Apenas conocido el estado de cesación de pagos, varios directivos de la empresa "comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus respectivos patrimonios".
El Gobierno de Santa Fe, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia, aportó a la Justicia una información clave para la causa Vicentin: dio a conocer maniobras de vaciamiento patrimonial a través de donaciones y venta de activos de un grupo de accionistas y directores de la empresa, llevadas adelante apenas conocido el estado de cesación de pagos y la apertura del concurso preventivo, a principios de este año.
La denuncia da a conocer varios trámites iniciados en el Registro General de la Propiedad del Gobierno de Santa Fe que dan cuenta de que, apenas declarado el estado de cesación de pagos, integrantes del directorio, entre los cuales se encuentran Daniel Buyatti (presidente), Roberto Vicentin (director titular), Martín Colombo (director titular) y Bettina Padoan (directora suplente), “comenzaron con febriles movimientos tendientes a la disminución de sus patrimonios personales”, según expresa María Victoria Stratta, la Inspectora General de Personas Jurídicas.
Durante febrero del 2020, el presidente del directorio de Vicentin inició los trámites para dos certificados de donación, uno de los cuales fue al día siguiente de solicitar la apertura del concurso. Roberto Vicentin, por su parte, realizó siete trámites entre enero y mayo: entre ellos, certificados de desafectación de bien de familia y venta. Martín Colombo efectuó una donación el 27 de enero y un certificado para venta el 14 de febrero. En el informe elaborado por la IGJP asocian estos mecanismos como una maniobra de vaciamiento patrimonial utilizada por los directivos de la empresa, para no tener que solventar con esos bienes “en caso de que tuvieran que dar respuesta ante demandas judiciales”.
La jugada se conoció por una nota dirigida al juez que lleva adelante el concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, en respuesta a la resolución emitida durante el mediodía del viernes en la que reasignó las facultades al antiguo directorio de la empresa, a la vez que degradó a los interventores propuestos por el Gobierno nacional al título de veedores.
“Devuelve la administración a quienes demostraron no estar a la altura de las circunstancias, conduciendo a la empresa a esta situación, ocultando información sobre la conformación del grupo empresario, dándoles tiempo para continuar con el vaciamiento de sus patrimonios personales”, sentencia la nota emitida por el organismo provincial.
“Hago notar que se está agregando información a la contenida en un escrito presentado hace apenas un día hábil. Es que continuamente aparecen datos que corroboran lo allí manifestado e incrementan la gravedad en el proceder de los integrantes del directorio”, afirmó Stratta.
La inspectora había presentado una nota casi en simultáneo a la resolución de Lorenzini del viernes, en la que nombraba algunas de las causas que se investigan por graves delitos denunciados tanto por tribunales del país como extranjeros, entre ellos el caso Renova. Estos nuevos datos son específicamente relevantes dado su carácter técnico: son brindados por la IGPJ, una subsecretaría que cuenta con atribuciones para solicitar la intervención judicial en las sociedades cuando hay sospecha de fraude, entre otros casos.
La nota contiene además varias críticas con respecto al accionar de Lorenzini. “La resolución 169 es un conjunto de contradicciones; confunde conceptos jurídicos y contiene valoraciones infundadas”, sosiene y agrega “que no está a la altura de las circunstancias”.
Entre los diversos argumentos que se pueden leer en el escrito, la inspectora se detiene en el tema de los plazos. Al respecto, cuestiona la rapidez con que el juez resolvió la demanda de la empresa: “Demoró más la promotora en formular el planteo, que el juez en resolverlo”. El fallo emitido el viernes por el juez viene a cuenta de una demanda que la empresa ingresó el miércoles anterior. Teniendo que cuenta que el DNU emitido por el Ejecutivo había sido el 9 de junio, la empresa se tomó siete días en responder, al tiempo que el juez lo resolvió en apenas tres.
Dicho esto, queda en manos de Lorenzini resolver si hace o no lugar al pedido de la IGPJ, que solicitó la conformación de una intervención asignando como presidente a Roberto Gabriel Delgado y vocal a Luciano Zarich, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional, y proponiendo como vicepresidente al funcionario provincial Alejandro Alberto Bento. En caso de aceptarlo, significaría para el juez desdecirse de todo lo expresado en el fallo del viernes.
En el caso de que el juez rechace esta petición, será función del Gobierno de la provincia de Santa Fe elegir qué camino tomar para lograr el objetivo que planteó Alberto Fernández. El presidente ya advirtió que sigue en la búsqueda del consenso: “Sigo buscando una solución acordada, los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero, un sector muy importante, que ha sufrido un proceso de concentración muy grande en los últimos años, una empresa que nos permita ver cómo funciona ese mercado y cómo se desarrolla”. Para eso, señaló, “no podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa, porque son los causantes del problema”.
Por Natalí Risso para Página/12
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