Por primera vez en siete años se transmitió en vivo el sorteo para designar al nuevo director de la DAJuDeCO, la oficina que se encarga de las interceptaciones teléfonicas. El organismo será conducido por el camarista platense Roberto Lemos Arias.
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| El edificio donde se realizan las captaciones teléfonicas, en Av. de los Incas al 3800 |
Siete años atrás, la abyecta Corte Suprema se hizo cargo de la oficina de escuchas –o captaciones telefónicas– por decisión de Miauricio Macri en su afán de recortar de poder a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Los primeros años del organismo estuvieron marcados por el predominio del entonces presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, también progenitor de la “doctrina” que permitió encarcelar sin condena firme a los funcionarios kirchneristas. Pasó mucho tiempo, y sobre todo un proceso de juicio político que están atravesando los cuatro integrantes del máximo tribunal, para que los supremos hicieran su aporte a la transparencia: por primera vez se llevó a cabo un sorteo público para designar a los jueces penales que estarán a cargo de la llamada Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) del Poder Judicial. Los afortunados fueron el presidente de la Cámara Federal de La Plata, Roberto Lemos Arias, y Ana Silvia Guzzardi, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 17 de la ciudad de Buenos Aires.
El edificio desde donde se hacen las captaciones telefónicas está ubicado en Avenida de Los Incas al 3800. Tiene siete pisos y, en los últimos años, fue una de las joyas de la corona. Hasta principios de 2015 estuvo a cargo de la Secretaría de Inteligencia (SI). Por impulso de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las escuchas pasaron a la Procuración a finales de su segundo gobierno. La movida tenía lógica: se avanzaba en la implementación del sistema acusatorio que ponía a los fiscales a dirigir las investigaciones judiciales. Gils Carbó dejó el manejo de las interceptaciones en manos de la fiscal Cristina Caamaño, a quien le reconocía una especial cualidad –su capacidad para transitar un territorio minado–. Durante los meses que la Procuración estuvo al frente, nunca se produjo una filtración.
El proceso quedó trunco con la llegada de Macri al gobierno. Como regalo de Navidad a la Corte, el ex hijastro de Flavia Palmiero firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256 por el que la oficina pasaba a estar a su cargo. Los supremos recién desembarcaron en Los Incas a mediados de febrero de 2016. Antes de que se hiciera el sorteo para designar director general a Irurzun, el pasquín derechoso La Nación anticipó que la Corte evaluaba dejar las escuchas en manos de la Cámara Federal porteña mientras que Perfil directamente publicó que Irurzun quedaría al frente. El fiscal Federico Delgado investigó el cuestionado método de selección, pero quedó como uno de los tantos misterios que atraviesan al Poder Judicial.
Como era evidente que el régimen de Macri estaba cómodo con la dirección general de Irurzun, en 2017 emitió un decreto que le permitía, por única vez, prorrogar por tres años su mandato. Después de ese plazo, la DAJuDeCO quedaría en manos de Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara de Comodoro Rivadavia y titular de la Junta de Cámaras. El mandato de Leal de Ibarra comenzó en 2020 y terminó el pasado 14 de febrero sin mayores contratiempos.
Acechados por los chats que se conocieron entre la mano derecha de Horacio Rosatti, Silvio Robles, y Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, los cortesanos buscaron darse un baño de transparencia y ordenaron que se practicara un sorteo público. Todo el mecanismo quedó en manos del secretario más antiguo del tribunal, Damián Font, junto con el titular de la Secretaría Penal, Fernando Arnedo, y el secretario general de Administración de la Corte, Héctor Daniel Marchi. El sorteo fue el viernes e incluso se transmitió por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Poco más de una semana antes, el 2 de marzo, la Corte difundió la resolución 258, por la que decidió invertir la suma de 410.770,80 pesos en adquirir un bolillero a la empresa Gold Link. No está claro si lo estrenaron para el sorteo que involucró a 256 jueces y juezas de Cámara y tribunal oral del país. “No se lo veía tan nuevo”, comentó uno de los asistentes al acto en la Corte Suprema.
La bolilla agraciada fue la 136, la de Lemos Arias. “A ver si lo puede captar la cámara”, pidió Arnedo, que era el encargado de accionar el bolillero. Después de algunos intentos, salió Guzzardi.
Lemos Arias preside la Cámara Federal de La Plata y suele cultivar el bajo perfil. Integra la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados, que es la más progresista y de mayor afinidad con el gobierno nacional. Uno de los casos de mayor impacto que tuvo Lemos Arias fue el del espionaje macrista: confirmó el procesamiento de Gustavo Arribas en la causa del Instituto Patria y, en el expediente de los Súper Mario Bros, decidió apartar al juez de Lomas de Zamora Federico Villena. Guzzardi, por su parte, llegó al TOC 17 durante la gestión de Alberto Fernández. Antes había sido secretaria en un tribunal oral federal de La Plata.
Todo indica que Lemos Arias aceptará hacerse cargo de la DAJuDeCO, pero, en caso de que no lo hiciera ya se sortearon los suplentes. El camarista tiene vínculo con el director ejecutivo del organismo, Juan Tomás Rodríguez Ponte, que se ocupa del día a día de la oficina de escuchas. Los dos coincidieron en el Comité para la prevención y la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva –que se creó en 2019 bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La DAJuDeCO ya no está en el ojo de la tormenta como supo estarlo en la época del festival de filtraciones de audios, particularmente de comunicaciones entre CFK y Oscar Parrilli –a quien la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Arribas se las ingenió para armarle precausas y, de esa forma, tener pinchado su teléfono para acceder a las comunicaciones que mantenía con la expresidenta–. El festival de filtraciones es una de las causales de juicio político que enfrentan los supremos en la Comisión de Juicio Político. La Coalición Cívica particularmente le apunta a Ricardo Lorenzetti por la acumulación de poder que supo construir la DAJuDeCO.
Semanas atrás, se discutió en la comisión que preside Carolina Gaillard si correspondía pedirle a la DAJuDeCO directamente los cruces de llamadas entre los cuatro cortesanos, Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, pero se acordó hacer el requerimiento a través de un juez –con todas las dificultades que eso trae aparejado porque la corporación judicial ya mostró que está dispuesta a defender a la Corte–. Por el momento, esa medida quedó en stand-by.
Fuente: nota de Luciana Bertoia para Página/12
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