La Justicia archivó la causa iniciada por Elisa Carrió. El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hubo ninguna maniobra ni delito en las denuncias sobre el accionar de la banda del falso abogado Marcelo D'Alessio y sus relaciones con el fiscal Carlos Stornelli. El magistrado concluyó que esas acusaciones no alteraron la causa de las fotocopias de los cuadernos, como sostenían Carrió y los medios afines a Juntos por el Cambio.
La Operación Puf Puf quedó en la nada. La Justicia archivó la causa iniciada por la desquiciada Elisa Carrió y sostenida por los medios aliados al macrifascismo en los que se acusaba a ex funcionarios y empresarios, presos en Ezeiza, junto con otros dirigentes peronistas, abogados y periodistas de montar un gigantesco complot para hundir la causa de las fotocopias de los cuadernos. La conspiración era haber develado las extorsiones de Marcelo D'Alessio y por esa vía, afectando al fiscal Carlos Stornelli y al juez Claudio Bonadio, dañar el expediente de la causa por las fotocopias de los supuestos cuadernos.
El supuesto complot incluía sacar a la luz el papel del falso abogado y todos los que lo rodeaban, en las exigencias de dinero, el armado de causas falsas y en la concreción de operaciones de espionaje ilegal, bajo el paraguas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hubo complot alguno en las acusaciones contra D'Alessio y su banda, que la causa de las fotocopias no se alteró y que por lo tanto no existió delito ni Operación Puf Puf.
En una noche de mediados de junio de 2019 circuló la versión de que Bonadio preparaba más de 20 detenciones. La lista incluía al ahora diputado Eduardo Valdés, a Rodolfo Tailhade, a los abogados de los detenidos en Ezeiza y varios periodistas. Todo tenía que ver con la denuncia de las diputadas de Cambiemos Mariana Zuvic y Paula Olivetto, que se presentaron en nombre de Carrió para denunciar un complot contra la causa cuadernos. Los detenidos serían los que, según las diputadas y el juez, participaron del supuesto complot dando a conocer los delitos de D'Alessio, Stornelli y otros.
La "prueba" que aportaron fue un sobre, supuestamente enviado en forma anónima a Carrió, conteniendo unas escuchas telefónicas realizadas por la AFI a los presos de Ezeiza, principalmente al ex secretario de Energía Roberto Baratta y el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. Esas escuchas fueron parte del espionaje ilegal a los detenidos y las concretaron poniendo en el pabellón al narco Mario Segovia: con la excusa de vigilarlo, espiaron a todos los demás.
En uno de los diálogos, Valdés le dijo a Schiavi: "Stornelli, Bonadio, puf, puf". En verdad el diputado se refería a que el periodista Carlos Pagni, de La Nación, había pronosticado que la causa de las fotocopias iba a tomar más vuelo porque un nuevo detenido, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo, iba a apuntar contra un secretario de los Kirchner, Isidro Boudine, y que éste revelaría gravísimas acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner. Valdés utilizó el término puf puf para decirle a Schiavi que eso no ocurrió y que la operación adelantada por Pagni, en base a relatos de Stornelli-Bonadio, quedó en la nada, se pinchó, se hizo humo: puf puf. Está claro que algunos ya sabían que se gestaba la causa de Dolores, porque las extorsiones de D'Alessio, la reunión del falso abogado con Stornelli, se habían concretado varias semanas antes en Pinamar y por lo tanto surgirían pruebas de cómo se armaron numerosos expedientes.
La jugarreta de Carrió consistió en usar las escuchas para sostener que la causa en Dolores, que instruye Alejo Ramos Padilla, fue producto de una conspiración. La realidad es que el falso abogado D'Alessio se reunió con Stornelli en enero de 2019, que después de eso extorsionó al empresario Pedro Etchebest, y la secuencia posterior demostró que espiaron y extorsionaron a casi cien personas a través de una banda cuya jefatura estaba en la AFI. Llegaron incluso a espiar al ex marido de la actual pareja de Stornelli, el peruano Jorge Cristian Castañón, y planificaron ponerle droga en una valija. Se probó que el expediente de Dolores no fue un complot sino que develó una cantidad descomunal de delitos por los que hoy están procesados el propio Stornelli, los policías Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, que eran el vínculo con la AFI, el fiscal Juan Ignacio Bidone, que conseguía información para las extorsiones, y hasta el periodista Daniel Santoro, que operó con D'Alessio en varios hechos.
La causa de Dolores se hizo tan fuerte que, al final, Bonadio no se animó a las detenciones que prometían un escándalo. Y lo cierto es que su sucesor, Martínez De Giorgi, terminó este lunes archivando el expediente Puf Puf. Señaló que en la investigación de Alejo Ramos Padilla no hubo conspiración, que el expediente fue confirmado por la Cámara Federal de Mar del Plata y que no afectó la causa de las fotocopias de los cuadernos. Con el archivo, se demuele la acusación de Carrió, Zuvic y Olivetto.
Al pasar, Martínez De Giorgi menciona maniobras vergonzosas que se armaron con las escuchas de Ezeiza. El primero que las usó fue Stornelli, que dijo -en versión poco creíble- que las recibió de manera anónima en un sobre que tiraron por abajo de la puerta de su fiscalía. Por lo tanto, se presentó con un acusación de complot que en verdad era una forma de defenderse por su vínculo con D'Alessio. Se sorteó la denuncia y cayó en el juzgado de Luis Rodríguez, con Jorge Di Lello como fiscal. Era obvio que a Stornelli le iba a ir mal con ese juez y ese fiscal, de manera que enseguida, con las mismas escuchas y en otro sobre anónimo, Zuvic y Olivetto se presentaron en nombre de Carrió para hacer una segunda denuncia. Ahora sí recayó en quienes ellas esperaban: Bonadio. En el expediente que instruyeron Rodríguez-Di Lello, llamaron a todos a declarar y Valdés entregó, por propia iniciativa, su celular para que se investigara. Todo lo contrario sucedió con Santoro, que públicamente dijo que borró todos los mensajes. Sin haber llamado a declarar a nadie, Bonadio preparó las órdenes de detención, pero percibió que ni los fiscales lo iban a acompañar, más todavía con las pruebas que seguían apareciendo en Dolores.
El final llega ahora con Martínez De Giorgi. En una resolución de 28 páginas archivó la causa por inexistencia de delito. A la vez, enterró otro episodio vergonzoso de la historia de Inodoro Py, con la participación de los servicios de inteligencia y el protagonismo de la alianza político-judicial-mediática alineada con el macrifascismo.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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