Sánchez Zinny fue condenado el año pasado por secuestros y asesinatos cometidos durante la última dictadura en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes. El Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires lo autorizó a realizar paseos con su hijo. Familiares de víctimas y sobrevivientes repudiaron la decisión y señalaron que están “aterrorizados”.
Martín Sánchez Zinny sale a caminar todos los fines de semana por la zona del Hipódromo de San Isidro. A pesar de que el represor del Regimiento de Infantería 6 de Mercedes fue condenado a prisión perpetua por secuestrar y asesinar gente durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires le habilitó el beneficio. Se supone que lo hace para “acompañar” a su hijo “diagnosticado con trastorno del espectro autista”, justificaron la decisión de la que familiares de víctimas y personas que testimoniaron en contra del ex carapintada supieron hace poco. Están “aterrorizados”: “Hablamos de un asesino, ¿por qué no voy a sospechar que en una de esas caminatas no va a venir a matarme?”, se preguntó Bárbara García, una de ellas.
Bárbara y Camilo García son parte de los querellantes que llevaron a juicio a Sánchez Zinny. Durante el proceso en su contra –que además sentó en el banquillo a otros cinco miembros del RIM 6 de Mercedes– lo señalaron como uno de los integrantes de la patota que irrumpió en la casa en la que vivían con su mamá, Rocío Ángela Martínez Borbolla y su compañero, y los secuestró. En el juicio, Bárbara y Camilo relataron los recuerdos que tenían del represor, aquel 13 de junio de 1976, a cargo entonces de la Sección Tiro de la Compañía C del RI6, quien les apuntó con un fusil y los amenazó de muerte. Entonces tenían 9 y 4 años, respectivamente.
Sánchez Zinny finalmente fue condenado a prisión perpetua, junto a otros dos acusados: Emilio Morello y Horacio Linari. Entonces, el TOF integrado por los jueces Javier Ríos, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu no solo confirmó su responsabilidad en el secuestro de Martínez Borbolla, sino también en otro operativo que tuvo como objetivo una imprenta del PRT-ERP en la localidad bonaerense de San Andrés, en el que también hubo secuestros y fue asesinado un militante, Roberto Arancibia.
Durante el debate oral y público y después, ya con su condena a prisión perpetua, Sánchez Zinny fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Su octavo hijo, ya adulto, y su diagnóstico vinculado con discapacidades del desarrollo, le sirvieron de excusa: el hombre está a su cargo, a pesar de que tiene otros siete hermanos adultos y su mamá, que rompió vínculos maritales con el represor hace varios años. En plena pandemia, Sánchez Zinny había solicitado permiso para realizar “salidas diarias, de dos horas y media de duración, fuera de su domicilio” con el objetivo de suplir algunos tratamientos que “Nicolás”, el hijo en cuestión, había perdido por la cuarentena por Covid.
Hasta un mes después del veredicto condenatorio, en agosto pasado, el represor del RIM 6 de Mercedes gozó de los permisos otorgados en pandemia: salidas de lunes a viernes de dos horas y los fines de semana, de dos horas y media cada día. Y lo hizo sin monitoreo alguno, porque hasta fines de agosto no contó con pulsera electrónica que controlara sus movimientos. En septiembre pasado, solicitó que los permisos continuaran. La Fiscalía, a cargo de Ángeles Ramos, Pablo Llonto, abogado representante de les hermanes García, exigió al TOF que fijara una audiencia con les querellantes “a fin de exponer sus preocupaciones y riesgos personales que derivarían de la situación actual de alguno de los imputados de esta causa”.
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu habilitaron el beneficio a Sánchez Zinny aunque lo limitaron a dos horas y media diaria durante los fines de semana. Anularon, en tanto, las caminatas de lunes a viernes. En cuanto al pedido de Llonto, tan solo determinaron que lo tendrían “presente”, pero nada más.
“Es una locura”, definió García en diálogo con este diario, aún sin poder procesar la noticia. “Si se repasa aquel juicio y se hace foco en el día del veredicto, se van a poder hallar los argumentos que me permiten a mí temer con fundamentos por el beneficio que el tribunal le otorgó a esta persona. Sánchez Zinny dijo aquel día que todo lo que le pasó era por culpa mía, porque había quedado viva”, recordó.
Sostuvo además, que “no” es la “única” que se siente amenazada “con este asesino suelto, caminando por la calle”, en alusión a testigos que participaron del debate y que “saben lo dañino y peligroso que es” el represor condenado y beneficiado. “Estamos desprotegidos por completo”, señaló.
Por último insistió en que el TOF “nos debe una audiencia. Sánchez Zinny no solo no tiene que estar con permiso para caminar por la calle. ni siquiera tiene que estar cumpliendo condena en su casa. Debe estar en una cárcel común”, concluyó.
Por Ailín Bullentini para Página/12
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