El informe firmado de manera unánime por los peritos oficiales y de las defensas determinó que, en la causa por la compra de Gas Natural Licuado durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, “los precios a los que contrató Enarsa se condicen con los de mercado”. El peritaje derrumba otra de las acusaciones impulsadas por el fallecido y corrupto juez Claudio Bonadio y el procesado fiscal Carlos Stornelli, con la ayuda del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Otra mentira que se cae. Un peritaje firmado de manera unánime por los especialistas oficiales y los de las defensas certificó, en la causa por el Gas Natural Licuado (GNL), “que los precios a los que contrató Enarsa se condicen con los de mercado”.
El texto final, rubricado por diez peritos, tiene fecha del 16 de septiembre de 2021, se presentó ayer en Inodoro Py y derrumba otra de las acusaciones que pusieron en marcha el fallecido juez Claudio Bonadio, el fiscal Carlos Stornelli, con la ayuda en este punto del falso abogado Marcelo D’Alessio, llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro: se procesó y encarceló, entre otros, a Julio De Vido y Roberto Baratta por sobreprecios inexistentes en los gastos portuarios cuando se trajeron a la Argentina barcos con GNL. El peritaje de 130 páginas demuestra que la acusación fue falsa y que el proceso fue correcto.
En la causa por la compra de GNL ya hubo un primer escándalo: Bonadio se basó en el peritaje hecho por David Cohen, quien copió monografías de estudiantes chilenos (sin citarlos), inventó siglas de centros de estudios inexistentes y se basó en un precio norteamericano del gas, el Henry Hub, que se correspondía con gas de gasoducto y no de barco -hoy Cohen está a punto de sentarse en el banquillo por falso testimonio agravado-. Bonadio recibió el análisis de otros dos peritos, pero desechó sus conclusiones, y sólo usó el estudio trucho porque le servía para perseguir a los opositores. Para colmo, se acusó a De Vido y a Baratta de un sobreprecio de 6800 millones de dólares, una cifra descabellada, desmentida hasta por el propio Juan José Aranguren, ministro de Energía de Macri Blanco Villegas.
Cuando se derrumbó el peritaje de Cohen, el fiscal Stornelli le tomó declaración, en secreto, a D’Alessio, que fue llevado a la fiscalía por Santoro. El falso abogado sostuvo que la trampa estuvo en los costos portuarios y en los seguros. Su jugada fue grotesca: para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner, D’Alessio dijo que la mandataria llamó por teléfono y exigió que se contratara a Nación Seguros para todo el trámite portuario y que también hubo sobreprecios en los seguros. La hipótesis era descabellada desde el vamos -ningún presidente llama personalmente para hacer algo así-, pero le sirvió a Bonadio para procesar una vez más a CFK.
Lo que se entregó ahora es un largo análisis, hecho por un conjunto de diez peritos encabezados por tres hombres de la Prefectura Nacional. Se estudió cada barco que llegó a los puertos argentinos con gas, cómo fueron los costos de los trabajos portuarios, como se hicieron las contrataciones y si hubo o no sobreprecios.
En la página 131 dice textualmente que “nos permite concluir que el precio facturado en los años 2011 y 2012 se condice con los precios de mercado de esa época. Para los años 2014 y 2015, los servicios de agenciamiento marítimo resultaban bajos condiciones licitatorias permitiendo considerar los montos facturados por Meridien S.A, como precios de mercado”. Después de esas frases, los diez peritos se limitaron a firmar. O sea, frente a la acusación de que hubo una maniobra en el valor de los servicios portuarios, el peritaje dictamina que no existió ninguna irregularidad y que se pagaron los valores que pagaron otros barcos y empresas.
Las maniobras con las causas contra funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tuvieron, casi todas, un mismo hilo conductor:
• Acusación mediática inicial, con una denuncia formulada en Inodoro Py por diputados del PRO. En este caso, la infornicable Laura Alonso, la dipsómana Patricia Bullrich Luro Pueyrredón y "el breve" Federico Pinedo.
• Asombrosos sorteos en los que siempre caía la instrucción o bien en manos del juez Bonadio o bien en las de Julián Ercolini.
• En este expediente y en muchos otros -Dólar Futuro, Qunitas, obras en Santa Cruz, Oil, Hotesur, Los Sauces- no se hicieron los peritajes más elementales o se hicieron burdas truchadas. El ejemplo más descomunal fue el peritaje de Gendarmería en la muerte de Nisman. Pero lo que ocurrió en buena parte de las causas de persecución se ejemplifica con la causa del GNL: se acusaba por fraude al Estado sin determinar si hubo un perjuicio para el Estado o si realmente existieron sobreprecios.
• Sin evidencias, pero con el acompañamiento mediático, político y de un grupo de fiscales alineados con el macrifascismo, se procesó, embargó y hasta encarceló -como en la causa GNL- a funcionarios y empresarios.
Ahora, en el proceso de juicios orales, los tribunales se dan cuenta que no pueden empezar las audiencias sin ordenar los estudios que no se hicieron, como correspondía, en la instrucción. Y esos estudios terminan llegando a conclusiones, por unanimidad, que derriban la acusación. Entonces se plantea el dilema: ¿cómo hacer un juicio si el peritaje clave dice que no hay delito? Pese a ello, no deja de haber jueces que siguen adelante por temor a la tapa de los diarios o a quedar desmarcados en su alianza de fondo con Juntos por el Cambio.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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