Junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el presidente encabezó la firma de convenios con las provincias para el plan, que hace un aporte para la autonomía económica de las víctimas de violencia de género. Cuestionó además la falta de implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial y cruzó a la Corte Suprema por no tomar cartas en el asunto.
El presidente Alberto Fernández expresó su “preocupación” por la falta de implementación integral de la Ley Micaela en el Poder Judicial y criticó al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por haber hecho “silencio” frente a la demanda que al respecto le hizo el gobierno nacional.
“Veo con preocupación de que dos de los tres poderes (de la República) han avanzado en implementar esa ley” que busca “generar conciencia de la igualdad de derechos” por la mujer y por la participación equitativa entre los miembros de los géneros en las instituciones del Estado. Pero “esta rémora lamentablemente la tenemos en el Poder Judicial”, cuestionó el mandatario.
“Le hemos pedidos al presidente de la Corte que por favor se ocupe de tratar el tema y solo recibimos silencio”, lamentó y llamó al resto de los integrantes de la Justicia a no “hacerse los distraídos” con ese tema.
Durante la firma con cuatro provincias del programa Acompañar, que impulsa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el jefe de Estado remarcó la importancia de que los jueces se instruyan en esa ley “porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios” de casos de violencia de género.
“Sin en el siglo XXI no entienden” la importancia de esa norma “y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un verdadero problema”, dijo y remarcó que al respecto “no hay ninguna posibilidad de hacerse los distraídos” frente a la desigualdad. De la misma manera, insistió en que tampoco es posible permitir que “esa desigualdad se manifieste en gestos de humillación y de violencia” y sentenció que “nadie tolera que una mujer muera por el hecho de ser mujer pero que tampoco padezca violencia, infamia, difamación y maltrato psicológico por el solo hecho de ser mujer”.
La ley establece la formación y capacitación obligatoria anual en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública y de todos los poderes del Estado, sin importar jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
Los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. El incumplimiento de la capacitación es pasible de ser considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
Alberto también consideró que el drama de la violencia machista tiene dos vías con principios de solución. Uno de ellos es “la prevención”, que en parte se solucionaría con la aplicación de la Ley Micaela. Y la otra es “ocuparnos del victimario”, y “para esto, la Justicia tiene que hacer la parte que le corresponde”.
Por otra parte, el presidente recordó aquella confusión o lapsus que tuvo en su discurso del día de su asunción, en Plaza de Mayo, cuando quiso decir “vamos a volver para ser mejores” y dijo “vamos a volver para ser mujeres”.
“Eso fue anticipo de lo que teníamos que hacer: ponernos en lugar de las mujeres”, recalcó. Luego ponderó las políticas que pone en marcha la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta y destacó que una sociedad más justa “se construye si todos los días inyectamos igualdad y nos obligamos a dar derechos a los que hoy carecen de esos derechos”.
“Volvimos para ser mejores y volvimos para ponernos en el lugar de la mujer. Volvimos para ser mujeres y entender lo que le pasa a las mujeres”, concluyó.
El jefe de Estado encabezó junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, la firma de convenios con distintas provincias para adherir al Programa Acompañar, que hace un aporte para la autonomía económica de las víctimas de violencia de género y que forma parte del plan nacional que esa cartera puso en marcha para el período 2020-2022.
Participaron también Fernanda Raverta, titular de la ANSeS, el organismo que encargado del parte del financiamiento del programa. Los mandatarios provinciales que firmaron fueron la gobernadora Arabela Carreras, de Río Negro, y los gobernadores Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires; Jorge Capitanich, de Chaco; y Omar Perotti, de Santa Fe.
Los detalles del Programa Acompañar
El Programa Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022, que "se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias" y contempla "impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo".
Será implementado en articulación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y a través de convenios que se firmarán con las provincias y los municipios, quienes se constituirán en Unidades de Acompañamiento.
El Programa está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo, y que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias.
Las acciones que comprende el programa son un apoyo económico, equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por un período de seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo; y un acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial, de forma coordinada con los gobiernos provinciales y locales.
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