Tras dos años sin que el nombre de la ex presidenta apareciera en la causa, la fiscalía introdujo un insólito testimonio.
La fiscalía intentó el martes introducir el nombre de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio por la obra pública en Santa Cruz tras dos años y medio de audiencias en que a la vicepresidenta ni se la nombró. En escena apareció un portero, Gonzalo Lorente, que dijo que en algún momento entre 2010 y 2012 se recibió un sobre, abierto, en las oficinas de Lázaro Báez, en el Pasaje Carabelas, con unas boletas de ABL a nombre de Cristina Kirchner por uno o dos departamentos de Puerto Madero. La jugada, muy indirecta, consiste en aportar un elemento que vincula a Báez con Cristina, para intentar mostrar que el santacruceño fue beneficiado en la construcción de rutas.
Pero, por un lado, la prueba tiene poca o ninguna entidad. Por otro lado, el ABL llega a la propiedad a la que se le cobra el gravamen, no a otro lado, por lo tanto, la versión no parece verosímil. En tercer lugar, Cristina y Néstor Kirchner, titulares de Los Sauces, le alquilaban desde aproximadamente 2009, dos departamentos en Puerto Madero a Cristóbal López y Fabián De Sousa, no a Báez, y lo hacían a precios de mercado según demostró una extensa comparación de alquileres con propiedades similares de la zona. Por lo que tampoco se entiende qué tendría que ver Báez en la cuestión. Además se supone que la boleta venía a nombre de Los Sauces, no de Cristina.
¿Denuncia por falso testimonio?
El abogado de CFK prometió estudiar todo el asunto y después decidirá si denuncia o no a Lorente por falso testimonio. El portero parecía notoriamente anti-K: opinó sobre los custodios de Martín Báez y volvió con el tema de que empleados de Báez viajaban al sur con bolsos. Hay una cuestión que pone sobre el tapete, nuevamente, la persecución política: la documentación de Los Sauces no está disponible porque siempre estuvo en manos del histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, captado como arrepentido durante el gobierno de Cambiemos.
El testimonio del portero exhibe la orfandad de las pruebas que saca de la galera el fiscal Diego Luciani. En las audiencias que empezaron en mayo de 2019 casi no hay menciones a CFK porque las obras de Santa Cruz se licitaron, adjudicaron y controlaron en la provincia y los fondos se decidieron por votación del Congreso Nacional en los presupuestos de cada año. De manera que introducir un portero, una boleta de ABL, es la nada misma y sólo apunta a sugerir que CFK y Báez eran tan íntimos que el constructor le pagaba los impuestos -en realidad, habría sido una sola vez- a la mandataria. Sucede que Lorente dijo que todos los meses se fijaba en las boletas de ABL y que la que habría llegado a nombre de CFK no volvió a llegar más al edificio.
Acusación sin pruebas
En general, los testigos de la fiscalía naufragaron ya que la mayoría sostuvo ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Gimenez Uriburu, que los trámites en el Congreso fueron los normales y parecidos a los que ocurrieron en todas las provincias. Uno de los puntos claves es que las empresas de Báez ganaron 51 de las 81 obras que se hicieron en las rutas santacruceñas. Pero se trata de un fenómeno que ocurrió en la mayoría de los distritos: las empresas locales, que tienen el personal y la maquinaria en las distintas provincias, suelen ganar más licitaciones que las que vienen de CABA o el Gran Buenos Aires. La cuestión es más acentuada todavía en Santa Cruz, un distrito que está a 1800 kilómetros del área metropolitana, con clima muy adverso, de manera que las obras ahí suelen interesar poco. A menos que se trate de algo de gran envergadura. Fue el caso de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. Pero en esa elección, justamente, Báez perdió.
Tal vez la semana próxima -caso contrario, será el martes 5 de octubre- empezarán a declarar como testigos en ese juicio los pesos pesados de la construcción. Todos son empresarios convocados por la defensa de CFK: Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, Eduardo Eurnekian, Juan Chediak y hasta Angelo Calcaterra, el primo (¿y testaferro?) de Miauricio Macri Blanco Villegas. Todos ellos se supone que darán cuenta de cómo fueron los mecanismos de licitación y adjudicación de obras viales en épocas del kirchnerismo. Luego vendrán todos los jefes de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, incluyendo al actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al actual titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En verdad, los jefes de Gabinete son los encargados de la gestión de los presupuestos, sus ampliaciones en función de la inflación y con reajustes establecidos por un decreto firmado en su momento por Eduardo Duhalde.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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