El presidente Alberto Fernández instruyó a la representación ante la ONU que apoye "con fuerza" el informe realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Tras la polémica generada por la postura del embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, el Gobierno apoyó ayer los informes elaborados por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela y se mostró "preocupado" por la crisis que enfrenta el país gobernado por Nicolás Maduro.
Al comienzo de la jornada, la Cancillería difundió un comunicado para dar a conocer que por expresas instrucciones del presidente Alberto Fernández la representación ante los organismos internacionales en Ginebra iba a apoyar "con fuerza" la labor de la ex mandataria chilena, así como también respaldar el planteo para que se instale una misión permanente en Caracas para "encaminar soluciones apropiadas".
"Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana", subrayó la cartera conducida por Felipe Solá.
A través de un comunicado y con el objetivo de revertir la postura que había planteado Raimundi días atrás en la Organización de Estados Americanos (OEA), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto anticipó que la Argentina "valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet".
"En ese marco, instamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes", remarcó el Palacio San Martín.
En ese sentido, la cartera conducida por Felipe Solá manifestó que la Argentina espera que se lleven adelante "investigaciones prontas" que sean "exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes" respecto a "las alegaciones de violaciones a los derechos humanos".
Además, el Gobierno anticipó que planteará ante el Consejo "la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas" ante la crisis venezolana.
"La Argentina contribuirá así a que se cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por la Alta Comisionada y el Gobierno venezolano, valorando ese espacio de trabajo concreto abierto recientemente a partir de la presentación de las recomendaciones y solicitudes de la Alta Comisionada", añadió el texto oficial y agregó que "son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral".
Más tarde, el embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas Beltrán, subrayó que la Argentina "está preocupada por la situación de los derechos humanos" en Venezuela y respaldó los informes elaborados por Bachelet.
"La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos, así como también por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela, agravada por el incremento de las sanciones económicas y financieras y por la pandemia del COVID-19, como lo ha señalado la Alta Comisionada en sus informes", sostuvo el diplomático en su discurso en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y añadió que "los derechos fundamentales de todos los venezolanos deben prevalecer por sobre otras consideraciones. Este Consejo debe apoyar el trabajo de la Alta Comisionada para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela".
Finalmente, Villegas Beltrán instó a "todos los actores relevantes dentro y fuera de ese país a colaborar con ella" y expresó su deseo de que se pueda "avanzar hacia el establecimiento de una oficina permanente en Venezuela".
De esta manera, el Gobierno modificó la imagen que había dejado días atrás en el escenario internacional sobre su postura ante la crisis del país caribeño, ya que el representante argentino ante la OEA había afirmado que la nación gobernada por Nicolás Maduro "ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo" y que "hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países", lo que había generado fuertes críticas de la oposición y de actores internacionales.
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