El acuerdo está en debate en la Legislatura local, donde el oficialismo busca darle una aprobación inicial en la sesión ordinaria del 30 de septiembre.
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| En el predio hoy funciona un estacionamiento pero se podrá hacer una torre de 72 metros |
La intención del régimen porteño de avanzar con el emplazamiento de una torre de 72 metros en un Área de Protección Histórica (APH) en el microcentro, a cambio de que la constructora abra un espacio de acceso público, arrastra un extenso litigio judicial que llevó ahora a la nefasta administración de Horacio Rodríguez Larrata a idear un convenio urbanístico a medida del emprendimiento inmobiliario.
El reciente acuerdo entre el Ejecutivo porteño y la desarrolladora Nahuente SRL está en debate en la Legislatura local, donde el oficialismo busca darle una aprobación inicial en la sesión ordinaria del 30 de septiembre, mientras que el arco opositor mantiene una resistencia a la iniciativa al considerar que atenta contra la preservación del patrimonio histórico de la ciudad.
El convenio impulsado por la gestión porteña otorga un nueva "valorización del suelo a partir del cambio de los parámetros urbanísticos" al terreno privado en donde en la actualidad funciona un estacionamiento y que forma parte de la manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, San Martín y Viamonte.
Así, elevó de 16 a 72 los metros habilitados para edificaciones y dejó abierta la posibilidad a la empresa a levantar una construcción en altura, en tanto que, b con la obligación que tenga un 50% de suelo verde.
Todo ello ocurrirá en terrenos que lindan con la Iglesia y el Monasterio de Santa Catalina de Siena, ambos construidos en la época colonial, cuyo diseño estuvo a cargo del arquitecto italiano y jesuita Giovanni Andrea Blanqui, y declarados Monumento Histórico Nacional.
En rigor, el emprendimiento inmobiliario no es nuevo, sino que en 2011 existió un acuerdo entre el Gobierno porteño y el privado -que llegó a obtener un permiso de obra por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística- para la torre con oficinas, un hotel, un centro comercial y tres subsuelos para estacionamiento de 350 vehículos.
Por entonces, las organizaciones en defensa del patrimonio, entre ellas Basta de Demoler, acompañadas por miembros de la comunidad religiosa de Santa Catalina, presentaron un amparo judicial para frenar los trabajos ya que sería al lado de un conjunto de construcciones consideradas entre las más antiguas existentes en la ciudad.
El proceso judicial se extendió hasta el 2016 y llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de la CABA, que ese año confirmó el amparo que declaró nula la resolución y se refirió, en su fallo, a "una desmesura en el celo por los intereses privados y en la postergación del interés en la preservación del patrimonio histórico".
Para José Manuel Díaz, gerente de Nehuente SRL, "los sucesivos fallos que hubo en primera y segunda instancia y en el Tribunal Superior de Justicia tuvieron fundamentos erróneos. Aquello fue un acto de injusticia más que de justicia, pero lo tuvimos que aceptar más allá que la ciudad nos había aprobado un proyecto que no se pudo materializar".
"Las conversaciones con el Gobierno porteño vienen desde hace años y nos plantearon que este convenio urbanístico era ahora la forma de solucionar el problema porque ellos nos habían dado un permiso de obra con la que no pudimos avanzar y seguramente veían allí un potencial juicio", precisó.
Por su parte, María del Carmen Arias Usandivaras, de la asociación Basta de Demoler, indicó que el convenio "es ilegal y está en contra de un amparo que obtuvimos en el 2013 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2016".
"No vamos a permitirlo, vamos a seguir adelante porque es violatorio de las normativas de la APH y porque infringe el Código que prohíbe edificios de perímetro libre en esa zona", afirmó.
La mujer, además, señaló que en julio pasado ingresaron en la Legislatura un proyecto para que el predio en manos de Nehuente sea expropiado y transformado en un espacio verde en su totalidad.
Al respecto, la legisladora del Frente de Todos María Bielli pidió al bloque oficialista del Parlamento porteño que la iniciativa de Basta de Demoler sea parte del debate que se dio en estos días en las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto dado que contemplaba al mismo terreno.
No obstante, la solicitud fue denegada al entender que ambos proyectos "son de distinta naturaleza ya que uno es un convenio urbanístico y el restante es una ley para expropiar", según consignó el diputado de Vamos Juntos Daniel Del Sol en una reunión realizada el viernes.
"La construcción de la torre de 23 pisos podría afectar al convento ya que va a dejarlo en sombra por su orientación al norte, lo que podría afectar las condiciones del monumento histórico que necesita de asoleamiento para evitar que la humedad afecte su conservación", advirtió Bielli y agregó que "estamos ante un proyecto que contribuirá a generar una ciudad más gris y menos verde y que pone en juego el patrimonio histórico y cultural de la ciudad".
Fuente: nota de Valeria Azerrat para Télam
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