redeterminaciones se hacen de acuerdo a un decreto de Eduardo Duhalde y terminan no favorecieron para nada porque nunca alcanzan a la verdadera inflación. No lo dijo, pero los índices de reajuste eran los del INDEC en tiempos de Guillermo Moreno, por lo cual -según los empresarios- siempre se perdía.
Finalmente, Calcaterra también confirmó que los anticipos financieros siempre existieron y que eran habituales los adelantos de Vialidad, no un privilegio de Báez. En la realidad constituyeron una especie de crédito a las constructoras y se les aplicaba el interés del Banco Nación.
Al final de la jornada quedó la extraña sensación de un macrifascista que pasó por el juicio, pero no dijo ni una sola palabra que le pusiera una sonrisa en la cara al fiscal Diego Luciani. Del otro lado, las defensas de CFK y Lázaro Báez se fueron muy conformes. La semana próxima, los testigos están vinculados con la Coalición Cínica, en especial la infornicable diputada Paula Olivetto. Habrá que ver qué elementos concretos tiene sobre licitaciones que se hicieron en Santa Cruz, se adjudicaron y controlaron en la provincia santacruceña.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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