La medida fue confirmada por el Ministerio de Educación porteño. Desde la comunidad educativa denuncian que la directora del establecimiento firmó el acta bajo presión y que "fue amenazada" con su patrimonio. ¿La instalación viola la intimidad de las y los menores?
Desde hace varios años, la abyecta gestión PRO en la ciudad de Buenos Aires pretende avanzar con la instalación de cámaras en diferentes edificios de escuelas porteñas. La intentona no nació durante las últimas dos administraciones del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larrata, sino desde el segundo mandato de Miauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño. En más de dos ocasiones (2011 y 2017), la justicia local tuvo que intervenir para frenar la puesta de dispositivos de filmación continua dentro de instituciones educativas públicas, para evitar la violación del derecho a intimidad de niñas, niños y adolescentes consagrada en la Constitución Nacional.
Macri quiso llevar adelante la instalación de cámaras en más de 90 escuelas y Larreta recogió el guante e intentó hacer lo propio en varios edificios escolares, tras las tomas estudiantiles del 2017. En esta ocasión, trabajadores y trabajadoras de la educación de la escuela pública Técnica Hicken denuncian que es inminente que la cartera educativa instale cámaras dentro de tres aulas de este edificio, que se encuentra en pleno corazón de Palermo.
Todo comenzó como un rumor de radio pasillo, pero con el correr de los días pudieron confirmar que el ministerio de Educación porteño, al mando de Soledad Acuña, iba a avanzar con la instalación de dispositivos de filmación continua en el interior de varias aulas de la escuela Hicken, que se encuentra el Jardín Botánico de la Ciudad, a pasos del Parque 3 de Febrero y del Jardín Japonés.
“La directora nos confirmó que el 28 de diciembre del año pasado, último día de trabajo administrativo escolar, vinieron representantes de la supervisión escolar del distrito y la obligaron a firmar un acta, donde ella, como máxima autoridad de la escuela, aceptaba poner tres cámaras dentro de tres aulas”, cuenta Julio, nombre ficticio que determinó el trabajador para ocultar su identidad por temor a posibles represalias. La justificación planteada por la supervisión para llevar adelante la puesta en marcha de los dispositivos fue que las cámaras apuntarían solamente a los carros de las computadoras y que iban a encenderse solo durante la noche.
Las y los docentes increparon a la directora de la institución por haber firmado el acta y le cuestionaron por qué llevo adelante la rúbrica del documento. Argumentó que prácticamente no le dieron opción y que aprovecharon el último día de trabajo, mientras la escuela cerraba, para obligarla a poner su firma, bajo el argumento de que en esas aulas no hay rejas en las ventanas y que las cámaras no iban a prenderse de día durante la cursada. Además, le dijeron que si no firmaba, iba a hacerse cargo con su patrimonio si llegara a faltar cualquier dispositivo informático. En concreto: ante esa amenaza, la directora decidió poner su firma.
Previo a la firma, propuso una alternativa viable: que los carros con las computadoras sean trasladados al pasillo central del colegio, que es amplio, y que las cámaras, en todo caso, se instalen en ese lugar, pero no dentro de las aulas. La respuesta de la supervisión fue que eso no iba a ser posible porque durante el día circulan estudiantes por el pasillo. Sin darse cuenta, los representantes de la supervisión escolar reconocieron que las cámaras no iban a encenderse exclusivamente durante la noche.
“Pese a la ilegalidad de la instalación de esos dispositivos de control, el solo hecho de sugerir la puesta a punto de los mismos insinúa que quienes trabajamos dentro de la escuela somos los que podríamos llegar a robar las computadoras”, advierte otro docente a este medio. A raíz de esta situación, surgen varias preguntas: si son las únicas aulas que no tienen rejas en las ventanas, ¿por qué no las colocan? ¿Sabe el gobierno porteño que con estas cámaras viola el derecho a la intimidad de los jóvenes y adolescentes que allí estudian? ¿Qué se esconde realmente detrás de la instalación de estas cámaras?
Las preguntas están, pero las respuestas no aparecen. La cartera educativa que conduce la ministra Acuña confirmó la noticia. La instalación de esas cámaras -dijeron desde el Ministerio- se da respecto a “los espacios seguros que estamos instalando para guardar los materiales de valor como las computadoras”.
Los intentos fallidos en la instalación de cámaras
En agosto de 2011, la Justicia porteña suspendió la instalación de cámaras de seguridad en escuelas de la Ciudad, tras una medida que le impidió al gobierno de Mauricio Macri avanzar con la iniciativa de colocar los dispositivos en 90 establecimientos escolares, tanto jardines de infantes, primarias como secundarias. La decisión fue tomada por la jueza Elena Liberatori, al hacer lugar a un recurso de amparo que iniciaron algunos padres para evitar que sus hijos queden registrados por videocámaras en esas instituciones educativas.
El fallo –que alcanza a las escuelas a las que asisten hijas de los querellantes– advirtió que existe “un conflicto de derechos o intereses” donde “por un lado, se encuentra el legítimo interés del Estado local en la protección de sus bienes y edificios, pero, por el otro, entra en juego el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional”, y que “no debe perderse de vista que lo que aquí se encuentra en juego es el derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a escuelas públicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó en su fallo la jueza.
En noviembre de 2017, durante la primera gestión de Rodríguez Larrata como jefe de gobierno, la ministra Soledad Acuña iba a instalar cámaras en varias escuelas que habían sido tomadas por estudiantes. Fue la propia Elena Liberatori que, una vez más, prohibió la instalación de esos dispositivos de vigilancia al considerar, nuevamente, que se viola el derecho a intimidad de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Para dictar la medida, la jueza tuvo en cuenta que no está claro en el "Protocolo del servicio de vigilancia y seguridad electrónica en establecimientos educativos", dónde irían ubicadas las cámaras de vigilancia, ya que por un lado dice en la periferia de los establecimientos y luego infiere que se ubicarán en el interior del mismo. Tampoco estaba claro en ese protocolo de funcionamiento de dichas cámaras, los horarios en que funcionarían y si es o no en horario escolar.
"El marco normativo que rige actualmente al servicio en cuestión permite la filmación en todo momento y en todo lugar dentro de los establecimientos educativos. El medio elegido aparece prima facie como desproporcionado respecto de la finalidad perseguida", sostuvo la jueza.
Fuente: nota de Martín Suárez para Tiempo Argentino
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