Lo concluyó la jueza María Eugenia Capuchetti, quien, por tratarse de hechos similares, le envió ayer el expediente a su colega Marcelo Martínez de Giorgi para que lo investigue conjuntamente con la causa que nació en Lomas de Zamora y, por decisión de la Cámara Federal de Casación, se mudó a Inodoro Py.
El mismo auto que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) apostó en agosto de 2018 afuera del Instituto Patria para espiar a Cristina Fernández de Kirchner había estado dos años antes siguiendo a los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Alejandro Posadas. A esa conclusión llegó la jueza María Eugenia Capuchetti, que hace unos meses recibió y tramitó una denuncia de una asociación profesional. Por tratarse de hechos similares, le envió ayer el expediente a su colega Marcelo Martínez de Giorgi para que lo investigue conjuntamente con la causa que nació en Lomas de Zamora y, por decisión de la Cámara Federal de Casación, se mudó a Inodoro Py.
En noviembre del año pasado, la asociación de profesionales CICOP denunció que en el centro médico se había implementado un “sofisticado aparato represivo y de espionaje ilegal destinado a implementar un ‘ajuste’ consistente en despidos”. La denuncia quedó radicada en el juzgado de Capuchetti, quien, durante 2020, compartió turno con el fiscal Carlos Stornelli -procesado en la causa de espionaje de Dolores-. Después de recabar información, la jueza declinó este martes la competencia a favor de Martínez de Giorgi, que deberá definir si acepta la causa o lleva la contienda a la Cámara Federal.
En marzo de 2016, cuando recién había comenzado el nefasto régimen de Miauricio Macri Blanco Villegas, trabajadores advirtieron que los seguía un vehículo extraño. Se trataba de un VolksWagen Voyage de patente NNV 682. Su imagen llegó incluso a ser publicada el 1º de abril de ese año por el portal El Cactus de Morón.
Si bien los despidos y la persecución comenzaron durante la dirección de Alberto Díaz Legaspe, fue después de la designación de Pablo Bertoldi Hepburn que los referentes de la CICOP sitúan el desembarco de la AFI en el Posadas. La vinculación de la segunda gestión con los servicios no es un descubrimiento de los profesionales de la salud, sino que incluso había sido señalada durante el macrifascismo por el pasquín derechoso La Nación. La presunta conexión de Bertoldi Hepburn con las máximas autoridades de la AFI macrifascista dio pie a una denuncia que presentó la diputada del Frente de Todos Mónica Macha el 14 de febrero de 2017. Como Stornelli, que también en ese caso era el fiscal, no impulsó la acción penal, el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa el 10 de marzo de ese mismo año.
En el Posadas, la presencia de servicios de inteligencia trajo reminiscencias de su pasado reciente. Empezado a construir durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, recién fue puesto en funcionamiento como hospital general en 1972. Entonces se destacó por su plantel de trabajadores jóvenes y comprometidos con el ideal de un hospital de puertas abiertas a la comunidad. El 28 de marzo de 1976, fue ocupado militarmente y, para noviembre de ese año, empezó a funcionar un centro clandestino de detención dentro de su predio. Los trabajadores recuerdan la presencia de un grupo de hombres que se presentaban como abogados del ministerio, pero, en realidad, pertenecían a los servicios de inteligencia. Un recuerdo que se volvió más nítido después de la gestión macrifascista.
El 7 de agosto de 2018, el mismo Voyage NNV 682, que perseguía a los trabajadores del Posadas, fue detectado afuera del Instituto Patria. A los dos días, los entonces directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani le enviaron una nota a la Comisión Bicameral de Inteligencia en la que reconocían que el vehículo pertenecía a un área operacional de la Agencia, pero dijeron que estaban cumpliendo tareas ordenadas por un juez.
En los primeros meses del Gobierno de Alberto Fernández, la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, denunció los hechos ante la justicia federal de Lomas de Zamora. Allí fueron procesados los dos máximos jerarcas de la AFI macrista junto con el director operacional de Contrainteligencia Martín Coste y el director de Operaciones Especiales Alan Ruiz. Quedó acreditado que para agosto de 2018 la AFI estaba espiando a CFK en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay. Los agentes que estuvieron abocados a la vigilancia ilegal de CFK relataron ante la justicia que los habían enviado a observar si “entraban o sacaban bolsos o bolsas”. Las tareas de inteligencia ilegal coincidieron con la génesis de la causa de los cuadernos -en manos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Stornelli-.
Las otras causas de espionaje
Los procesamientos por el espionaje en el Instituto Patria fueron confirmados el año pasado por la Cámara Federal de La Plata. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación también rechazó los recursos de los imputados. Coste intentó sin éxito que Martínez de Giorgi lo sacara de la causa después de que el expediente se mudara a Inodoro Py. El paso siguiente natural sería que el fiscal de la causa, Franco Picardi, pida su elevación a juicio.
La causa del Patria es conexa a la de los Súper Mario Bros y el espionaje penitenciario. Ese expediente es, de alguna manera, la madre de todas las batallas. Allí hay 38 procesados, entre la AFI y las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) junto con la ex coordinadora de Documentación Presidencial de Macri Blanco Villegas, Susana Martinengo, una funcionaria que frecuentaba a los espías conocidos como Súper Mario Bros. El juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé le dictó una falta de mérito en ese expediente a Darío Nieto, el secretario privado del domador de reposeras y actual candidato a la Legislatura porteña.
Los 38 procesamientos y la falta de mérito de Nieto están siendo analizados por la Cámara Federal. Allí, los jueces Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi deben decidir si convalidan lo que resolvió Augé. No hay optimismo entre los querellantes, sino preocupación. En el tribunal descartan un pronunciamiento en esta semana.
Martínez de Giorgi espera que la Cámara resuelva para usar esa decisión como brújula, tanto para continuar con la investigación en esa causa como en las otras que son conexas a ésta: ya sea la de la bomba sin conectar que la AFI le habría dejado al funcionario del Ministerio de Defensa José Luis Vila como la del espionaje masivo durante las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G20.
En la Cámara Federal, también está para que el juez Leopoldo Bruglia defina quién deberá seguir investigando la mesa judicial del macrismo -que también incluía a Arriba--. El camarista tendrá que definir si continúa en manos de Capuchetti o si pasa al juzgado federal 12, que subroga Ariel Lijo.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12
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